Deuda de Costa Rica alcanzaría un 74,5% del PIB en 2024, según proyecciones "positivas" de Hacienda

La deuda pública de Costa Rica crecerá y alcanzará al menos un 74,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos cuatro años, según las estimaciones más favorables que maneja el Ministerio de Hacienda.

La suma implicaría un crecimiento de 15 puntos porcentuales en relación con los números de 2019, cuando el acumulado alcanzó un 58,5% de la producción.

La situación se explica por el impacto de la crisis producida por la pandemia del Covid-19, que provocará la mayor contracción de la economía costarricense desde la crisis de los años ochenta, según las proyecciones del Banco Central.

De concretarse estas condiciones, el país tendría que aplicar las normas más restrictivas de su regla fiscal en los próximos años, incluida la suspensión de los aumentos salariales del sector público y la restricción en los gastos de infraestructura, por tiempo indefinido.

Asimismo, implicaría mayores necesidades de financiamiento para el país; por ende, mayores presiones sobre las tasas de interés y una menor disponibilidad de recursos en el mercado interno.

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Los números los facilitó Hacienda ante la consulta de AmeliaRueda.com, y se utilizaron como referencia en la exposición de motivos del proyecto de ley 22.018, para la aprobación legislativa del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) por $509 millones negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según explicó la cartera en ese proyecto, la contracción prevista "tendrá un efecto negativo relevante en la recaudación y, por tanto, un aumento en el déficit, no sólo por la caída en los ingresos sino también por el incremento en los gastos para protección social".

Las proyecciones de la cartera dan todas por un hecho la aprobación del paquete de créditos internacionales por $2.533 millones que impulsa el Ejecutivo con organismos multilaterales, para reducir el peso de la deuda pública en cuanto al pago de intereses.

Asimismo, da por sentada la aprobación de un paquete de financiamiento a través de eurobonos a partir de 2021, primero con $1.500 millones en ese año y luego con $1.000 millones en los posteriores.

También supone ingresos por $350 millones y $850 millones provenientes de organismos internacionales, en 2021 y 2022, cuando Hacienda espera las mayores necesidades de financiamiento.

El mayor salto de la deuda está previsto para este mismo 2020, pues Hacienda proyecta un acumulado del 67,9% del PIB si se cumplen los mejores pronósticos. Es decir, estima un crecimiento de 9,4 puntos en relación con 2019.

El crecimiento también sería pronunciado para 2021, cuando alcanzaría el 74% del PIB, en el mejor de los escenarios, y luego se estabilizaría.

En los peores escenarios posibles, Hacienda estima que el acumulado de la deuda pública incluso podría llegar a niveles cercanos al 80% de la producción en 2024. Esto ocurría si el país no logra reducir los niveles de su déficit primario; es decir, si no logra estabilizar la relación entre sus gastos y sus ingresos, sin contar el propio repago de la deuda.

Mitigar el impacto del Covid-19

La situación de las finanzas costarricenses ya era preocupante desde antes de la pandemia, aunque el país apuntaba a reducir significativamente su déficit primario, a partir de la implementación de la reforma fiscal. No obstante, la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 implicó un fuerte golpe para las finanzas estatales.

De hecho, Hacienda señaló que prevé una caída de al menos ¢975.000 millones en sus ingresos para el año 2020, hecho que —junto con los gastos extraordinarios para atender la emergencia—aumentó las necesidades de financiamiento nacionales en un 1,9% del PIB este 2020.

Asimismo, la cartera de Hacienda estima que tendrá nuevos gastos por al menos otro 0,7% del PIB para atender la pandemia: unos ¢225.000 millones en el pago de subsidios y ¢33.000 millones en transferencias a la Caja Costarricense del Seguro Social. No obstante, esta previsión aumentaría por partidas que, seguramente, crecerán en los próximos meses

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Con estas expectativas, el balance primario que estima Hacienda para 2020 pasó de un -1,33% del PIB, antes de la pandemia, a un 3,41% en la mejor de las estimaciones posible. El déficit total, de un 6,2% a un 10%.

La caída estimada en materia de ingresos representa un 3,1% del PIB y los nuevos gastos implicarían un 0,7% del PIB adicional; sin embargo, el Ejecutivo espera paliar parte de ese golpe con una serie de proyectos legislativos que permitirían reducir la cifra a un 8,6% de la producción al finalizar el año.

Aún así, el déficit crecería en 1,6 puntos porcentuales en la comparación con 2019.

Los proyectos

Los proyectos impulsados por Hacienda para mitigar parcialmente el impacto de la pandemia son una serie de medidas que incluyen recortes presupuestarios, proyectos para acceder a recursos ociosos de instituciones y créditos internacionales para atender las obligaciones estatales con tasas menos altas y plazos más extensos de pago.

La mayoría de las medidas dependen de aprobaciones legislativas y algunas ya se concretaron, como un primer recorte presupuestario por ¢74.000 millones, una ley para fijar el precio de los combustibles y acceder a unos ¢28.000 millones, y un permiso para acceder a ¢75.000 millones del Instituto Nacional de Seguros (INS). También se han aprobado varios créditos internacionales con el Banco Interamricano de Desarrollo (BID), la Alianza Francesa de Desarrollo (AFD) y la Corporación Andina de Fomento.

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No obstante, aún penden de aprobación un segundo recorte presupuestario, un proyecto para acceder a ¢192.000 millones en superávits acumulados por instituciones públicas y otra iniciativa para acceder a ¢140.000 millones del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).

También falta la aprobación de al menos siete créditos por más de $2.000 millones con organismos multilaterales, con los que se buscaría disminuir la presión por la actividad financiera del Estado en las tasas locales.