Aumentos salariales del sector público quedarán suspendidos a partir de 2021 y por cuatro años

Los aumentos salariales del sector público quedarán suspendidos a partir del próximo año -y por cuatro años-, siempre y cuando la deuda pública del Estado supere el 60% del PIB.

Así lo establece un el decreto lo firmaron el presidente de la República, Carlos Alvarado; el nuevo ministro de Hacienda, Elian Villegas; y la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte; y su contenido es una reforma al Decreto 35730-MTSS, que establece el funcionamiento de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.

Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, el congelamiento salarial implicaría un ahorro de ¢23 000 millones en 2021. No obstante, el ministro Villegas afirmó que, si se cumplen las estimaciones de Hacienda, la medida tendría que aplicarse durante los próximos cuatro años, para un ahorro de acumulado de ¢92.000 millones.

La decisión se toma en concordancia con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, mejor conocida como la "reforma fiscal", aprobada en 2018.

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Este texto establecía —en el artículo 13 de su capítulo de "Responsabilidad Fiscal"— que, en caso de que la deuda pública alcanzara el 60% del PIB, "no se realizarían incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales" de los trabajadores.

Según esa legislación, los aumentos "no podrían ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva", y únicamente se podría exceptuar su cálculo cuando estuvieran relacionados con el cálculo para determinar las prestaciones legales, las jubilaciones o la anualidad del funcionario.

El Ejecutivo anunció la medida este 1 de junio, en conjunto con la presentación de un presupuesto extraordinario que reduce los rubros de gasto público en ¢62.452,9 millones (la mayor parte en pago de intereses de deuda pública).

Villegas señaló que la medida se toma "debido a la existencia de la pandemia del Covid-19, que ha afectado fuertemente las finanzas públicas del país"; sin embargo, la Ley de Fortalecimiento no hacía distinción de motivos más allá de los niveles de la deuda.

Las estimaciones de Hacienda proyectan que Costa Rica terminará 2020 con una deuda superior al 67% del PIB. En enero, se estimaba un acumulado del 61%; sin embargo, la emergencia provocada por la pandemia del Covid-19 aumentó la provisión en seis puntos porcentuales.

'Un acto de solidaridad'

El ministro Villegas afirmó que la la reforma se hizo para que el procedimiento quede claro a la comisión negociadora de salarios, y para brindarle "toda la transparencia jurídica que ante situaciones de este tipo".

Asimismo, señaló que ya de por sí el aumento salarial "se vuelve improcedente" cuando la deuda supera los márgenes deseados, "no solo porque no existe dinero para poder realizar las erogaciones, sino además como un acto de solidaridad hacia el resto de la sociedad costarricense".

Por su parte, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Albino Vargas, "repudió" el decreto ejecutivo a través de sus redes sociales. El representante sindical afirmó que el ministro Villegas, recién entrante a la cartera de Hacienda, "empieza mal su gestión confrontando al mundo laboral".

El Gobierno ya había congelado los aumentos salariales para este año, con el objetivo de redireccionar los recursos para la atención de la emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus.

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La administración Alvarado había pactado un aumento anual de entre ¢7.500 y ¢8.500 para este 2020 para sus más de 125.000 empleados; sin embargo, el mismo se detuvo con una reforma reglamentaria publicada en marzo pasado.