Crédito por $380 millones con el BID y la AFD recibe aval del Congreso: $60 millones irán a la CCSS

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en primer debate, este jueves, el crédito por $380 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Se trata de un nuevo financiamiento para cumplir con las obligaciones del Estado —deuda, pagos ordinarios y extraordinarios— en medio de la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19.

De ellos, $60 millones se destinarán a saldar el compromiso del Gobierno con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que se afirmó que subsanaría las pérdidas por ¢33.000 millones que la institución sufrió en materia de seguros de salud relacionados por las reducciones de jornadas laborales.

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El resto del dinero se deberá utilizar para amortizar deuda pública ya adquirida o para pagar sus intereses, por lo que cualquier otra utilización de los recursos se consideraría "malversación de fondos". Así quedó escrito en una moción aprobada como parte del proyecto, impulsada por diputados de varias fracciones.

Este es el segundo crédito que se aprueba en el Congreso en el contexto de la emergencia nacional por el Covid-19. Antes, se había aprobado un financiamiento por $500 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Además, es parte de un paquete de financiamiento por más de $2.500 millones que impulsa el Ministerio de Hacienda para enfrentar las necesidades del Estado, que se agravaron por los gastos extraordinarios de la emergencia y la caída en los ingresos estatales, que se estiman en ¢975.000 millones ($1.700 millones).

Inicialmente, la mayoría de estos créditos con organismos multilaterales se habían negociado únicamente para reemplazar deuda cara por deuda barata (en mejores condiciones de tasas y plazos). Sin embargo, Hacienda debió ampliar la cantidad de créditos y cambiar algunos de sus destinos para cubrir las necesidades.

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El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, indicó en una nota que remitió a los legisladores (desde marzo pasado) que el crédito con el BID y la AFD había sido planteado por las entidades como “un reconocimiento” para el país por su política pública implementada en materia de descarbonización; sin embargo, subrayó que su ejecución no estaba ligada a ese tipo de inversiones, sino que podía ser utilizado para “las prioridades que estableciera el Gobierno” (como es el caso de la atención integral de la actual emergencia).

Ante la emergencia por COVID-19, es importante consolidar un fondo de liquidez nacional. Reitero a los y las diputadas de la República mi apertura para aclarar cualquier duda entorno a los proyectos fundamentales para atender a las personas más afectadas. pic.twitter.com/uDafNwwVjO — Rodrigo Chaves (@RodrigoChavesR) March 25, 2020

En total, el BID financió $230 millones del crédito, mientras que la AFD aportó los $150 millones restantes. Ambas operaciones se pactaron en condiciones blandas, como un plazo de pago de 20 años y un período de gracia de cinco años. Además, el desembolso se haría en menos de un año.

La tasa de interés gestionada con el BID es de apenas la Tasa Libor a tres meses, más un margen; mientras que, en el caso de la AFD, sería de la Tasa Euribor a seis meses (con una base del 0,25%).

El empréstito se aprobó con el visto bueno de 41 de 50 diputados presentes, y su discusión en segundo debate quedó pactada para el próximo sábado 16 de mayo. Para que el crédito sea aprobado requiere un mínimo de 38 votos.

Altas necesidades de financiamiento

El Gobierno gestiona un plan de financiamiento para llenar necesidades financieras que alcanzan el 12,45% del PIB. Dicha cifra aumentó 1,9 puntos porcentuales con la llegada de la pandemia, según calculó el Ministerio de Hacienda.

Para llenar esas necesidades, el Gobierno dice que buscará un 43,3% de deuda interna y un 56,7% de endeudamiento externo.

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El Gobierno ha dicho que ya dispone de $1.105 millones negociados en el mercado interno y que allí buscará otros $2.099 millones en lo que resta del año; mientras que seguirá pujando por el plan de financiamiento externo y ejecutará recursos remanentes de créditos internacionales aprobados en el pasado, incluidos $994 millones en eurobonos que todavía no se han utilizado.