Decisión sobre reglamento de prescripción de deudas de la CCSS en manos de nueva junta directiva

El lunes anterior, el diputado Jorge Dengo y sus compañeros de bancada del Partido Liberal Progresista presentaron un recurso de inconstitucionalidad con el que se busca rebajar de 10 a cuatro años la prescripción de deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Sin embargo, el abogado constitucionalista Ruben Hernádez indicó que la jurisprudencia para reformar el Reglamento para el Aseguramiento Contributivo de los Trabajadores Independientes está en manos de la junta directiva de la institución pública.

Hernández fue enfático en que lo dicho por la Sala Constitucional podría rechazar el recurso fundado a las potestades dadas a este órgano para regular las cuotas de la seguridad social costarricense, “y por tal motivo ningún poder de la República puede inmiscuirse de lo estipulado”, dijo este miércoles en el programa Nuestra Voz.

Sin detallar fechas, Adrián Torrealba, director de la Caja Costarricense de Seguro Social, dijo precisamente que el órgano director podría estudiar, analizar y reformar el reglamento para el Aseguramiento Contributivo de los Trabajadores Independientes, inclusive antes de que la Sala Constitucional emita una resolución.

Sin embargo, fue enfático en que es muy prematuro determinar si el tema se verá debido a que aún faltan integrantes de la junta que deben ser juramentadas por el presidente de la República. “Sin duda es un tema relevante que tendremos que ver”, puntualizó.

Agregó que le parece una violación lo aplicado por el órgano director anterior, ya que lo establecido en el Artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios se indica que la prescripción de las deudas es de cuatro años.

El diputado Jorge Dengo consideró que este nuevo reglamento tiene serios vicios de constitucionalidad que podrían violentar la seguridad jurídica de los trabajadores independientes.

“Costa Rica se adhirió a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y sus disposiciones precisamente tienen rango de tratado internacional. Sobre las cargas sociales dicho organismo internacional ha dispuesto que estos son tributos, por lo que para poder aprobarse en el país deben pasar por el tamiz del Primer Poder de la República”, concluyó el congresista.

Según la Bancada del Partido Liberal Progresista, estas son las normas y principios que podrían estarse lesionando:

• Principio de Legalidad (Artículo 11 de la Constitución Política Y 11 de la Ley General de la Administración Pública).
• Artículo 13 de la Ley De La Jurisdicción Constitucional.
• Principios de Seguridad y Certeza Jurídica, Reserva de Ley (121 Inciso 7 CP).
• Límites de la Potestad Reglamentaria Establecida En El Artículo 140, Inciso 3) Y 18) de la Constitución Política.
• Principio de Mensurabilidad de las Potestades Administrativas.
• Principio de Igualdad (Artículo 33 de la Constitución Política y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos).
• Principios de Justicia, Paz Social y Razonabilidad y Proporcionalidad.