Cuatro sindicatos de la Corte cuestionan "concentración de poder" en nueva presidenta de Sala III

Magistrada de la República, vicepresidenta de la Corte Plena, presidenta del Consejo Superior del Poder Judicial y ahora presidenta de la Sala de Casación Penal, mejor conocida como Sala Tercera. Todos esos altos cargos ocupa la exjueza Patricia Solano, razón por la cual cuatro sindicatos cuestionan lo que ellos llaman "concentración de poder" en una sola funcionaria.

Así consta en un oficio que enviaron el Sindicato de la Defensa Pública (SINDEPU), Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD), del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD) y del Sindicato Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) a todos los magistrados.

La carta fue enviada este domingo 5 de julio y ella se expresa que en el informe del Estado de la Justicia, por parte del Estado de la Nación, uno de los principales señalamientos que se hizo a la institución y en donde debe mejorar considerablemente, fue en lo relacionado con la concentración de poder.

Para los sindicalistas, esta situación "evidencia una línea contraria a los recomendaciones efectuadas en aquél documento, por ello, consideramos que es una discusión institucional que se debe dar en el seno de éste órgano de dirección de la institución, si es conveniente o no ese tipo de concentración de poder".

Solano, quien es exjueza penal, fue electa como magistrada en noviembre de 2018 y el pasado 22 de junio fue juramentada como la nueva presidenta de la Sala Tercera, tras la renuncia a ese cargo por parte de Jesús Ramírez.

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Vicios en procedimiento

Además del tema de concentración de poder, los sindicatos judiciales objetan el procedimiento seguido para la elección Solano en la Presidencia de la Sala de Casación Penal, por considerar que atenta contra el artículo 162 de la Constitución Política de Costa Rica.

Dicha norma establece que "la Corte Suprema de Justicia nombrará a su presidente, de la nómina de magistrados que la integran. Asimismo nombrará a los presidentes de las diversas salas, todo en la forma y por el tiempo que señale la ley".

Sin embargo, en el caso de la magistrada Solano, solo se eligió por voluntad de los miembros de la Sala Tercera, y no por el pleno de la Corte. Así lo muestra un video publicado por el Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD).

"En este caso en particular, como agrupaciones sindicales hacemos clara advertencia de que al no seguirse el trámite constitucional dispuesto, la designación de la Presidencia de la Sala de Casación Penal es absolutamente nula, nulidad que es evidente y manifiesta y de conformidad con el artículo 173 inciso 1) del Código Procesal ContenciosoAdministrativo", señala la nota enviada a los magistrados.

En razón de lo anterior, los sindicatos alegan que hay "un riesgo para la Institución que podría generar una afectación en la imagen de la misma", por lo que hacen un llamado a la Corte para que solicite un dictamen a la Procuraduría General de la República.