Costa Rica tendría disponibles $500 millones para combatir consecuencias del COVID-19

La Asamblea Legislativa anunció este sábado que el país contará con $500 millones para financiar la respuesta del Estado a la emergencia nacional provocada por el virus COVID-19.

Los diputados aprobaron el proyecto que permitirá al Ministerio de Hacienda poder solicitar el desembolso de un préstamo de apoyo presupuestario al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Estos fondos se tenían previstos inicialmente para el pago de deuda.

El plan fue aprobado en su trámite de primer debate por 46 congresistas a favor y un voto en contra. El crédito tendrá un plazo de hasta 18 años, con un período de gracia de hasta 36 meses contados ambos a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley.

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La diputada independiente, Zoila Volio Pacheco hizo un llamado a los diputados para que honren los compromisos acordados en las reuniones de jefes y jefas de fracción, esto debido a que algunas agrupaciones presentaron mociones al expediente.

"Estamos en un estado de emergencia, no podemos estar negociando estos proyectos como si tuviéramos las mejores condiciones que teníamos antes de la pandemia. Costa Rica no va a volver a ser la misma después de esta crisis, en realidad la explosión de los enfermos y de los enfermos graves no ha reventado todavía", señaló Volio.

Por su parte, la Asamblea Legislativa recibirá del Ministerio de Hacienda presupuestos extraordinarios necesarios para su eventual aprobación, con ello se pretende establecer de forma clara los usos de esos recursos por parte del Estado.

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Los recursos restantes y que no hubiesen sido utilizados al 15 de diciembre 2020 volverán a ser transferidos al Ministerio de Hacienda para ser utilizados de forma inmediata, al pago del servicio de la deuda que para ese momento ostente la carga más alta en cuanto a costo financiero se refiere.

Nuevas medidas

El Directorio Legislativo anunció que ha tomado medidas con la finalidad de que no se frene la aprobación de las iniciativas de ley que se requieren para hacerle frente a la emergencia por el COVID-19, que ha cobrado dos vidas en Costa Rica

El presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides Jiménez anunció que las próximas sesiones del Plenario Legislativo se realizarán en el Auditorio Nacional, en el Museo de los Niños.

Además, los congresistas aprobaron una moción para sesionar de manera extraordinaria las próximas dos semanas de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, para avanzar en la votación de proyectos, asimismo, se cancelan las sesiones ordinarias de las 3 de la tarde, al igual que las Comisiones, no incluye a la de Redacción.

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Proyectos de ley

Los diputados acordaron dispensar de todo trámite el expediente 21759, Ley para combatir la pobreza extrema a través de la inyección de recursos.

La iniciativa tiene por objeto fortalecer los programas que financia el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), mediante una redistribución eficiente de recursos con base en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). Lo anterior, con el fin de cerrar las brechas de la desigualdad social en Costa Rica.

Los congresistas aprobaron en segundo debate la Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional. El expediente 21854 se voto de manera unánime con 47 votos.

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El proyecto busca garantizar a las personas trabajadoras del régimen de empleo privado, mantener su puesto de trabajo. Esto, debido a la posibilidad de llevar a cabo una reducción de la jornada laboral, cuando los ingresos brutos de las empresas se vean afectados debido a una declaratoria de emergencia nacional.

La diputada oficialista, Paola Vega Rodríguez, indicó que lo que se busca con esta iniciativa de ley es evitar que se den despidos en la empresa privada por las medidas que se están implementando para frenar los contagios por COVID-19.

La propuesta establece que la persona empleadora podrá modificar unilateralmente los contratos laborales para reducir hasta en 50% el número de horas de la jornada ordinaria de trabajo pactada entre las partes, siempre que exista una afectación para la empresa motivada por la declaratoria de emergencia nacional.

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La persona empleadora deberá comprobar la disminución de al menos 20% en los ingresos brutos de la empresa a causa de la declaratoria de emergencia.

El patrono deberá aportar una declaración jurada suscrita por el representante legal de la empresa y autenticada por un abogado, o una certificación de contador público autorizado, que podrán ser remitidos digitalmente.

La reducción en la jornada ordinaria de trabajo afectará el salario de la persona trabajadora en igual proporción en la que se disminuya su jornada.

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En el caso de las empresas donde la disminución de sus ingresos brutos alcance o sobrepase 60% con relación al mismo mes del año anterior y como consecuencia inequívoca de la declaratoria de emergencia nacional, se podrá autorizar la reducción temporal de hasta 75% de las jornadas de trabajo semanal pactadas entre las partes.

La reducción de la jornada es una medida de carácter temporal, que se establecerá por un plazo de hasta tres meses.

En todo caso, la autorización que otorga la Inspección de Trabajo tendrá carácter retroactivo a la fecha en que la persona empleadora adoptó la medida de reducción de la jornada laboral.

También, los legisladores votaron en segundo debate, con 47 votos y de manera unánime, el expediente 21177 Ley sobre comisiones máximas del sistema de tarjetas.

El objetivo de la iniciativa es bajar el porcentaje que cobran las empresas por el uso de datafonos que en estos momentos es de 7 por ciento y que afecta en especial a pequeños negocios que aceptan como medio de pago las tarjetas de crédito y débito.