Contraloría rechaza presupuesto 2020 a 'U' públicas por incumplir requisito

La Contraloría General de la República (CGR) archivó el presupuesto de 2020 que tramitaron las cinco universidades públicas del país (UCR, UNA, UNED, ITCR y UTN) y del Consejo Nacional de Rectores (Conare) debido a que incumplió con la presentación de información solicitada.

La disputa se da debido a que las centros educativos se negaron a entregar una "copia de sus presupuestos ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) para que ésta verifique y certifique ante la Contraloría General el cumplimiento de la regla fiscal", informó el órgano controlador en un comunicado de prensa.

Este es un proceso que se encuentra en el artículo 19 de la Ley Finanzas Públicas aprobado el año anterior por la Asamblea Legislativa.

Debido a ello, ahora las universidades deberán trabajar el próximo año con el mismo presupuesto de 2019.

Para 2020, el Gobierno había acordado un presupuesto ¢548.459 millones para las universidades. El del año pasado fue de ¢512 mil millones.

Mano a mano

La Contraloría explicó que pese a los reiterados intentos para que las universidades enviarán la documentación siempre recibieron una explicación del por qué no lo hacían.

"El 6 de setiembre de 2019, la STAP comunica a las universidades públicas su obligación de presentar la información que se solicitó a todas las instituciones del sector público no financiero mediante el STAP-CIRCULAR-1453-2019 del 23 de agosto de 2019. Recalca que esa información es necesaria para certificar el cumplimiento de la Regla Fiscal e indica que de no presentarla, se certificará a la CGR el incumplimiento del artículo 19 del título IV de la Ley N.° 9635", explicó la entidad.

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Ante ello las universidades contestaron que: "El 13 de setiembre de 2019 (oficio OF-CNR-2015-2019) el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) acusa recibido del oficio de la STAP (STAP-1595-2019) y comunica que acuerdan no presentar los presupuestos universitarios a la STAP".

El 24 de setiembre, la CGR le da una última oportunidad de enviar la información a los centros educativos y le pone como fecha límite el 30 de setiembre para que los presente.

"El 29 de noviembre la Contraloría General de la República le comunica a las universidades que recibió el oficio STAP-2078-2019 en el que esa Secretaría Técnica establece que le resultó imposible emitir la certificación sobre el cumplimiento de la regla fiscal", explicó la Contraloría.

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Tras esa respuesta, los rectores responden el 4 de diciembre "que se encuentra pendiente de resolución la acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley N.° 9635 y que el presupuesto de las universidades se encuentra regulado por el artículo 84 y 85 de la Constitución Política. Por esas razones, comunican que no remitirán la información requerida".

Es por ese motivo que la Contraloría revolvió no tramitar los presupuestos iniciales de estas universidades y del Conare, ya que tras la aprobación de la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas la certificación del cumplimiento de la regla fiscal es un requisito necesario para la aprobación del presupuesto.

Además, la entidad recordó que pese a existir una acción de inconstitucionalidad en la Sala Cuarta sin respuesta, la normativa todavía debe ser atacada.