Desde muertos hasta involucrados en Cochinilla, MOPT busca recuperar ¢53 millones en pagos indebidos

Desde muertos hasta los involucrados en el Caso Cochinilla son parte de la lista de 69 funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que en los últimos años recibieron pagos que no les correspondían y que ahora se intentan recuperar.

Se trata de ¢53.174.262 depositados “por error” y por diferentes motivos desde el 2013 al 2021 (septiembre), según lo revela el informe de control interno DAG-2021-3095 de la Auditoría del MOPT, el cual fue remitido al jerarca Rodolfo Méndez Mata el pasado 21 de diciembre del 2021.

El documento “Evaluación del proceso de recuperación de acreditaciones que no corresponden a funcionarios y exfuncionarios del MOPT” revela “deficiencias relacionadas con la conformación de los expedientes individuales” que deben llevarse para lograr recuperar los dineros depositados de forma irregular.

Por ejemplo, se indica que el departamento de Recursos Humanos de dicho ministerio no genera controles individuales sobre los saldos de las deudas en cada expediente, no se adjuntan los comprobantes quincenales de los rebajos que se realizan a quienes aún son funcionarios y no se tienen documentos firmados sobre la autorización de rebajas.

“El procedimiento de recuperación y control de acreditaciones que no corresponden a funcionarios y exfuncionarios se encuentra desactualizado, no existe una actividad definida para realizar la gestión de recuperación de sumas en el caso de los funcionarios que fallecen. El seguimiento en los casos que se destina para cobro judicial es inoportuno”, indica en el informe la auditora del MOPT, Irma Gómez.

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Casos

El informe de Control Interno de 64 páginas detalla cada uno de los casos detectados con pagos irregulares, es decir, depósitos de dinero que no correspondían a 69 funcionarios.

Se trata de pagos indebidos realizados por diversas motivos, entre los que se encuentra, disponibilidad, abandono de trabajo, dedicación exclusiva, diferencia de salario, reconocimiento irregular de carrera profesional, depósito tras despido o renuncia, mal cálculo de horas extras, permiso sin goce de salario, ausencias injustificadas, entre otros.

Además, se registra el pago a ocho personas fallecidas y a cuatro involucrados en el Caso Cochinilla a quienes se les suspendió sin goce de salario; sin embargo, sí lo recibieron al menos durante el primer mes.

Estos últimos son:

• Elsie Carmona Rivas (funcionaria de préstamo al Conavi en el Departamento de Conservación de Vías y Puentes).
• Edgar May Cantillano (jefe de programas de inversión entre MOPT y municipalidades).
• Erick Rodríguez Araya (se desconoce su cargo).
• Luis Quesada Pérez (programador de cómputo).

A ellos se les depositó el salario a mitad del año anterior pese a que había una orden del ministro del MOPT de no hacerlo debido a la investigación judicial en su contra.

Entre los cuatro investigados en el Caso Cochinilla y que son planilla del MOPT se hizo un depósito irregular de ¢5.442.121, dinero que ahora se intenta recuperar y que a septiembre del 2021 no se había logrado, indica el informe.

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El reporte de la Auditoría revela que Recursos Humanos del ministerio sí mantiene algunas gestiones de cobro activas, 34 en total, con las que ha logrado recuperar ¢21.393.383. Incluso, se reporta que algunos de los funcionarios ya lograron devolver todo el dinero que recibieron por error.

Sin embargo, otros 35 expedientes abiertos siguen pendientes de recuperar, es decir, los dineros depositados y que no correspondían aún no se devuelven a la Administración; algunos de ellos (16) enfrentan un proceso de cobro judicial.

Al analizarse este proceso de recuperación de acreditaciones que no corresponden (pagos por error) se concluyó que el MOPT carece de procedimientos actualizados, no cuenta con plazos internos para cumplir con el proceso de notificación al funcionarios sobre su proceso de cobro, no tiene documentos de respaldo de los casos y carece de controles de seguridad.

La Auditoría advierte a la Administración que este descontrol representa un incumplimiento a la Ley General de Control Interno y esto representa un riesgo para el Estado y por esa razón se emitieron múltiples recomendaciones al director de Recursos Humanos, entre ellas, actualizar los procedimientos, conformar un expediente único, establecer plazos internos para el cobro, entre otras.

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