CGR: Débil gestión con patentes en municipio de Limón ocasiona que comerciantes operen sin permisos

Una fiscalización de la Controlaría General de la República (CGR) encontró debilidades en la gestión de determinación y cobro del impuesto de patentes en la Municipalidad de Limón, lo que ha ocasionado la existencia de comerciantes que operan sin permisos.

El informe N.° DFOE-DL-IF-00004-2019, revelado la mañana de este martes por el ente adscrito a la Asamblea Legislativa, fue elaborado a partir de solicitudes de información a diferentes instancias del ayuntamiento, aplicación de entrevistas y cuestionarios a funcionarios involucrados en el proceso de otorgamiento y control de las licencias, así como la inspección de 76 establecimientos en el cantón.

También se analizaron expedientes relacionados a la tasación del tributo, patentados que no presentaron la declaración jurada de la carga o aquellos que lo hicieron de manera tardía, así como archivos de contribuyentes morosos.

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El periodo de evaluación comprende desde el 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.

"Los resultados de la fiscalización evidencian una débil gestión respecto a la determinación y cobro del impuesto de patentes y en la vigilancia de los requerimientos legales para el ejercicio de actividades lucrativas en el Limón, lo cual deja en duda la efectividad de los procedimientos utilizados para la tasación del impuesto de patentes a los contribuyentes inscritos en el Régimen Tributario Simplificado de la Dirección General de Tributación (DGT) y el de los patentados que inician una actividad lucrativa nueva en el cantón", puntualiza el documento en las conclusiones.

"Además, dichas debilidades han ocasionado la existencia de comerciantes operando sin contar con los respectivos permisos vigentes e incluso, algunos comercializando mercancías sin contar con la patente municipal respectiva, lo cual genera un riesgo en la salud pública, el orden público y la seguridad ciudadana; así como pérdidas económicas que asciende aproximadamente a los ¢3,2 millones, por la falta de cobro de la multa a los patentados que incumplen con la presentación anual de la declaración jurada del impuesto de patentes o lo hacen posterior a la fecha establecida en la normativa. Aunado a una morosidad de ¢1.993,7 millones al 31 de diciembre de 2017, que representa el 40 por ciento del impuesto por concepto de patentes puesto al cobro durante ese año (¢4.949,1 millones)", añade.

Las patentes representan una oportunidad de generación de ingresos para los gobiernos locales, razón por la cual, es necesario la implementación de control y vigilancia efectivos, con los que se pueda garantizar que los negocios están a derecho, al tiempo que se previenen eventuales actos de corrupción.

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Es por ello que en el informe, la Contraloría ordena al alcalde Néstor Mattis Williams elaborar y poner a conocimiento del Concejo Municipal, una propuesta para normar las metodologías para el cálculo del impuesto de patentes, a más tardar el 30 de setiembre del 2019.

Asimismo le exige implementar un procedimiento para la determinación del tributo, que cumpla con una práctica que permita identificar a los contribuyentes que no presentan declaraciones juradas, un registro para estas y la verificación y documentación del cálculo del aporte.

Las órdenes también tienen que ver con una revisión y ajuste de la base sobre la cuál se calcularán los impuestos a cobrar a la empresa APM Terminals, un procedimiento para calcular las multas y respectivos negocios a quienes no presenten declaraciones juradas o lo hagan de forma tardía, para iniciar gestiones de cobro, para decomisar y custodiar mercancías, entre otras.