Defensoría pide revisar planes de inversión del AyA y rechazar solicitud de alza del 24% en tarifas

La Defensoría de los Habitantes mostró su rechazo a la petición de aumento del 24 por ciento en las tarifas de agua solicitada por Acueductos y Alcantarillados (AyA).

El ajuste tramitado por AyA se aplicaría en dos tractos, un 7 por ciento este año y el porcentaje restante a inicios del 2020.

Para la Defensoría, se debe rechazar esta petición tomando en cuenta que el incremento es elevado si se compara con el crecimiento de los salarios y agregaron que antes de aprobarles un aumento en la tarifa, se deben revisar los planes de inversión de la institución.

"En el período 2014 - 2017 el AyA tuvo una subejecución del presupuesto de inversiones de alrededor del 44 por ciento promedio por año, esto quiere decir que hay una buena parte de los recursos que se le garantizaron por tarifas que no fue utilizada en los planes de inversión y esto ha significado una carga adicional para el usuario por inversiones que no se realizaron. En ese sentido, la Defensoría solicitó a la Autoridad Reguladora revisar el presupuesto para inversiones y autorizar únicamente lo que le sea posible al AyA ejecutar para el próximo año", dijo la directora de Asuntos Económicos de la Defensoría, Ana Karina Zeledón.

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La oposición se presentó la noche de este lunes en la audiencia pública realizada por Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para la discusión del tramite de ajuste.

"Al analizar la propuesta tarifaria nos encontramos con que el AyA plantea algunas partidas de costos y gastos sumamente elevados sin la debida justificación, tanto es así que si se eliminaran algunas de esas partidas de la propuesta tarifaria, ni siquiera sería necesario un ajuste tarifario", agregó la funcionaria.

Adicionalmente, se expuso que resulta inadecuado que Acueductos solicite tarifas para una cobertura de dos años, cuando la ley establece que los prestatarios de servicios públicos deben presentar el trámite de ajuste ordinario una vez al mes.

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"Esta práctica es incorrecta no solo porque no se cumple con lo establecido en la ley, si no que consolida a través del tiempo las ineficiencias que se generen en la actividad de las instituciones de servicios públicos", dijo.

Luego de la audiencia pública realizada este lunes, en la Aresep inician el proceso de análisis del expediente y la resolución debe estar lista en un plazo de 30 días.