Expendedores denuncian ante Fiscalía contrabando de combustible panameño en Zona Sur

Un grupo de comerciantes expendedores de la Zona Sur denunció ante el Ministerio Público un contrabando de combustibles panameños, en el que supuestamente incurren decenas de conductores costarricenses que cruzan la frontera para llenar su tanque y pichingas para revender.

La queja fue interpuesta este 27 de noviembre por el abogado y exdirector de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín Muñoz, a quien un conjunto de empresarios -cuyas identidades fueron reservadas- contrató para la realización de un estudio sobre el presunto tráfico ilegal que en apariencia ocurre en La Unión de Sabalito, en Coto Brus de Puntarenas.

Ese análisis consistió en una visita de campo que el jurista realizó entre las 8:00 a.m. y 3:45 p.m. del 2 de noviembre en compañía de su asistente, Marco Vinicio Castro Vargas, a los lugares en los que presuntamente ocurren los ilícitos.

Para ello, Malespín condujo en su vehículo hasta las estaciones de servicio Puma y Terpel, situadas en lado canalero, a unos tres kilómetros del límite entre las dos naciones. Para llegar al sitio, de acuerdo con el abogado, no hay controles de paso regulares.

Una vez en el sitio, el exfuncionario hizo una vigilancia en la primera de las gasolineras -dado que la segunda estaba cerrada por brotes del nuevo coronavirus- con la que divisó 123 automotores con matrícula nacional que se abastecieron con el combustible del país vecino del sur, cuyos precios están "muy por debajo" de los fijados en Costa Rica.

"Se logró comprobar que el abastecimiento de combustible en la zona, va más allá de únicamente el 'llenado del tanque del vehículo', sino que fue observado, un gran movimiento de tráfico ilícito de combustible mediante el traslado del producto, a través de las conocidas 'pichingas'.

"En el transcurso de ese tiempo no fue posible observar algún vehículo policial costarricense que hiciera un recorrido por la zona y abordara a alguno de los vehículos involucrados", se lee en la denuncia, a la cual AmeliaRueda.com tuvo acceso.

La queja tiene adjuntas 15 fotografías en las que se observan al menos siete autos y tres motocicletas con placas costarricenses. Asimismo, en dos de los casos, el conductor además rellenó una pichinga.

"Eso está por la libre. Ahí no hay ningún tipo de control de nada", aseguró Malespín en conversación con este medio.

"Los expendedores de combustible de la zona de San Vito han visto una reducción en sus ventas de entre un 50% y 60%, o sea, ahorita están prácticamente con el costo. Ya habían cerrado algunas gasolineras en la Zona Sur por el lado de Paso Canoas y ahora, si esto continúa de esta forma, es un hecho que van a tener que cerrar también los expendedores de combustible de Sabalito. ¿Y qué pasa con el comercio que está haciendo las cosas bien, el que está pagando impuestos...?

"Es una grosería la cantidad de millones que deja de percibir el Estado por estos irresponsables que pasan al lado panameño a comprar y más aún cuando tienen el beneplácito de las autoridades, porque no hay control de ningún tipo", añadió el exdirector de la Policía de Control Fiscal.

Respecto a esto último, en la denuncia se explica que a eso de las 10:40 a.m. del 2 de noviembre, el abogado hizo una denuncia a través del Servicio de Emergencias 9-1-1; sin embargo, 40 minutos después, la incidencia no había sido reportada a la delegación de la Fuerza Pública en Sabalito de Coto Brus, según lo pudo comprobar el propio jurista en una visita que hizo al puesto policial.

Además, en ese lugar Malespín consultó a una funcionaria sobre la cantidad de eventos atendidos por comercio ilícito de combustible, ante lo cual le indicó que "aproximadamente 15 casos" en tres años. Asimismo, la mujer denunció -según el documento- una supuesta indiferencia del personal de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) que se traslada al sitio para tomar muestras de los líquidos y para decomisar y manejar las sustancias; actuaciones que están dispuestas en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley para Sancionar el Apoderamiento y la Introducción Ilegal de los Combustibles Derivados del Petróleo y sus Mezclas.

Dicha norma, en los numerales 7 y 8, además establece castigos de uno y cuatro años de cárcel a quien transporte o distribuya de manera ilegal este tipo de sustancias, así como de tres a cinco años a quien las introduzca de manera ilegal al territorio nacional.