Cosevi carece de plan para nuevo modelo de revisión técnica vehicular, señala Contraloría

El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) carece de un procedimiento claro que regule el cierre contractual y la definición del nuevo modelo de prestación del nuevo modelo de Inspección Técnica Vehicular.

Así lo señaló la Contraloría General de la República (CGR) en el informe DFOE-CIU-IF-00004-2021 de auditoría de carácter espacial sobre "el proceso de gestión para garantizar la continuidad de los servicios en la prestación del servicio de inspección técnica vehicular".

El órgano contralor evidenció que la Administración “no ha definido un procedimiento formal que regule de manera cíclica los procesos relacionados con el cierre contractual, la definición y revisión del nuevo modelo de prestación del servicio y su transición de nuevos prestatarios”.

Particularmente, dice que el Cosevi no tiene "un programa de trabajo que defina una estrategia oficial e integral, que incorpore elementos básicos de planificación como objetivos, metas, indicadores, cronograma actualizado de todas las acciones, incluyendo las fechas de inicio de la transición a los nuevos prestatarios del servicio, así como aquellas coordinaciones necesarias de cara al cierre contractual, la recopilación de datos u otros que la Administración considere incorporar, para su monitoreo y control".

En menos de un año, en julio de 2022 vence el contrato del servicio revisión técnica vehicular con la empresa Riteve, y todavía no está claro el futuro del servicio de revisión técnica en el país.

La Contraloría señala que no se cuenta con la identificación de los actores y actividades relacionadas a los subprocesos, en cada una de las etapas de planificación, ejecución y evaluación.

Uno de los mayores inconvenientes es que ya no puede hacer una ampliación del contrato con la empresa Riteve, debido a que llevan 20 años prestando el servicio y, además, la Ley de Tránsito contempló en su reforma del 2012 que debía abrirse el monopolio, es decir, que al menos dos empresas debían ofrecer el servicio en el país.

Por último se señaló que la Administración cuenta con “dificultad” para la recopilación y acceso de la información necesaria para el análisis.

Como parte de la planificación se tenía que establecer el modelo de fijación tarifaria según lo establecido en la Ley de la Autoridad Reguladora No. 7593 y la Ley No. 9078.

Sin embargo, el Cosevi todavía no cuenta con dicha información, pese a que se le solicitó desde el 2020.

"Esa Autoridad Reguladora ha indicado, durante la ejecución de la presente auditoria, que no cuenta aún con la información completa para la formulación del modelo y definición de la tarifa15. Lo anterior, a pesar, de que para el inicio del análisis y construcción del nuevo modelo regulatorio, esa Autoridad ha solicitado a la Administración, desde el 15 de abril del 2020".

La Contraloría además resaltó la importancia de que se tomen las acciones necesarias para el cierre del contrato actual y la incorporación del nuevo, tomando en cuenta “las lecciones aprendidas en 20 años de ejecución contractual”, con Riteve.

Presentar un plan

Como resultado de esta audiencia se le da al director ejecutivo del Cosevi, Edwin Herrera Arias, un mes para presentar un plan que incluya:

• La actividades que deben ser ejecutadas por la Administración del Cosevi.
• La remisión a la Junta Directiva de los estudios técnicos, jurídicos y financieros para su respectiva aprobación.
• Actividades de coordinación con la ARESEP en la entrega total de la información y definición de la tarifa del nuevo servicio.

Además, dentro de dos meses, deberá presentar una certificación que haga constancia de los avances de las actividades, este proceso se tendrá que hacer cada dos meses hasta el cierre contractual.

En un plazo de tres meses, tendrá que presentar un informe que haga constar la elaboración del análisis de riesgo y una certificación "en la cual se haga constar la implementación de las acciones y controles necesarios para mitigar los posibles efectos ante su materialización"

Camino incierto

La incertidumbre que se vive con el tema pone en riesgo la continuidad del servicio debido a que debe contemplarse el tiempo que se requiere para la publicación del cartel, apertura de la licitación, recibir ofertas, analizarlas y adjudicar a las elegidas. Además, se debe tomar en cuenta las posibles apelaciones que se presenten. Para completar todo esto queda menos de un año.

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Actualmente se analiza la posible distribución que tengan los equipos e instalaciones de la empresa española, los cuales, una vez vencido el contrato (el 15 de julio del 2022), pasan a ser propiedad del Estado. Así se estableció en la prórroga del contrato firmado en 2012 con Riteve, que brinda el servicio de forma exclusiva en el país desde el año 2001. Esta empresa tendrá la posibilidad de participar en la nueva licitación que se iniciará este año.