Demandan a Costa Rica ante CIDH por negativa del TSE a modificar registro de personas trans

El Estado costarricense enfrenta una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la cual se le acusa de negar de forma absoluta la posibilidad de alterar el sexo asignado al nacer en el registro civil de personas transgénero.

Al caso ya se le dio curso para su análisis y la CIDH notificó a Costa Rica el pasado 28 de diciembre para que se pronuncie al respecto. Para ello le da tres meses con la posibilidad de un mes de prórroga, según la resolución a la que AmeliaRueda.com tuvo acceso.

En la denuncia, de la cual este medio tiene copia y que fue presentada en diciembre de 2019 por una ciudadana costarricense de apellido Valverde, en conjunto con un grupo de abogados de distintos países de Latinoamérica, se alega que en el país persiste violación de derechos en contra de la comunidad trans por negarles su derecho fundamental al reconocimiento pleno de su identidad.

Valverde señala que ya agotó las vías internas, pues el Tribunal Supremos de Elecciones (TSE) rechazó varios recursos y también la Sala Constitucional rechazó de plano un recurso de amparo presentado en junio de 2019.

"Así, con el rechazo de plano al recurso de la víctima en la Sala Constitucional, se agotaron todos los medios y recursos internos posibles que la víctima y otras personas transgénero podrían buscar para obtener del Estado de Costa Rica la garantía del derecho a la adecuación de sus documentos a su identidad de género autopercibida, que podría cesar la grave violación a su derecho a la identidad, la personalidad jurídica y a la dignidad humana.

"Ante esta situación, se hace absolutamente urgente y necesaria la presente DENUNCIA a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que el Estado de Costa Rica cese las violaciones a los derechos humanos de las personas transgénero y garantice el respeto a los derechos y garantías contenidos en las Convención Americana sobre Derechos Humanos y derivados de la misma, en los términos colocados en la Opinión Consultiva 24/17", reza la demanda.

En mayo de 2018, a la luz de la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)–del 24 de noviembre de 2017– el TSE aprobó facilitar el cambio de nombre a las personas trans, así como la eliminación de la referencia al sexo en las cédulas; sin embargo, en los certificados de nacimiento se mantiene la referencia al sexo al nacer, algo que, a criterio de los demandantes, contraviene la opinión de los altos jueces de la Corte IDH.

Uno de los puntos que señala la demanda es que, para poder optar por el cambio de nombre ante el Registro Civil, las personas trans mayores de edad deben firmar un “Consentimiento informado” en el cual aceptan que se les cambia el nombre pero no la referencia al sexo-género.

Para los demandantes, eso son medidas "absolutamente incompatibles" y contrarias al contenido de la Opinión Consultiva, al permitir el cambio de nombre en el registro civil de personas transgénero, pero obligándoles a mantener el registro del “sexo” alegando que la OC-24/17 recomienda cambiar supuestamente solo el "género", y que la información registrada por el Estado de Costa Rica registra el "sexo" y no el "género" , no siendo por lo tanto un dato posible de alterarse en los registros.

"La idea de que el Estado de Costa Rica solo registra "sexo", que no hace registros de "género" y que, por lo tanto, no estaría obligado a permitir cambios en el registro de "sexo" para adecuar los documentos a la identidad autopercibida de las personas transgénero es, ciertamente, absurda y reitera una lectura completamente transfóbica", dice la demanda de Valverde.

Una "artimaña" del Estado

El abogado Luis Guillermo Murillo–quien es uno de los firmantes de la demanda– señaló a la CIDH, en un escrito enviado el 22 de setiembre de 2022 a ese organismo internacional, que el Estado costarricense "ha utilizado una artimaña" para cubrir la negativa de cambiar el sexo asignado al nacer de las personas trans.

Situación violatoria para menores trans

Según relató Murillo a la CIDH, la situación es aún más violatoria para las personas trans que son menores de edad, pues el TSE les niega toda posibilidad de cambio de nombre por la vía administrativa, incluso si es con el acompañamiento de sus padres, sino que tienen que conseguir un abogado para que un juez civil avale el cambio de nombre.

"En todos los casos las personas trans menores de edad, (sus familiares), además del largo tiempo de espera, han tenido que incurrir en gastos económicos importantes, además han tenido que publicar un edicto en el boletín judicial, de manera pública, en la cual se les viola su derecho a la confidencialidad, pues cualquier persona puede darse cuenta de la solicitud, del nombre que tenía y del nombre que pretende cambiar", detalló Murillo.

El jurista presentó en el 2019 una acción de inconstitucionalidad en el que pide que declare inconstitucional la negativa del TSE al derecho de las personas trans menores de edad al cambio de nombre y por conexidad al derecho a la rectificación del sexo asignado al nacer; no obstante, por mayoría de votos el Tribunal Constitucional lo declaró sin lugar.

El lunes anterior, AmeliaRueda.com reveló un fallo de la Sala Constitucional sobre un recurso de amparo que interpuso la madre de un joven trans al que se le negaba el reconocimiento de cambio de nombre en un colegio católico privado en San Ramón, Alajuela. En esa sentencia los magistrados ordenaron, por mayoría, que el centro educativo debe reconocer el nombre con el que se identifica el menor y los pronombres masculinos.