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Absuelven al exdiputado Abelino Esquivel por pedir liberación de pastor detenido

La fiscalía pedía 4 años de cárcel y 4 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos

Kristin Hidalgo

16/12/21 | 13:50pm

El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública absolvió por unanimidad al exdiputado (2014-2018) del Partido Renovación Costarricense, Abelino Esquivel, a quién se le acusaba por el delito de tráfico de influencias por pedir la liberación de un pastor evangélico detenido por delitos sexuales de apellidos Barquero Benavides.

La fiscalía pedía 4 años de cárcel y 4 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, sin embargo, ambas peticiones fueron rechazadas.

El caso se dio en el mes de marzo del 2018, cuando Esquivel solicitó una reunión con el entonces ministro de Justicia, Marco Feoli, para gestionar la ayuda.

El día de la reunión, Feoli tuvo un imprevisto y tuvo que salir de su oficina, por lo que Esquivel fue recibido por el director de despacho del ministro, Roberto Morales.

El exdiputado asistió a la reunión con su asesor Carlos Beans y su "conocida", esposa del pastor detenido, Lillyam Jiménez Fernández.

Lea: Testigo: exdiputado le ayudó a sacar cita con ministro para buscar beneficio para esposo preso

Pese a que Esquivel aseguró que él sólo pidió asesoría, el director de despacho de Feoli declaró que no fue así y que él exdiputado pidió que se le resolvieran y hasta se molestó durante la reunión al ver que no lo iban a ayudar.

La reunión y solicitud de la misma fue confirmada por Esquivel y todos los involucrados, incluso, este jueves se recibió el testimonio de la esposa del entonces detenido, quién confirmó que el exdiputado le ayudó a buscar la reunión y explicó que la intención era buscar un beneficio para su pareja: "el brazalete electrónico" o algún otro beneficio, dijo.

Al exfuncionario público se le acusó en el expediente 18-00067-033-PE "por presuntamente haber influido en un funcionario del Ministerio de Justicia y Paz para que otorgara un beneficio carcelario a favor de una persona privada de libertad que estaba recluido en el CAI Cartago (fue liberado en 2020).

Esta denuncia por el supuesto delito de tráfico de influencias la presentó el mismo exministro de Justicia.

Argumento

Los jueces Yogebert Mejías Sosa, Yorleny Campos Campos y Sergio Quesada Carranza determinaron, por unanimidad, la absolutoria de el exdiputado al indicar que pese a que Esquivel solicitó la reunión y asistió a ella, no se cumplen todas las características establecidas en el delito de tráfico de influencias, ya que "no se configuró delito alguno" y que la reunión no generó ninguna influencia o presión.

El por tanto del expediente judicial se dio a conocer la tarde de este jueves y el fallo completo se leerá el próximo 3 de enero del 2022.

"No podemos hablar de que haya habido esa influencia, que es lo que se requiere.

"Usted no tenía ninguna relación jerárquica o personal como para comprometer a don Roberto (director de despacho de Feoli)", explicó el juez Quesada Carranza al agregar que la acción realizada por el exlegislador (pedir reunión para solicitar un beneficio carcelario para un "conocido") "no encuadra en ningún delito" por carecer de diversos elementos fundamentales.

Durante el juicio, la esposa del entonces privado de libertad, quien es pastor evangélico, reconoció que tenía cercanía con Esquivel debido a que coincidían en la iglesia y en diversas actividades, como cursos de lectura bíblica: "todos somos cristianos", indicó. Por esa razón fue que lo buscó para solicitar ayuda e interceder por su pareja.

"En este caso es más que claro que aquí no se configuró delito alguno, si quedó claro la reunión que estuvieron tuvieron, pero, una cosa es el delito de tráfico de influencias que debe quedar plenamente acreditado que usted influyó en un servidor público, eso como lo hizo ver la Fiscalía y la Procuraduría es algo muy grave y tienen que darse varios elementos para que podamos decir que efectivamente una pero influyó en otra, eso es muy serio, no es simplemente si usted llegó y habló con una persona o si usted llegó y solicitó algo a una persona", dijo el juez al explicar que quedó comprobado que la solicitud realizada no generó ningún beneficio para el exdiputado, ya que durante la reunión que organizó sólo se les indicó cuáles eran los pasos a seguir para buscar un beneficio carcelario para el "conocido".

En el argumento del Tribunal se hizo referencia a que el exministro de Justicia dijo que era normal que los diputados solicitaron reuniones para hablar de diversos temas y por esa razón la cita pactada con Esquivel no era mal vista.

La decisión del Tribunal incluyó levantar cualquier tipo de medida cautelar impuesta y declarar sin lugar la acción civil resarcitoria solicitada por la Procuraduría General de la República, entidad que solicitaba el pago de ¢5 millones por el daño social ocasionado.


Agradecido

Tras conocer su absolutoria, el exdiputado Abelino Esquivel, dijo estar agradecido con Dios y con el sistema judicial por el resultado del proceso.

Esquivel indicó que durante su gestión como legislador solicitó diversas reuniones para ayudar a las personas y que en todas asistió como apoyo al ciudadano.

"Como diputado en ese momento, lo que hice fue sacar una cita, acompañar a la señora que quería una asesoría, así se hizo y no había nada ilegal en ese acto.

"Era muy común sacar audiencias para diferentes necesidades de grupos o ciudadanos en el país, especialmente ciudadanos de las zonas alejadas que tienen muchos temas que quieren consultar en diferentes instituciones y, una costumbre que yo utilizaba, era que si sacaba la cita por un ciudadano, no importa que trajera las botas embarrialadas, yo lo acompañaba para que de esa manera se generara un respeto a ese ciudadano y que sea escuchado. En ese sentido la acción de ir a acompañar a la señora era generarle esa confianza y a la misma vez devolverle esa confianza al ciudadano de que sí se pueden abrir los procedimientos", manifestó el exdiputado al evitar referirse al proceso judicial que aún tiene pendiente de juicio para el 2022 por el cobro de contribuciones ilegales a asesores durante su gestión en la Asamblea Legislativa.

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