Académicos y fundaciones afirman que es un intento solapado del Gobierno para reactivar la pesca de arrastre sin involucrarles; ministro de Ambiente rechaza cuestionamientos
09/02/23 | 17:44pm
Tras una seguidilla de críticas de científicos y conservacionistas, el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, defendió esta semana el estudio que impulsa el Gobierno de Rodrigo Chaves "para determinar si es o no es aceptable o sostenible la pesca de arrastre de camarón" mediante una "nueva" técnica, en palabras del jerarca.
La oposición a la iniciativa —anunciada inicialmente por Chaves el 30 de septiembre, en un Consejo de Gobierno celebrado en Puntarenas— la están liderando el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional (UNA), y la fundación MarViva.
Varios factores han llevado a los sectores a levantar su voz contra el plan, después de que el 31 de enero el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) anunciaron, en un comunicado, que realizarán estudios sobre una "nueva arte de pesca de camarón" implicando a los "sectores académicos".
No obstante, el Cimar, la UNA y MarViva han señalado que no se les ha involucrado en el proceso, sino que simplemente les han informado al respecto. MarViva ha calificado el plan como un intento solapado para revivir la pesca de arrastre después de que, en octubre de 2020, el entonces presidente Carlos Alvarado vetara una ley para permitirla.
En declaraciones a AmeliaRueda.com este pasado miércoles, Tattenbach rechazó que sea un intento solapado. "Que yo sepa, no. Nosotros anunciamos que se iban a hacer los primeros estudios sobre una nueva arte de pesca en Puntarenas, creo que fue el 30 de septiembre del año pasado. ¿Qué es solapado de eso?", respondió el jerarca del Minae.
"Se anunció. No veo qué es solapado de eso. Hemos hecho un boletín de prensa la semana pasada, un video mío muy claro explicando de qué se trata, y cómo se ha invitado a la academia", continuó el ministro, que aseguró que el diseño del estudio es "serio" y contará con aportaciones del sector pesquero "para que no cueste dinero".
Tattenbach manifestó que con menos de seis embarcaciones y durante menos de un año no se podría hacer "un estudio serio para determinar si es o no es aceptable o sostenible la pesca de arrastre de camarón bajo esta nueva arte de pesca, que es muy diferente a la tradicional, mediante la cual se prohibió".
Ante señalamientos de los sectores sobre que el estudio convertirá en legal la pesca de arrastre al menos durante el periodo de dos años en que se pretende realizar, el titular de Ambiente y Energía lo negó. "Solo los estudios se van a hacer", puntualizó.
Franz Tattenbach
Ministro de Ambiente y Energía
El pasado 3 de febrero, la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA envió un oficio al Incopesca, donde se recoge que los científicos de ese centro universitario fueron invitados a una presentación del estudio el 1 de diciembre, la cual fue "unidireccional", sin que se atendieran "muchas de las preguntas realizadas", especialmente sobre la metodología.
La UNA refutó el comunicado del 31 de enero del Minae e Incopesca, que decía que "solo MarViva" había enviado sugerencias, y señaló que sus académicos hicieron preguntas y que muchas no se habían respondido aún. Por ello, le envió todas esas consultas por medio del citado oficio, en el que se dice la forma de plantear el estudio es "poco ortodoxa".
En su escrito, la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA critica desde que se pretende contratar observadores del estudio "sin bagaje técnico" hasta que se piense en usar ocho embarcaciones cuando los académicos de esa universidad consideran que "tres barcos operando en misión científica son suficientes".
El director del Cimar, Álvaro Morales, recordó —en una entrevista con el programa de radio Interferencia este pasado miércoles— que la pesca de arrastre "es sumamente dañina para el fondo marino" y que los científicos ya han ofrecido "evidencia científica muy amplia" para probar que esta actividad es nociva para el medio ambiente.
Morales señaló que el Gobierno alega que se utilizará una "nueva" red llamada "AA Costa Rica", que "aparentemente excluye o excluyó en estudios hasta un 65% de fauna de acompañamiento de especies de camarón", pero el problema es que "la información que suministra Incopesca nunca viene evaluada por pares externos"; es decir, falta rigurosidad.
En ese mismo programa, el director de MarViva, Jorge Jiménez, acusó al Gobierno de estar "repitiendo el estudio de 2018 con las mismas falencias que se hicieron en esa época". Jiménez alude a un estudio de Incopesca presentado en 2018, que concluyó que con la red AA se redujo el sacrificio de otras especies que no son camarón en un 66%.
Una revisión científica de ese estudio de 2018 del Incopesca, publicada en 2020, mostró que la reducción en realidad fue del 33,1% y concluyó que todos los experimentos que se habían hecho en esa época "sobreestimaron significativamente la reducción de captura" de otros organismos, así como criticó su metodología y captura de datos.
"Este informe presenta resultados totalmente inválidos", dice dicha revisión científica sobre los estudios del Incopesca de 2018, que según MarViva fueron muy semejantes a los que plantea ahora el Gobierno de Chaves. "La academia demostró que los análisis del Incopesca eran incorrectos", señaló la fundación en un comunicado del 2 de febrero.
"Lejos de demostrarse la sostenibilidad de la actividad, se reportaron altos porcentajes de fauna de acompañamiento y capturas de camarón por debajo de las tallas mínimas", aseguró MarViva sobre aquellos experimentos, además de informar de que los estudios nuevos que impulsa el Ejecutivo costarán en su primer año más de ₡126 millones.
"La red que se utilizará, la AA Costa Rica, en realidad es el mismo mecanismo que se implementó en el cuestionado estudio de 2018, cuyos resultados fueron rechazados por académicos, científicos y ambientalistas, dada la poca rigurosidad científica durante el proceso. ¡No caigamos en la red!", publicó MarViva el pasado 6 de febrero en redes sociales.
"Creemos que no se está tomando en cuenta el criterio de organizaciones, de instituciones que tenemos muchos años de estar trabajando en investigación en este campo", reprochó por su parte el director del Cimar.
La pesca de arrastre fue declarada inconstitucional por la Sala IV en 2013, y desde entonces ha habido un intenso debate nacional sobre su reactivación, el cual llegó a su momento cumbre cuando en octubre de 2020 fue aprobado en segundo debate un proyecto de ley para volverla a permitir en el país, basándose en los cuestionados estudios de Incopesca.
Esa ley fue vetada por el expresidente Alvarado en octubre de 2022, "en ejercicio de mis potestades constitucionales, y por mi deber de promover el bien común y asegurar el equilibrio entre la actividad productiva y la sostenibilidad, y además, en cumplimiento de mi palabra", según dijo en aquel entonces.
Durante la campaña electoral de 2022, el ahora presidente Chaves defendió que debían hacerse nuevos estudios para medir la sostenibilidad de la pesca de arrastre en el país. "Tomemos la decisión sobre una base científica, en lugar de solo percepciones e inclinaciones naturales, como la mía, que es proteger el ambiente", dijo en febrero de 2022.
Ya como mandatario, Chaves señaló que "no se puede seguir pateando el tarro" durante su Consejo de Gobierno en Puntarenas, el 30 de septiembre de 2022. Ese día, anunció, aunque sin ofrecer muchos detalles, que en el primer trimestre de 2023 "vamos a explorar y lanzar un proyecto de alternativas para la pesca responsable de camarón en el Océano Pacífico".
El presidente se refería a los estudios que ahora pretende hacer el Incopesca, que ya abrió un cartel de licitación para contratar observadores.
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