Intentarán hacer más huelgas pero el pueblo no las pagará, celebra presidente del Congreso

La ley que establece nuevas regulaciones a las huelgas, y que fue firmada este lunes por el mandatario Carlos Alvarado, evitará que los costarricenses paguen esas protestas.

Así lo aseguró hoy el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, quien también fue el impulsor de la iniciativa 21.049.

"No creo que no vayan haber huelgas, lo intentarán, lo harán, pero con consecuencias. Solo que ahora el pueblo costarricense no pagará de su bolsillo esas protestas", afirmó Benavides durante el acto en el que se rubricó la ley.

Con este tramite, ahora solo falta que sea publicada en el diario oficial La Gaceta para que empiece a regir.

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Benavides aseguró que ahora el trabajador debe prepararse para una nueva etapa, porque el hecho de mostrar su malestar por algún asunto no queda prohibido, lo que cambia es la forma.

"Tendremos que alistarnos para una nueva etapa, cuando se trata de demandas de los trabajadores, estas personas tendrán un derecho para llevar al patrono a instancias, como lo es el arbitraje. Mientras los patronos deberán estar atentos para una fase en donde vendrá un arbitraje que será obligatorio", comentó.

El presidente Alvarado agradeció a los diputados el generar esta nueva ley, que es la primera aprobada en este 2020.

"Esta ley viene a resolver una situación jurídica para todas las personas, ahora hay procedimientos más claros", manifestó.

El proceso

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el pasado jueves 16 de enero en segundo debate el proyecto de ley para regular huelgas, que presentó una férrea oposición del sector sindical.

El texto, el cual fue pulido por la Comisión de Consultas de Constitucionalidad tras el visto bueno de la Sala Constitucional (25 de octubre del año anterior), recibió el apoyo de 35 legisladores, mientras que 13 estuvieron en contra.

Entre los principales puntos el texto deja en firme la suspensión del pago de salarios durante las manifestaciones, así como la declaratoria de ilegalidad de las huelgas de naturaleza "puramente política.

Además, especifica que quedan prohibidas las huelgas en los servicios públicos esenciales (salud, transporte, seguridad pública, suministro de agua, electricidad, combustible, entre otros).

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