​Crece morosidad superior a 90 días en créditos de costarricenses

El porcentaje de créditos con retrasos superiores a 90 días muestra un crecimiento considerable en los últimos años.

Según los datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), en enero de 2016 el 1,74% de los saldos crediticios tenía morosidades superiores a 90 días; en setiembre anterior ese registro llegó a 2,47%.

La normativa financiera establece que ese indicador no debe superar el 3%. Sin embargo, en algunos bancos costarricenses la mora de más de 90 días es mayor a eso.

Por ejemplo, el Banco Nacional registra, según su Gerencia General, un 3,25% de los saldos de sus préstamos con impagos superiores a tres meses.

“Esto se debe, en algunos casos de préstamos en dólares, a que a muchas personas les han subido la cuota de sus créditos, pero no les han subido, al mismo ritmo, sus ingresos. Por otro lado, en las deudas en colones, las tasas de interés se han mantenido relativamente altas para créditos de consumo”, explicó Danilo Montero, director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero.

Los créditos de consumo son aquellos que las personas solicitan a las entidades financieras para suplir diferentes gastos: viajes, procedimientos médicos, electrodomésticos y otros.

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Otro aspecto que está incidiendo en el alza en los niveles de morosidad es que muchas familias “resolvieron” su problema de endeudamiento pidiendo más créditos.

“La gente ha seguido aumentando el nivel de deuda, si en 2015 o 2016 ya tenían presiones, la resolvieron pidiendo más crédito y con eso lo que hicieron es echarle más gasolina al fuego, eso aumentó los problemas”, agregó el especialista.

Según el Banco Central de Costa Rica, en promedio, las familias costarricenses están destinando el 64% de sus ingresos al pago de deudas.

Entre las personas que tomó malas decisiones y decidió pedir nuevos préstamos para pagar otros está Raúl, un empleado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de 50 años de edad que arrastra dificultades financieras desde hace más de diez años.

Los ingresos totales de su familia son de ¢780.000, pero al deducir el pago de todos los créditos solo le quedan ¢61.000 por mes para pagar agua, luz, teléfono, transporte y alimentación.

Él y su esposa adquirieron empréstitos con tres entidades financieras, una de ellas no se encuentra supervisada por la SUGEF.

“Para poder comer hacemos rifas y vendemos tamales. Me da mucha vergüenza decirlo, pero si no fuera por la pensión de ¢170.000 de mi suegra no podríamos vivir”, relató Raúl, quien prefiere reservar su verdadera identidad.

En ocasiones, Raúl y su familia han pasado hasta tres días sin electricidad por falta de pago.

Lo más grave de todo es que al preguntarle para qué se endeudó no logra articular una respuesta.

Lo mismo le pasa a Marcela, una maestra de secundaria del Ministerio de Educación Pública (MEP) de 54 años de edad.

Malas decisiones financieras han hecho que su sueldo de ¢1.250.000 se vea reducido a solo ¢38.000.

La mujer acarrea deudas por más de ¢30 millones, los cuales utilizó para financiar estudios, comprar un carro, remodelar su casa, ayudar a pagar pensiones alimentarias y viajes, entre otros.

Asegura que muchas veces pecó de ingenua al tomar tarjetas de crédito sin conocer las reglas de uso.

La condición es tan crítica que en algunas deudas, ni siquiera, sabe cuánto debe.

“Mi hija me ayuda a pagar algunas cosas”, manifestó la mujer, quien también prefiere guardar su nombre real.

Medida insuficiente

Raúl y Marcela escucharon que el Gobierno propone un programa de créditos de salvamento para personas que están sobreendeudadas.

No obstante, la Oficina del Consumidor Financiero considera que es difícil que esa iniciativa pueda ayudar a personas como ellos.

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“Cuando alguien tiene comprometido el 70% de sus ingresos, el problema es más severo y el margen de maniobra es menor. Esa persona tiene que arrimarse al banco, plantear la posibilidad de un arreglo de pago y también que le den tiempo de deshacerse de algunos activos.

“Por ejemplo, si el banco le financió un vehículo, venda el auto y viaje en bus, deshágase del vehículo. Pero, lamentablemente hay personas que tienen comprometido más del 100% del salario en cuotas, en esos casos es muy, pero muy difícil que algún plan, de algún gobierno pueda ayudar”, sentenció Montero.

La Oficina del Consumidor Financiero analizó algunos casos en los que calcula una readecuación de la deuda a 30 años plazo y una tasa de interés anual del 2% y, ni aún así, podrían cubrir las cuotas con los ingresos disponibles.