1 de cada 5 beneficiarios del bono Proteger recibió más dinero del que correspondía, revela CGR

Uno de cada cinco beneficiarios del bono Proteger recibió más dinero del que le correspondía, así lo revela una Auditoría Operativa realizada por la Contraloría General de la República (CGR) al programa creado para ayudar económicamente a los más afectados por la crisis del Covid-19.

El estudio realizado señala que existen “serios problemas en la asignación de beneficiarios”, así se desprende del análisis de los bonos entregados entre abril y julio.

De acuerdo con los resultados de la Auditoría, al 20.4 por ciento de los beneficiarios se les asignó un monto superior al correspondiente, esto debido a que las personas recibieron el bono completo de ¢125.000 cuando se les debía asignar ¢62.500 porque no habían sido despedidos, sino que indicaron tener jornada de trabajo reducida.

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Esto representa, que los posibles pagos realizados de más a estas personas superan la cifra de ¢4.478 millones.

“Lo anterior lo ubica en un nivel bajo de eficiencia, con limitaciones en la distribución de los recursos, pues más personas se pudieron beneficiar dado los recursos disponibles en ese momento.

“Esto obedece principalmente a la ausencia de revisiones y validaciones a posterior con las bases de datos que identifiquen la afectación laboral como lo es Sicere”, indica el informe donde se revelan los errores en la asignación del tipo de beneficio y -también- se identifican casos donde no hubo continuidad de los desembolsos.

Este es el caso de 4.252 personas que (a julio anterior) habían dejado de recibir la ayuda económica sin existir una justificación, estas personas solo recibieron un bono.

Otra de las graves deficiencias detectadas en el informe fue la asignación de bonos a personas que tenían impedimentos para recibirlo.

De esta manera se destaca que el 16.4 por ciento de los depósitos realizados (entre abril y julio) se dieron a personas que podrían contar con los impedimentos establecidos en el mismo decreto ejecutivo que creó el Programa, entre ellos, los funcionarios públicos, pensionados, privados de libertad y personas que ya reciben otra ayuda sociales.

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La entrega de bonos a estas personas con impedimentos establecidos superaría los ¢7.490 millones transferidos de forma irregular.

Otro de los aspectos que se señala en la Auditoría es que existen casos que “reflejan niveles de riesgo de haber suministrado información errónea o inconsistente”, esto pudo ocurrir en un margen establecido de entre el 10.3 y 20.7 por ciento, lo que representa una posible entrega de bonos irregular por un monto de hasta ¢7.556 millones.

El análisis de la Contraloría incluye los bonos entregados entre abril y julio (533.869 personas beneficiadas) lo que representó un desembolso total de ¢164.606 millones.

Para ese momento las autoridades contaban con un presupuesto total de ¢255.954 millones, por lo que el informe determinó que “la asignación de los recursos presenta limitaciones significativas en aspectos tales como cobertura, focalización, distribución de recursos, calidad del programa y efectos generados en la población beneficiaria”.

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Ante los hallazgos del informe, la Contraloría emitió una serie de disposiciones que deben acatar las autoridades que han liderado el plan de entrega de ayudas en pandemia, es decir, la ministra de Trabajo, Giannina Dinarte y el Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Juan Luis Bermúdez.