Costa Rica tramita extradición de exfuncionarias rumanas requeridas por corrupción

Costa Rica está tramitando la extradición de Elena Udrea y Alina Bica, dos exfuncionarias de Rumania que son requeridas en su país para el cumplimiento de una sentencia.

La Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público (OATRI) confirmó a AmeliaRueda.com que actualmente gestiona los dos procedimientos de forma independiente.

Ambas mujeres, de 41 años, fueron detenidas el miércoles en las cercanías de La Sabana y ese mismo día se les ordenó detención provisional por el plazo de dos meses.

La captura fue realizada por los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en la Interpol Costa Rica, con colaboración de oficiales de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) luego de investigaciones, vigilancias y seguimientos, informó el miércoles la Policía Judicial mediante un comunicado.

Udrea, quien fue ministra de Turismo, entre el 2008 y el 2012, y diputada en el Parlamento entre el 2012 y el 2016, tenía una orden de captura por parte de la Interpool de Bucarest, capital de Rumania, por los delitos de soborno y abuso de poder.

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Por su parte, Bica se desempeñó como fiscala jefa del Departamento de Investigación de los Delitos de Delincuencia Organizada y Terrorismo, en el ámbito de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, del 2006 al 2014. En su caso ella tiene orden de captura por los delitos de cohecho y corrupción.

Procedimiento para extradición

Para que Udrea y Bica sean extraditadas primero debe existir una solicitud de Estado requeriente a través de los canales diplomáticos o bien puede ser mediante la Interpol.

La ley establece que, tras ser detenida la personas requerida, se le dan las garantías de defensa y el extraditado puede elegir un trámite voluntario o litigioso.

Por su parte, el país solicitante debe aportar la documentación para la extradición en un plazo de dos meses y un Tribunal entonces concede o deniega la extradición.

En caso de que se acepte la extradición, el Estado requeriente tiene dos meses para llevarse a la persona y los costos corren por cuenta de ese país.