Tabacaleras hallan en CR instancias para influir en políticas y beneficios fiscales, según informe

La industria tabacalera tiene acceso a voz y voto en la creación de políticas públicas en Costa Rica, así como a beneficios tributarios incluidos en la reforma fiscal, según muestra un reciente informe.

El Índice de Interferencia de la Industria del Tabaco 2020 encontró instancias en las que la industria tabacalera tuvo libertad de interferir con las autoridades del Gobierno, en algunas incluso con alcance en la toma de decisiones.

Por ejemplo, estas empresas pudieron participar de la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito, algo que pudo permitir “incidencia y lobby para minar los avances en la regulación y control de tabaco en el país”, según el informe.

En esta instancia, la Cámara de Comercio incluso pudo participar con voz y voto, pese a que inicialmente sólo podían participar como espectadores, según explicó la presidenta de la Red Nacional Antitabaco (Renata), Nydia Amador.

“A uno le preocupa que, en una instancia de decisiones políticas y estrategias, estén también votando entes privados”, señaló la presidenta de Renata, organización que elaboró el capítulo de Costa Rica del informe.

El Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT) obliga a los países firmantes —entre ellos Costa Rica— a “proteger” las políticas públicas “contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera”.

Las empresas, además, tuvieron acceso a beneficios tributarios en al menos dos instancias, según la publicación. En un primer lugar, se les calculó una menor base imponible de IVA y en segundo se les perdonó una deuda con el Gobierno.

Desde la aprobación de la Ley Antitabaco en 2012, la cantidad de personas mayores de 20 años que fuman ha venido bajando, según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Aún así, algunas empresas han violado las disposiciones de esta ley, según el Ministerio de Salud. Por ejemplo, el Gobierno actualmente tramita una multa contra la empresa Philip Morris por publicitar un producto de tabaco, algo ilegal bajo la legislación vigente.

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Impuestos

La publicación incluso identificó beneficios fiscales para estas empresas, particularmente en la implementación del IVA y una amnistía tributaria que les perdonó el pago de una deuda con el Gobierno.

En primer lugar, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de 2018, calculó una base imponible para el pago de IVA que no incluyó otro impuesto que pagan las tabacaleras.

“(La reforma fiscal) incluye una exención en la cual la base imponible para el cálculo del impuesto de venta (IVA) no incluye el impuesto normado en la Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos a la Salud”, señala el estudio.

La Ley del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), además, establece un impuesto de 2,5% a los cigarros, bebidas alcohólicas y gaseosas. Hasta 2018, las tabacaleras adeudaban ¢45.636 millones al Inder, según el informe.

No obstante, una amnistía aprobada en 2018 —como parte de la reforma fiscal— perdonó el pago de los intereses a contribuyentes morosos y rebajó el monto a pagar por multas tributarias.

“Si bien esta amnistía fue de aplicación general, se considera un privilegio porque es aplicada a un impuesto específico, se realizó en medio de una crisis fiscal, el destino del impuesto es de beneficio rural y el tiempo de la morosidad de estas industrias”, señaló el informe.

Falta de protocolos

Uno de los problemas de Costa Rica es que el país carece de un protocolo sobre cómo deberían interactuar los oficiales de Gobierno con las tabacaleras, con la intención de minimizar su influencia.

El informe señala que “no existen mecanismos para rendir cuentas sobre las reuniones y lobby ejercido, no existe un código de conducta con normas de procedimiento para interactuar con la industria tabacalera”.

Los investigadores, además, identificaron la participación de oficiales del Gobierno en actividades de responsabilidad social corporativa financiadas por tabacaleras. Esto no es un conflicto de intereses en sí, pero es un espacio de poca claridad, dijo Amador.

Para la presidenta de Renata, esto podría generar conflictos por la influencia de estas empresas en la regulación nacional, algo que prohíben convenios internacionales.

“En transparencia estamos fallando. Solo una vez el ministro de Salud convocó a Renata como observador para una reunión con tabacaleras. Eso deberían hacer todos pero nosotros sabemos que los vapeadores van al Ministerio de Salud o a Hacienda y nadie dice nada”, dijo Amador.

Ante esto, el informe recomienda a las autoridades de Salud la creación de un “código de conducta con normas de procedimiento para la interacción de oficiales de gobierno con la industria tabacalera”.

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