Contraloría insiste en revisar obligaciones presupuestarias de ley, incluso educativas y judiciales

Revisar todos los presupuestos establecidos por mandato legal (conocidos como destinos específicos) es una de las principales recomendaciones que la Contraloría General de la República realizó en su más reciente informe técnico sobre el proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2021.

La Contraloría General advirtió que, si bien se pueden realizar revisiones presupuestarias para disminuir el gasto público, es todavía más apremiante revisar los destinos específicos, que solo este 2020 obligarán al Estado a "amarrar" ¢8,26 de cada ¢10 de sus ingresos corrientes para financiar gastos sin importar qué tan racionales sean en momentos de escases.

Según la entidad, la revisión debería realizarse incluso en el caso de los destinos específicos constitucionales; es decir, en el 8% del PIB para la educación pública, en el 6% de los ingresos ordinarios del Estado que financian al Poder Judicial y em el 0,19% del PIB para la deuda política.

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"En el contexto actual de crisis se vuelve imperioso revisar las asignaciones presupuestarias incluidas con motivo de la incorporación de los Órganos Desconcentrados; así como revisar las asignaciones existentes, incluidas las de rango constitucional, de manera tal que respondan a principios fundamentales de gasto público".

"La rigidez que estas asignaciones imprimen sobre el Presupuesto constituye un problema estructural, que debe atenderse en el contexto de la discusión sobre reforma del Estado costarricense", redactó el ente contralor.

La Contraloría recordó que, entre destinos específicos de ley y de constitucionales, el país tendría que destinar ¢4,25 billones en 2020. Esta cifra corresponde a un 11,9% del PIB y a un 82,6% de los ingresos corrientes estimados para el próximo año (¢5,17 billones).

Asimismo, recordó que la mayor presión la imprimen principalmente los destinos específicos constitucionales; los cuales representan un 76,7% de los gastos rígidos del Estado.

Solo en materia de educación, el Gobierno destinará ¢2,79 billones en 2020, una cifra representa el 7,8% del PIB y más de un 65% de las obligaciones de ley, a pesar de que decrece un 2,1% en relación con el presupuesto vigente.

Este presupuesto ya incluye los recursos para las universidades a través del Fondo Especial para la Educación Superior, un compromiso no constitucional que distintas administraciones fijaron en un 1,5% del PIB, y que solo en 2020 representaría erogaciones por unos ¢524.215 millones.

En el caso del Poder Judicial, se destinarán ¢462.705 millones, lo cual se traduce en un 1,3% del PIB y supera el mandato constitucional, pues representa un 9% de los ingresos corrientes del Estado, a pesar de que también cae en un 2,1% en comparación con el presupuesto de 2020.

En el caso de los destinos constitucionales, cualquier reforma tendría que desarrollarse en el mediano plazo. Como se tratan de mandatos incluidos en la Carta Magna únicamente pueden variarse por reformas a la misma, las cuales siempre deben desarrollarse en procesos que tardan más de un año.

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El problema de fondo

La CGR puntualizó que este tipo de destinos específicos implican un enorme obstáculo a la hora de aplicar el principio de "flexibilidad presupuestaria", una piedra en el zapato que ya ha sido mencionada por distintas entidades internacionales.

De hecho, citó a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que recientemente destacó la "limitada" capacidad del Gobierno costarricense para asignar su gasto presupuestario a "necesidades cambiantes".

Además de los destinos específicos constitucionales, la CGR también realizó señalamientos sobre algunos destinos específicos legales como los derivados de impuestos a los combustibles y a la tenencia de vehículos para el financiamiento del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y otros órganos desconcentrados, sobre los cuales dijo que existe la oportunidad de realizar mayores ajustes según permite la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada a finales de 2018.

Dicha ley facultó a "presupuestar y girar los destinos específicos legales considerando la disponibilidad de ingresos corrientes, los niveles de ejecución presupuestaria y de superávit libre de las entidades beneficiarias" cuando la deuda pública del país superase el 50% del PIB, como ocurre actualmente.

Según la CGR, "el riesgo asociado a las proyecciones de ingresos fiscales para 2021, así como del acceso a financiamiento, condiciona la capacidad del Ministerio de Hacienda para hacer frente a sus obligaciones de gasto, incluidas las asignaciones presupuestarias en materia de destinos específicos".

"La mayoría de los destinos específicos del Proyecto de Ley de Presupuesto no poseen una fuente de financiamiento identificable, como es el caso de los establecidos constitucionalmente, en contraposición a los principios fundamentales de gasto público, lo cual conlleva a que sean atendidos con ingresos de tipo corriente o endeudamiento; agravando aún más la compleja situación fiscal que atraviesa el país", concluye el análisis.

Actualmente, el país se ve asfixiado por un desequilibrio entre sus gastos y sus ingresos de ¢1,4 billones (sin contar intereses), de los cuales casi ¢1 billón corresponden a impactos de la pandemia del SARS-CoV-2.

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