Diputados apresuran proyecto de moratorias a impuestos municipales luego de presión de alcaldes

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 46 votos a favor y uno en contra, dispensar de todo trámite un proyecto de ley que permitiría moratorias en “prácticamente todos” los impuestos municipales.

Afuera del Auditorio Nacional, donde sesionan los diputados debido al Covid-19, un grupo de alcaldes esperaba los resultados de la votación, haciendo presión para acelerar el trámite de este proyecto.

Este proyecto fue criticado por la Contraloría General de la República hace unos días, ya que permite a los gobiernos locales realizar compras públicas sin su aprobación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

La iniciativa, presentada el 13 de abril por la diputada María José Corrales, busca reducir el impacto económico de la actual emergencia del Covid-19, según indica el documento.

Este proyecto permitiría a los contribuyentes una moratoria de “prácticamente todos” los impuestos municipales, según explicó a AmeliaRueda.com el jefe de Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Carlos Rodríguez.

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“Vamos a tener la autorización de que las municipalidades apliquen una moratoria para todos los contribuyentes de prácticamente todas las obligaciones municipales”, explicó Rodríguez.

Al dispensarlo de todo trámite, este proyecto no tendría que pasar por comisiones legislativas, sino que pasaría directamente al plenario, donde se le propondrán cambios y se votará de un solo.

Alcaldes presionan

Pero el proyecto también le da flexibilidad financiera a las municipalidades, para impedir que sus finanzas se vean afectadas por la moratoria de impuestos. Esto les permitiría prescindir de ciertos pagos obligatorios y utilizar superávit, por ejemplo.

Por esto, un grupo de alcaldes —entre ellos el alcalde de San José, Johnny Araya— realizó presión para la aprobación pronta de este proyecto. Según ellos, los servicios municipales se verían afectados si no se aprueba.

“En el caso específico de la Municipalidad de San José, de no aprobarse el proyecto de ley, nos veríamos obligados a iniciar una reducción de la planilla en los próximos meses. Estimamos que en el mes de julio, tendríamos que prescindir de al menos 300 trabajadores de las áreas operativas”, dijo Araya, a través de sus redes sociales.

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Pero la Contraloría había criticado previamente este proyecto en un pronunciamiento, en el cual indica que el proyecto afectaría la transparencia en el uso de recursos y permitiría a las municipalidades realizar compras públicas sin su aprobación.

“La flexibilización absoluta de los mecanismos de compra tal cual se pretende en la propuesta del proyecto de ley, no es viable, sino que se debe hacer en los términos exclusivos que determine el Poder Ejecutivo para atender la emergencia”, dice el pronunciamiento.

El órgano contralor también criticó que el proyecto exime a las municipalidades de cumplir con la regla fiscal, “sin definir condiciones asociadas a la emergencia en términos de temporalidad”.

El proyecto

Cada municipalidad tendría que sustentar la moratoria con un estudio técnico, ya que “probablemente no es real que una municipalidad podría aplicar una moratoria a todos los impuestos municipales al mismo tiempo”.

Algunos de los impuestos a los que se les podría aplicar una moratoria serían el pago de patentes comerciales, tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos municipales y cánones por concesión. Esto aplicaría por un plazo de 9 meses desde el 16 de marzo.

Este proyecto le permitiría a las municipalidades utilizar superávit y suspender ciertos pagos obligatorios al sector público para no tener que subir tarifas, según explicó el representante de gobiernos locales.

El proyecto, por ejemplo, autorizaría a las municipalidades no efectuar el pago de 1% y 3% de lo recaudado por bienes inmuebles al Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda y al Registro Nacional respectivamente.