Con derogatoria y nuevas condiciones, Gobierno buscará complicar aborto terapéutico

Por medio de la derogatoria de la norma técnica emitida en 2019 y la creación de un nuevo reglamento para la interrupción del embarazo, el Gobierno buscará complicar el aborto terapéutico, según el borrador de un decreto filtrado este jueves por el medio Delfino.cr.

La norma técnica vigente —firmada por el entonces presidente Carlos Alvarado— establece que el aborto terapéutico será viable "cuando se encuentre en peligro la vida o la salud de la mujer y ese peligro no ha podido ser evitado por otros medios".

El reglamento que impulsa el Gobierno de Rodrigo Chaves elimina el peligro a la salud y se concentra exclusivamente en los riesgos para la vida. Es así como se establece que, ante riesgo moderado o alto, se podrá "considerar" la terminación adelantada del embarazo.

Actualmente, la persona embarazada puede solicitar la valoración de su caso al personal médico, pero en la reforma que pretende el Ejecutivo esta posibilidad desaparece y la valoración queda a discreción del especialista a cargo.

Los casos deberán ser analizados por una "junta de médicos" entre los que debe haber especialistas en las patologías que dificultan llevar a buen término el proceso de gestación, además de tres gineco-obstetras, un pediatra y un especialista en medicina materno-fetal.

En todo caso, el documento alude a una inmensidad de potenciales escenarios y repite, en prácticamente todos, que deben hacerse todos los esfuerzos para que el bebé nazca y que se resguarden "ambas vidas", incluso aunque la salud física o mental —que no la vida— de la persona embarazada corra peligro.

"La terminación del embarazo antes de la viabilidad fetal sólo será éticamente lícita cuando los miembros de la Junta Médica estén razonablemente convencidos de que, si no realiza dicha acción, sus dos pacientes morirán. Por lo tanto, ésta sólo debe considerarse, como último recurso, cuando hayan fallado todos los tratamientos y procedimientos realizados", dice el numeral 10.4.

El borrador del reglamento establece otros cambios, como que los profesionales en salud que se acojan a la objeción de consciencia ahora "sí pueden y deben ser tomados en cuenta en el análisis clínico, valoración y recomendaciones médicas de cada caso", mientras que la norma actual lo prohíbe.

De igual forma, para que la persona embarazada dé su consentimiento informado ahora deberá llenar un formulario en el que debe incluirse "nombre, número de cédula y firma del cónyuge o padre", quien "deberá firmar como testigo". Es decir, se requerirá también del visto bueno del padre, cuando actualmente no.

Imagen con fines ilustrativos de una especialista valorando a una persona embarazada en un hospital.

Norma vigente es "omisa"

En su justificación, el borrador filtrado del decreto establece que el documento de la norma técnica vigente, emitida en diciembre de 2019, "amerita" una modificación porque "resulta omiso en la tutela comprehensiva y eficaz que amerita la salud y la vida de ambas personas".

El argumento del Gobierno es que es "necesario y oportuno" crear un reglamento técnico "para la atención integral de la mujer y del niño (a) por nacer durante el embarazo, parto, post-parto y en situación de peligro inminente de muerte", que a su vez derogará la norma técnica de 2019.

"Se debe contar con un procedimiento médico previo que garantice una atención médica clara y segura a favor de ambas vidas, con apego a los derechos humanos que deben estar presentes en la prestación de un servicio de atención médica", reza el documento.

El considerando incluso recuerda las denuncias elevadas en 2015 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y sugiere que la posición del Ejecutivo es que en esos casos ni siquiera se ponía en peligro de la vida de las personas gestantes, sino que eran embarazos inviables que deben ser regulados de otra forma.

Es por todo esto que el Gobierno de Chaves considera "obligatorio" reformar la norma técnica del aborto terapéutico "para que se mantenga el cumplimiento del compromiso internacional del país ante la CIDH, de modo que se garantice un abordaje integral de la situación".

Ese "abordaje integral" procurará, "ante todo", "la salud y el resguardo de ambas vidas", mediante una norma que establece "la obligatoriedad de realizar todas las acciones médicas pertinentes para combatir la enfermedad que complica el embarazo".

El procedimiento médico que pretende implementar Salud en relevo de la norma técnica del aborto terapéutico parte de la "consideración ética de salvar ambas vidas" y de hacer todos los esfuerzos necesarios para que el embarazo termine bien, siempre que las "condiciones clínicas" lo permitan.

"Debido a la complejidad y a la variedad de las situaciones clínicas que pueden presentarse, cada caso deberá ser valorado individualmente, de acuerdo con el criterio clínico de los profesionales médicos competentes", señala el borrador, que añade que la valoración debe hacerse caso por caso.

Este medio preguntó al Ministerio de Salud por la veracidad de este borrador, pero no hubo respuesta antes de la publicación de esta noticia.