Contraloría ordena a Justicia actualizar en cartel estudios que justifican peso máximo de tobilleras

La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Ministerio de Justicia y Paz (MJP) actualizar los estudios con los cuales justificó el peso máximo admitido de las tobilleras incluidos en su licitación internacional para la contratación de un servicio de vigilancia electrónica a 1.900 personas.

Esto luego de que el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa declarara parcialmente con lugar siete recursos de objeción planteados por igual número de empresas, que alegaron que sus dispositivos excedían los 130 gramos que la cartera fijó como peso tope y que por lo tanto no podían participar en el procedimiento 2021LI-000001-0006900001.

Las gestiones pertenecen a las compañías SOIN Soluciones Integrales S.A., Asesores I.S.E. de Costa Rica S.A., Sáenz Fallas S.A., Grupo Computación Modular Avanzada S.A., SPC Telecentinel S.A., Enersys Mva S.A., y Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A. Todas fueron abordadas en la resolución R-DCA-00319-2021 de la División de Contratación Administrativa, emitida este 16 de marzo.

En el primero de los casos, la empresa indicó que su dispositivo tiene un peso de 280 gramos y aportó cómo la competencia también tiene opciones con pesos que superan el definido por el Ministerio; sin embargo, la Contraloría determinó que la recurrente omitió demostrar técnica o científicamente cómo es que las dimensiones y el peso de su dispositivo no impiden la movilidad del portador, ante la posición asumida por Justicia y Paz, de que el máximo avalado en el cartel permite una adecuada movilidad al tiempo que es más confortable.

"No obstante lo anterior, lo cierto es que la administración también debe fundamentar sus decisiones y en ese sentido las mismas deben estar sustentadas en actos motivados con arreglo a criterios de técnicos, objetivos y valorando la trascendencia, proporcionalidad y razonabilidad de su decisión.

"Al respecto, en cuanto a los alegatos que tomó en consideración la institución para definir el peso máximo del dispositivo, sea que éste no supere los 130 gramos, esta División observa que de ellos no se desprenden con absoluta claridad cuál fue la metodología técnica y objetiva utilizada para definir ese peso máximo, pues de la información citada esto refiere a la necesidad que el aparato sea confortable, pero no cómo el peso determinado permite cumplir esa condición. Aunado a esto, se denota que la Administración refiere a documentos que tienen cierta antigüedad, de manera que no se aprecia que estos sean actualizados. En consecuencia, la Administración deberá incorporar al expediente los estudios debidamente motivados, que vengan a dar soporte (técnico, objetivo y de mercado) al requerimiento de admisibilidad o especificación técnica que se incorpore al cartel", señaló el ente adscrito al Congreso.

En la misma resolución, la División de Contratación Administrativa declaró parcialmente con lugar las objeciones planteadas por Geotecnologías S.A., la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), Buddi Limited, Grupo Visión Tecnologías de Costa Rica S.A. y Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A. por alegatos relacionados a la cédula jurídica requerida a compañías extranjeras.

También resolvió en ese sentido los recursos presentados por Geotecnologías y Telecentinel contra la cláusula de homologación de equipos así como las gestiones de la Empres de Servicios Públicos de Heredia y de Buddi contra las disposiciones de descuentos.

La Contraloría aclaró mediante su oficina de prensa que cuando una objeción es declarada con lugar es porque no se acepta de todo el argumento de la empresa recurrente, pero se identifican aspectos que la administración tiene que justificar con el respaldo necesario o, incluso, corregir el cartel.

Además, se declararon sin lugar -el punto objetado puede mantenerse tal cual- los alegatos planteados contra aspectos como: bandas del espectro, experiencia en monitoreo, estados financieros, apostilla, experiencia obtenida en consorcio y equipos usados. De igual manera, la cartera realizó aclaraciones en cuanto al sistema de vulneración, tijeras de metal y bloqueo de señal celular.

Consultado al respecto por AmeliaRueda.com, Justicia y Paz señaló que fue notificada la tarde de este 17 de marzo, por lo que apenas procedía a analizar lo resuelto.

En curso

El Ministerio publicó la licitación en cuestión el 2 de febrero pasado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). En ella pueden participar empresas nacionales y extranjeras.

La contratación -según el cartel- es por 48 meses y "no se encuentra sujeta a ningún tope económico" por tratarse de una licitación pública de "cuantía inestimable".

Como características, el cartel requiere un dispositivo de vigilancia electrónica con batería interna y externa -de larga duración y cargado rápido-, capaz de transmitir la ubicación del monitoreado en tiempo real. Este debe colocarse en las piernas del ciudadano a seguir sin inmovilizarlo y sin posibilidad de que este u otro la remuevan si no es por los medios formales.

También deberán proveerse su respectivos cargadores.

El oferente deberá tener disponibilidad para hacer una primera entrega de alrededor de 2.000 tobilleras, "demanda que podría aumentar o disminuir conforme a los requerimientos dictados por las autoridades jurisdiccionales", se establece en el anexo de términos de referencia.

Los dispositivos además deben contar con un certificado de homologación de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), de manera tal que se garantice que este posee una multibanda de frecuencia compatible con las bandas comerciales de las telefónicas Kölbi, Claro y Movistar.

Estos aparatos tampoco podrán generar quemaduras, alergias, laceraciones o daños al portador.

La especificaciones físicas exigen que la tobillera tenga un diseño anatómico, compacto y sin bordes afilados; con un peso máximo de 130 gramos así como correas fijas o ajustables con un rango de entre 15 y 35 centímetros de largo (aspecto sobre el que se pronunció la Contraloría).

El concurso señala que el dispositivo debe generar alertas en caso de pérdida de señal celular (GSM) o de geolocalización (GPS), descarga de batería parcial o total, ingreso a una zona de exclusión o egreso de una zona de inclusión, vulneración del aparato o intentos por falsear la ubicación de la persona. Todas esas advertencias deben ser visibles en el sistema de vigilancia.

La empresa ganadora además debe suministrar una solución tecnológica para la vigilancia de las personas que lleven las tobilleras, de manera que se pueda conocer su localización las 24 horas del día los 365 días del año. El software, al igual que la central de vigilancia que debe instalarse como parte del contrato, serán utilizada por la Unidad de Monitoreo Electrónico de la cartera.

De acuerdo con el cronograma señalado en el documento, las compañías tienen 60 días para presentar sus ofertas.

La ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, estimó la tarde del 3 de febrero que la selección del nuevo proveedor se llevará a cabo a final de año.

"Queremos que el dispositivo que se seleccione sea el que brinde, al mismo tiempo, la mayor seguridad y el mayor confort a la persona monitoreada. Queremos, también, una plataforma estable y robusta que mantenga conexión permanente con todos los dispositivos monitoreados y, a su vez, genere en tiempo real toda la información que requiere la institución y otros actores involucrados, como los juzgados de ejecución; todo eso dentro de un marco de servicio presencial y remoto que resuelva las consultas del equipo y los incidentes técnicos en el menor tiempo posible.

"Solo podrán ofertarse dispositivos que estén homologados por la Superintendencia de Telecomunicaciones y estamos solicitando demostrar solidez financiera para asegurar que la empresa adjudicada tiene la capacidad de acometer las inversiones iniciales que conlleva la puesta en marcha del servicio", manifestó en esa ocasión la jerarca.

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