Desequilibrio fiscal ya presiona tipo de cambio y amenaza con estragos para banca y pensiones

Las condiciones de desequilibrio fiscal que vive el país —y que ya amenazan con la posibilidad de transformarse en una crisis fiscal— presionan el tipo de cambio e implican riesgos para los sistemas bancarios y de pensiones en el país.

Así lo explicó la jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supen) y de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Rocío Aguilar; quien detalló que la incertidumbre ya causa estragos en el sector financiero y que urgen las reformas necesarias para evitar golpes mayores.

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Según la superintendente Aguilar, el país ya observa algunos efectos como los que se vieron en 2018, cuando existió alta incertidumbre sobre la estabilidad de las finanzas públicas nacionales, antes de la aprobación de la reforma fiscal en 2018.

Entre ellas, destacó las presiones en el tipo de cambio y los problemas del Estado para encontrar recursos a tasas de interés y plazos atractivos, lo cual representa riesgos de disponibilidad de recursos para el crédito al sector privado, en el corto y mediano plazo, así como el posible empeoramiento de sus condiciones.

"Ya hemos estado observando cómo de manera sostenida ha venido creciendo (el tipo de cambio) y ese aumento tiene un impacto muy fuerte en las carteras crediticias porque un 75% de nuestras carteras crediticias están vinculadas con no generadores de dólares; es decir, son personas que reciben sus ingresos en colones y que de pronto, cuando llega el momento de hacer el pago de su operación, tienen que sacar más recursos para pagarlo", explicó.

La exministra de Hacienda (2018-2019) también recodó que a esto se suman los riesgos financieros sobre las tasas de interés, cuyos costos suben conforme suben las presiones de Hacienda por conseguir recursos en el mercado. También señaló riesgos sobre la competencia por recursos que podría ocurrir entre el Estado y el sector privado por las mismas fuentes, ante el "estrujamiento" por las altas necesidades estatales.

"Por eso uno puede ver esto como un problema del Gobierno, pero no. Esto no es un problema del Gobierno. ¿Quién se ve afectado cuando estas situaciones se convierten en un aumento en las tasas de interés?, quienes tienen operaciones de crédito... ¿Quién se ve afectado cuando esto se convierte en un aumento en el tipo de cambio? Quienes tienen operaciones de crédito en dólares.... ¿Quién se ve afectado cuando esta incertidumbre se convierte en la posposición de decisiones de inversión de empresas que podrían estar generando empleo en Costa Rica? El 22% de desempleados que tenemos".

"¿En qué pienso cuando yo, como afiliado de un fondo de inversión al fin del mes vea que mi rendimiento se está viendo afectado? Pienso en mi pensión o en el esfuerzo de ahorro que he venido yo haciendo durante varios años; ¿en qué pienso cuando veo esta situación?, en la cantidad de personas que no van a poder seguir recibiendo apoyo del Estado porque el bolsillo del Gobierno es poco profundo y está lleno de huecos", ejemplificó.

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Riesgos para banca y pensiones

Para la jerarca de Supen y Sugef, el país corre con mayores riesgos porque su sistema financiero —integrado por la banca y los fondos de pensiones— es altamente permeable por los problemas que pueda sufrir el Estado. Asimismo, esos riesgos se trasladan a los clientes de ambos sectores, por vías que van desde el tipo de cambio hasta las tasas de interés y la disponibilidad de recursos para el crédito.

Aguilar también recordó que los riesgos son preocupantes porque hasta un 75% de las inversiones de entidades financieras están en fondos del Estado, y la gran mayoría en el Ministerio de Hacienda; mientras que en el caso de las pensiones también existe otro 75% de activos invertidos en el Gobierno.

La jerarca subrayó que por eso existe "una muy posible transmisión de estos riesgos, que son de carácter fiscal, a riesgos que se puedan asomar en el sistema financiero" y urgen soluciones al desajuste de las finanzas públicas nacionales.

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En esa línea, el presidente del Banco Central (BCCR), Rodrigo Cubero, analizó recientemente que el país urge de decisiones políticas para evitar mayores conflictos con el tipo de cambio y las tasas de interés, los cuales redundan en un mayor costo de la vida y de la productividad del país como un todo.

Cubero señaló ante una consulta de AmeliaRueda.com que el país urge de soluciones fiscales prontas, estructurales y suficientes, así como de un mayor acceso a los mercados internacionales, para la gestión de sus elevados acumulados de deuda. Según dijo, el país necesita de un acuerdo fiscal para cerrar su inmensa brecha entre gastos e ingresos que le obligan a endeudarse más año con año, así como de la aprobación de empréstitos internacionales para gestionar sus altas necesidades hasta que logre el balance sin generar mayores distorsiones en la economía nacional, reduciendo la presión sobre las tasas de interés y atrayendo divisas que den más holgura para gestionar el tipo de cambio.

Algo similar opina la superintendente Aguilar, quien agregó que urge un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que "haga que el país pueda gozar de un mayor nivel de credibilidad" y que implique "un programa de mediano plazo y una ruta de consolidación". "Hay que recuperar la confianza de los mercados porque eso se traduce en una reducción de tasas", apuntó.

Desajuste abrupto

Costa Rica enfrenta condiciones fiscales incómodas. El Ministerio de Hacienda estima que el país cerrará este año con un déficit financiero del 9,3% del PIB, del cual 4 puntos porcentuales corresponden únicamente a la diferencia entre gastos e ingresos para la operación regular del Estado y los otros 5,3 puntos restantes al pago de intereses de la deuda pública acumulada por el país para financiar ese déficit (que ya alcanza el 70% de la producción).

Este desajuste se agravó con la pandemia del nuevo coronavirus; sin embargo, ya existía (aunque en menores proporciones) desde antes de ella y ahora amenaza la sostenibilidad de las finanzas públicas, con las posibles distorsiones que ello implica para las tasas de interés ofrecidas al sector privado, el tipo de cambio o la inflación.

Actualmente, el Gobierno desarrolla jornadas de diálogo con distintos sectores sociales y productivos, con el objetivo de alcanzar soluciones fiscales para el país en el más corto plazo posible. La idea del Ejecutivo es tener una primera lista de iniciativas para impulsar en el Congreso, con el visto bueno de los sectores, a más tardar a finales de noviembre.

No obstante, aún queda la incertidumbre de si será posible alcanzar acuerdos lo suficientemente robustos y consensuados para esa fecha, y si los mismos tendrán viabilidad política para su aprobación en una Asamblea Legislativa, que hasta ahora se ha mostrado reacia a adquirir compromisos con la mesa de trabajo que coordina el Ejecutivo.

El Gobierno también hizo públicas sus intenciones de buscar un acuerdo de estabilidad económica, a través de un servicio de crédito ampliado por $1.750 millones, con el Fondo Monetario Internacional, desde el 29 de agosto pasado. Sin embargo, el proceso quedó en pausa ante el fracaso popular de una primera propuesta de ajuste que se presentó a mediados de septiembre y que generó protestas por más de dos semanas en todo el país, por las cargas impositivas que se propusieron en materias como la tenencia de bienes inmuebles y transacciones financieras generalizadas.

Para la superintendente Aguilar, estos procesos son importantes, pero es indispensable apurar los acuerdos y las discusiones políticas. "Yo creo que ya hemos jugado mucho con el tiempo. Costa Rica había llevado adelante una reforma fiscal que básicamente le permitía el proceso de consolidación de las finanzas, pero jamás se previó una pandemia como la que estamos viviendo", subrayó.

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