Congelan ¢340 millones y $500 mil en cuentas de banda narco que exportaba cocaína a Europa

Las cuentas bancarias de los sospechosos de integrar una poderosa banda dedicada a la exportación de cocaína a Europa fueron congeladas con ¢340 millones y $500 mil.

Esta diligencia fue confirmada por el directora general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza Espinoza, durante una entrevista en el programa Nuestra Voz, el 31 de mayo pasado.

A lo largo de su exposición, el jefe policial enfatizó en que los esfuerzos de la institución que comanda están dirigidos a "atacar" las estructuras financieras de los grupos de crimen organizado.

"Junto con la Fiscalía y en el Sistema Financiero logramos congelar, y esto luego será incautado y pasado a las cuentas del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), ¢340 millones y $500 mil. Por lo que estamos hablando de una suma muy importante de dinero", comentó el vocero.

Por su parte el exjuez y abogado, Ewald Acuña Blanco, explicó ante la consulta de AmeliaRueda.com que un congelamiento de cuentas debe ser solicitado por el Ministerio Público y debidamente autorizado por el Juzgado Penal correspondiente.

El 25 de mayo anterior, durante los 40 allanamientos realizados para su desintegración, a la organización criminal la Policía Judicial le incautó ¢409 millones y $2 millones en efectivo, el decomiso más grande efectuado en la historia "como consecuencia de una operación policial", según el director general.

Los dineros se encontraban repartidos en los puntos en los que se realizaron las diligencias, pero los sitios donde se encontró la mayor cantidad eran un apartamento que funcionaba como casa de seguridad y un compartimento secreto en una microbús.

Banda poderosa y lujosa

El grupo en cuestión sobresale por aspectos que van, desde cómo trasegaba la droga sin intermediarios de Colombia a Europa, hasta las visitas de sus miembros en la Asamblea Legislativa.

Un día después de su desintegración, AmeliaRueda.com pudo comprobar mediante las bitácoras de la Unidad de Seguridad y Vigilancia del Congreso que al menos tres de los presuntos integrantes de la banda ingresaron en reiteradas oportunidades a la sede parlamentaria para visitar a seis de los actuales diputados y seis de sus antecesores.

Se trata de los sujetos de apellidos Soto Rivera de 54 años y Cartín Ramírez de 31 años, a quienes la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos les atribuye supuestas labores logísticas y operativas de la asociación delictiva. También al padre del último de los aprehendidos, de apellidos Cartín Herrera, quien falleció 19 días antes de los operativos. De este no se pudieron conocer detalles sobre su presunto rol en la banda, a pesar de las consultas formuladas a la oficina de prensa del Ministerio Público.

En total, estas tres personas realizaron 39 visitas al Parlamento entre el 2014 y el 2021. El 48,72% de estos ingresos ocurrieron en el actual periodo constitucional; es decir, entre el 1° de mayo de 2018 y el 24 de mayo de 2021.

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Durante ese intervalo los sospechosos visitaron a los congresistas Erwen Masís Castro y Óscar Cascante Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Eduardo Cruickshank Smith y Mileyde Alvarado Arias, del Partido Restauración Nacional (PRN); así como las independientes Zoila Rosa Volio Pacheco e Ivonne Acuña Cabrera.

Todos excepto Volio Pacheco reconocieron el ingreso de las personas a sus oficinas, pero argumentaron que lo permitieron porque cuando los sospechosos se acercaron, plantearon quejas o denuncias relacionadas a iniciativas de vivienda o proyectos turísticos en Limón, Upala, Corredores y Esparza de Puntarenas.

En el cuatrienio previo, visitaron a Natalia Díaz Quintana, entonces del Partido Movimiento Libertario (PML); Olivier Ibo Jiménez Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN); además de Gerardo Vargas Rojas, Johnny Leiva Badilla, William Alvarado Bogantes y Humberto Vargas Corrales, del Partido Unidad Social Cristiana. Los motivos de esos ingresos hasta ahora no se han abordado.

Además numerosas apariciones en los pasillos del llamado "Primer Poder de la República", la banda también destaca por el capital y los bienes aparentemente acumulados a partir de las ganancias del narcotráfico.

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Muestra de ello es que en los allanamientos, la Policía Judicial incautó ¢409 millones y $2 millones distribuidos en los 40 puntos en los que se realizaron las diligencias. Los sitios donde se encontró mayor cantidad de dinero eran un apartamento que funcionaba como casa de seguridad y un compartimento secreto en una microbús.

Pero también, el director general del Organismo, Wálter Espinoza Espinoza, dio cuentas de que con los operativos se pretendía el decomiso de 40 vehículos y la anotación -acto con el que se hace constar ante el Registro Nacional la existencia de un procesos penal relacional a una finca- de 40 propiedades.

Los bienes de la banda -liderada por un hombre de apellidos James Wilson de 28 años- están valorados en $20 millones, e incluyen, por mencionar ejemplos, el motel Infinity en el Barrio San José de Alajuela, mansiones en Escazú -una en la que habitaba el cabecilla- y Santa Bárbara, un complejo turístico llamado Beitos Place en Limón así como un auto de lujo con un costo de $385.000.

El jefe del cuerpo policial además destacó que el grupo había realizado inversiones en una empresa constructora y otra arrocera, pero no especificó sus nombres.

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Para adquirir los bienes e inmuebles utilizaron una gran cantidad de testaferros que prestaron sus nombres para que fueran inscritos a nombres suyos y luego trasladados a sociedades anónimas. Por eso en la pesquisa también figura un grupo de abogados que hacían las anotaciones registrales, escrituras y pagos.

Otro aspecto por el que la organización acaparó la atención del país en los últimos tres días es que en sus filas -presuntamente- contaba con la colaboración de tres agentes de la Policía Judicial así como de uno que recientemente fue despedido. Estos alertaban al resto de los integrantes de la banda sobre pesquisas en su contra o diligencias y fueron identificados por los sistemas de control del Organismo.

También el grupo se caracterizaba por comercializar de manera directa la cocaína que trasiega, sin intermediarios, toda vez que envió emisarios para trasegar la droga desde Colombia hasta Costa Rica y luego Europa. Esto le permitía al grupo obtener más ganancias.

A la organización se le vincula con importantes decomisos de droga llevados a cabo en Europa. Entre ellos uno de 3,3 toneladas de cocaína en Marsella, Francia, el cual se dio en febrero de 2020. Otro de 1.869 kilos de la misma droga en Valencia, España, ocurrido también el año pasado. Además se les vincula con un semisumergible interceptado por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos en enero, el cual transportaba 1.560 kilos de cocaína.