Anna Katharina Müller asegura que "no estamos de acuerdo en dar un cheque en blanco a las universidades"
12/08/22 | 17:27pm
"Que pongan control y equidad a los salarios abusivos y se sujeten a la ley marco de empleo público, que entrará en vigor a principios del año entrante". Esta es una de las diez exigencias que el Gobierno traslada a las universidades en la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de cara al año 2023.
Así lo manifestó este viernes la titular del Ministerio de Educación Pública (MEP), Anna Katharina Müller, en una declaración transmitida desde Casa Presidencial. "No estamos de acuerdo en dar un cheque en blanco a las universidades a costillas de que las escuelas y colegios sigan en el apagón", aseguró.
La ministra realizó una serie de exigencias y explicaciones sobre el financiamiento de las universidades públicas, toda vez que en la segunda reunión de la Comisión de Enlace, celebrada este pasado jueves, no se llegó a un acuerdo al considerar los rectores "inadmisible" la propuesta del Gobierno.
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El Ejecutivo de Rodrigo Chaves, según mensajes internos y comunicados de las universidades Nacional (UNA) y de Costa Rica (UCR), propuso en dicha reunión recortar en aproximadamente un 23% el FEES de 2023 en comparación con el de este año, de forma que quedaría en ₡430.136 millones.
Sin confirmar esas cifras, Müller dijo este viernes que "estamos dispuestos a dialogar", pero que el Gobierno exige una serie de datos y medidas, avisando la ministra que "vamos a ser vehementes" en el cumplimiento de dichas demandas, las cuales se sintetizan a continuación:
Anna Katharina Müller señaló que su intención con la declaración de este viernes era "compartir algunas consideraciones que los costarricenses deben saber sobre el financiamiento a las universidades públicas", dado que "la Constitución de nuestro país establece que el presupuesto del sector educación es uno solo".
Esto quiere decir, explicó, que la partida cubre "la red de cuido, CEN-CINAI, preescolar, escuelas, colegios, colegios universitarios, el INA, las universidades y alrededor de unas 50 instituciones más", lo que sitúa al MEP y a los demás ministerios implicados en "un gran dilema", pues "todos los niveles de educación son importantes".
"¿A quién damos más, quitándole al otro?", se preguntó la ministra, recordando que "las escuelas y colegios viven una emergencia nacional" por estar en un estado "deplorable", con la infraestructura "en un nivel de deterioro sin precedentes" y docentes trabajando "literalmente, con las uñas".
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Asimismo, manifestó que algo que diferencia a las universidades de la educación básica es que ellas pueden cobrar matrícula y materiales, y venden servicios. "El MEP atiende a 1,2 millones de niños y jóvenes, mientras en las universidades lo que hay son 115.000 estudiantes", añadió.
Las necesidades de las universidades y de las demás instituciones educativas son diferentes, insistió Müller, que aclaró que "no estamos propiciando una lucha entre estudiantes del MEP y estudiantes de universidades", sino que se intenta "velar por los derechos de ambas poblaciones".
La titular de Educación también afirmó que "el presupuesto de las universidades viene creciendo de manera sostenida desde el año 2010, mientras que el presupuesto del MEP decrece, con los resultados pésimos en calidad educativa que estamos viviendo".
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La Comisión de Enlace, en la que negocian el MEP y los ministerios de Hacienda, Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), y Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), además de los rectores y un representante de las federaciones estudiantiles, se volverá a reunir el próximo martes 16 de agosto.
Está previsto que grupos de estudiantes universitarios se movilicen hacia Casa Presidencial ese día a las 9:00 a.m. para protestar contra el recorte planteado por el Gobierno, tal como ya adelantó la UNA.
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