Un tercio de funcionarios inhabilitados en la última década por CGR servían en municipalidades

Entre 2013 y 2023, la Contraloría General de la República (CGR) ha practicado 250 inhabilitaciones o prohibiciones de ingreso o reingreso a cargos públicos, de las cuales una tercera parte (82) han sido a funcionarios de municipalidades, según un reporte del órgano contralor remitido a petición de AmeliaRueda.com.

Durante la última década se han registrado 84 de estas sanciones en el régimen municipal. Los ayuntamientos que más funcionarios castigados acumulan en este periodo son los de Nicoya, Talamanca y Corredores.

Según los datos de la CGR, casi cuatro de cada diez municipalidades en el país han tenido al menos un funcionario inhabilitado. La lista de los gobiernos locales con más sanciones de este tipo sigue con Zarcero (con 6), Santa Bárbara de Heredia (3), y El Guardo, Jiménez, Turrubares y Osa (con dos cada uno).

La prohibición de ingreso o reingreso a cargos públicos se aplica con base en el artículo 72 de la Ley Orgánica de la CGR, que establece esta prohibición a quienes hayan sido declarados culpables de haber cometido un delito o una falta grave a las normas de fiscalización del órgano contralor.

Grosso modo, las inhabilitaciones de este periodo han sido por un periodo promedio de tres años y cuatro meses, pero tienen un plazo mínimo de dos años y máximo de ocho.

De las 250 inhabilitaciones practicadas en los últimos diez años, 55 corresponden a instituciones ligadas al Poder Ejecutivo. El Ministerio de Seguridad Pública (MSP), con diez sanciones de este tipo, seguido del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), con nueve, son los más recurrentes en este rubro.

También ha habido siete funcionarios inhabilitados en el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), y seis en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Hacienda y Concesiones registran cuatro, y el MOPT dos.

En relación a las instituciones autónomas, destacan diez prohibiciones de ingreso o reingreso a funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), tres en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y cuatro en el Banco Nacional, por mencionar algunas.

No obstante, es la institución semiautónoma Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de Puntarenas (Judesur) la que más inhabilitaciones posee en la última década, con 18. Le sigue la Corporación Hortícola Nacional, con 15, y remata el Fondo de Apoyo para Educación Superior y Técnica del Puntarenense, con 12.