Convenciones colectivas quedarían sujetas a restricciones de gasto en reforma a empleo público

Las convenciones colectivas no podrán aumentar el gasto público a través de pluses salariales o beneficios extraordinarios. Así lo establecería una moción de acuerdo mayoritario construida por diputados de la comisión de Asuntos de Gobierno y Administración, que analizarán y votarán las últimas propuestas de cambios al proyecto de reforma al empleo público (expediente 21336), a partir de la próxima semana, de cara a su discusión final en el Plenario legislativo.

La moción busca cerrar cualquier portillo para que los acuerdos entre patronos y trabajadores aumenten las obligaciones estatales, en cuenta la posibilidad de que incluyan cuestiones referentes a la creación de nuevas plazas o de retribuciones monetarias.

Específicamente el texto de ley establece cinco prohibiciones textuales. Los acuerdos "no podrán generar nuevas obligaciones" ni "variar condiciones laborales" cuando se trate de salarios o remuneraciones, la creación de incentivos o compensaciones adicionales o la generación de nuevos puestos públicos. Tampoco podrán tocar asuntos que requieran una "erogación adicional" que afecten el presupuesto nacional o el presupuesto de la institución, ni contravenir otras normas de carácter prohibitivo incluidas en la nueva ley de empleo público en sí misma.

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"Las condiciones que se pacten en los instrumentos de negociación colectiva deberán respetar los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad, legalidad, igualdad y legalidad presupuestaria", agrega el texto. Además, agrega que se deberá levantar un acta de cada sesión de negociación de las convenciones, las cuales "se publicarán como máximo al finalizar el proceso, junto con un acta de cierre en la que se recogerá el texto completo de las cláusulas que fueron negociadas".

Esta moción se presentó con cinco firmas de diputados titulares de la comisión de Gobierno y Administración: Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Jorge Fonseca y Luis Fernando Chacón, del Partido Liberación Nacional (PLN); y los independientes Jonathan Prendas y Zoila Volio. Además, cuenta con respaldo de Rodolfo Peña, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del liberacionista Wagner Jiménez.

Aunado a esta reforma, otra moción de acuerdo mayoritario impulsada por todos los diputados de la comisión, establece que las nuevas normas aplicarían para todo el aparato estatal, incluidas las instituciones en competencia (que se encuentran fuera del ámbito de aplicación general de la norma de empleo público).

La moción también establece que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tendrá que publicar integralmente cualquier acuerdo colectivo que se negocie previo a su homologación final. Asimismo, señala que deberá verificar que estos documentos "reúnan y respeten" el correctos uso de fondos públicos y las obligaciones establecidas por ley.

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Mantener entidades

Los diputados de la comisión además acordaron una moción con apoyo mayoritario que mantendría casi intacto el ámbito de aplicación del proyecto. Es decir, se mantendrían cubiertas todas las entidades —entre ellas universidades públicas y Poder Judicial—, con excepción de los entes públicos no estatales y de las instituciones estatales en competencia (como los bancos públicos, el Instituto Costarricense de Electricidad o el Instituto Nacional de Seguros).

Estas últimas solo se incluirían en lo concerniente a principios fundamentales de la ley y, de aprobarse las mociones sobre convenciones colectivas, en materia de acuerdos obrero-patronales.

Tampoco se incluirían, dice la nueva moción de acuerdo, las instituciones públicas "cuyo marco jurídico en materia laboral se regule por derecho privado"; es decir, casos minoritarios como el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Corporación Bananera Nacional(Corbana) o el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé).

El proyecto de ley de empleo público ya atravesó su primero de dos turnos de propuestas de cambios en la comisión de Gobierno y Administración. En aquel momento se presentaron 302 mociones, de las cuales se aprobaron 74. Ahora, los diputados deberán revisar y votar el destino de otro grupo de propuestas semejante, y luego enviar el texto para su discusión final en el Plenario legislativo en primero y segundo debate.

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