A partir de enero, diputados discutirán cuatro cambios en impuestos a solicitud de Gobierno

Cuatro cambios en materia de impuestos conforman parte del paquete de medidas permanentes que el Gobierno impulsará, a partir de este mes de enero, en la Asamblea Legislativa para aliviar —al menos en parte— la difícil situación que enfrentan las finanzas públicas del país.

Se trata de uno de los proyectos presentados por el Ejecutivo el pasado diciembre y que será parte de la agenda que priorizará en los próximos siete meses, en los que tendrá dominio de la agenda legislativa.

Según detalló el Ministerio de Hacienda, los cambios permitirían acceder a un 0,6% del PIB cada año, cifra que sería parte de la propuesta de estabilidad financiera que el Ejecutivo presentará al Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de acceder a un servicio de crédito ampliado por $1.750 millones.

El primer cambio propuesto buscaría eliminar la exoneración de la que actualmente goza el salario escolar que reciben los funcionarios del sector público, el cual no está sujeto al pago del Impuesto Sobre la Renta (que sí pagan todas las demás remuneraciones) y representa un depósito de unos ¢170.000 millones anuales a unos 150 mil trabajadores.

El segundo cambio intentaría aumentar en cinco puntos porcentuales la tarifa del Impuesto Sobre la Renta a las remesas; mientras que el tercero ajustaría todo cobro por rentas de capital (inversiones, alquileres, etc.) a un 15% permanente, con un aumento temporal de 1,5 puntos porcentuales en los próximos dos años (16,5%).

Por último, el Ejecutivo también propone eliminar en un 50% la exoneración de la que actualmente gozan las operadoras de pensiones por los rendimientos que obtienen del sistema de pensiones complementarias.

Todas las propuestas de modificación se presentaron bajo el mismo expediente, desde el 17 de diciembre pasado, como parte del proyecto de ley 22.365, de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas de Capital.

El texto iniciará su recorrido legislativo a partir de este mes, una vez que los diputados regresen a trabajar después de sus vacaciones de tres semanas, este 11 de enero.

Además de este proyecto, el Gobierno presentó propuestas para reformar la Ley de Aduanas y para gravar con un 25% todos los premios de lotería superiores a medio salario base (¢225.000).

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Ajuste fiscal

El Gobierno intentará este 2021 impulsar ajustes fiscales para que el país pueda revertir su déficit fiscal primario (sin contar el pago de intereses) en 2023. El déficit primario es el que obliga al Ejecutivo a buscar cada vez más deuda, en una especie de efecto "bola de nieve".

El Gobierno señaló que también buscará un 0,8% del PIB a través de nuevos impuestos; sin embargo, aún no define cuáles. Asimismo, dijo que concentrará otros ajustes a través de reducciones presupuestarias y controles del gasto público, vía reformas en materias como el empleo público y de aplicar la regla fiscal.

Todos los ajustes se harían bajo la sombrilla de las negociaciones con el FMI, para acceder a $1.750 millones en tres años; sin embargo, son parte de un proceso de recuperación fiscal que tendrá que ir mucho más allá de ese contexto, según afirman distintos especialistas.

Por ejemplo, la calificadora de riesgo Ficth Ratings recientemente aseguró que el país enfrenta serios desafíos, incluso si logra un acuerdo con el Fondo, y que la propuesta del Ejecutivo "podría resultar insuficiente", dado el alto déficit fiscal ya asumido por el país, las dificultades que enfrenta para acceder a crédito externo y sus niveles de la deuda pública, que avanzan por encima del 70% de la producción.

Además, Fitch Ratings señaló que un riesgo importante es el "estancamiento político" de las iniciativas que buscan un mayor balance fiscal en la Asamblea Legislativa, incluso de créditos para reducir los pagos en intereses. Según la calificadora, esto "indica su tensa relación con el Ejecutivo".

El Gobierno presentó una primera propuesta mucho más ambiciosa para acudir al FMI en septiembre de 2020; sin embargo, esta enfrentó total oposición política, empresarial y civil por centrarse mayoritariamente en nuevos impuestos. Ahora, el Ejecutivo buscará una acceder al organismo internacional con una proposición que considera "más balanceada".

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