Consulta "urgente" a la Contraloría sobre aumento salarial en la CCSS, propone presidenta ejecutiva

Dada la complejidad de la situación y la existencia de un conjunto de criterios jurídicos y antecedentes disponibles sobre la política salarial de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, propuso este jueves a la junta directiva consultar el criterio de la Contraloría General de la República (CGR).

"Debido a la situación delicada que suscita el acuerdo del aumento general de salarios correspondiente al año 2020, determino que es necesario y urgente someter a valoración de la Contraloría General de la República este caso, a efectos de que la institución cuente con el debido criterio de ese órgano contralor", instó Esquivel al cuerpo de gobierno de la CCSS.

Así consta en el oficio PE-2664-2022 de la presidencia ejecutiva, el cual tiene fecha del miércoles 12 de octubre pero fue presentado ante los demás miembros de la junta directiva este jueves 14, día en que el órgano sesionó de forma ordinaria. No obstante, la propuesta solo se conoció y no se votó, confirmaron dos representantes del órgano colegiado.

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A lo largo de 27 páginas, Esquivel esgrime las razones por las que "surgen diversas inquietudes en torno a si resultaba necesario actuar con mayor cautela, ordenar las valoraciones técnicas de la institución y revisar detenidamente la eventual decisión" de aumentar el salario a más de 60.000 funcionarios y pagar el retroactivo hasta 2020.

Además de citar la regla fiscal y otros antecedentes jurídicos, así como criterios previos de la CGR y la Procuraduría, Esquivel rescata un acuerdo adoptado por la junta en octubre de 2012, que indicaba se podrían aplicar incrementos salariales establecidos por decretos ejecutivos si se ajustaban al costo de la vida y a las "posibilidades financieras" de la CCSS.

En función de ese acuerdo de 2012, la jerarca expuso a los directivos que "la CCSS había sostenido, desde hace más de una década, la decisión de apegar su política salarial a las disposiciones decretadas por el Poder Ejecutivo en esa materia", por lo que la decisión de aumentar el salario este año "puso en contradicción la propia línea sostenida" por la junta.

La CCSS "en una encrucijada"

Esquivel considera que la institución había seguido una "línea cautelosa" con respecto a supeditar su política salarial a la coordinación con el Gobierno, incluso aprobando en la junta directiva en noviembre de 2020 un acuerdo para no cancelar un aumento salarial en 2021 y esperar a la comunicación del Estado para valorar el de 2022.

Ese acuerdo "no solo sostuvo la política institucional que desde tiempo atrás había implementado la CCSS, sino que enfatizó que para el año 2022, el posible aumento se haría según el direccionamiento girado en esa materia por el Poder Ejecutivo. Es decir, se tuvo claridad que era necesario esperar la actuación coordinada con el Poder Ejecutivo", escribió.

Además, la jerarca recuerda que, si bien el Gobierno decretó un aumento salarial para el sector público a finales de 2019, también es cierto que lo suspendió en abril de 2020 por motivo de la pandemia. Por ello, el acuerdo de la junta de la CSSS para no pagarlo "se dio de manera atinada y consecuente con la suspensión emitida por el Poder Ejecutivo".

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Es por todo esto que el acuerdo adoptado el pasado 8 de septiembre, cuando la junta directiva aprobó aplicar —ahora sí— el aumento decretado en 2019 y suspendido en 2020, se tomó "inobservando su propia medida" de noviembre de 2020 "respecto de esperar la comunicación del Estado sobre el aumento salarial para el año 2022".

A juicio de Esquivel, el aumento salarial en el sector público seguía "suspendido" el pasado 8 de septiembre, cuando la CCSS acordó aplicarlo. "Al separarse de dicha suspensión, la junta directiva desaplicó tácitamente su propia decisión de mantenerse en la línea salarial dada por el Poder Ejecutivo" e "inobservó la coordinación intersubjetiva en esta materia".

"Esta decisión incide en el proceso destinado a alcanzar la buena gestión de las finanzas públicas y coloca a la institución en una encrucijada sobre su propia sostenibilidad financiera; sin obviar, las implicaciones para garantizar los derechos prestacionales a cargo de la institución", añade el oficio de la presidencia ejecutiva.

Nuevo decreto

En su mensaje de este jueves 13 de octubre a la junta directiva, Marta Esquivel hace alusión a un nuevo decreto sobre los aumentos salariales en el sector público, el cual fue colgado en un alcance de La Gaceta el pasado miércoles 12 de octubre por la tarde. Se trata del decreto número 43732-H-MTSS-Mideplan, que deroga el aumento salarial decretado en 2019.

Como informó AmeliaRueda.com, este nuevo decreto suprime el decreto de 2019 sobre el alza de salarios públicos y el de 2020 que suspendió dicho aumento por la crisis provocada por la pandemia. El Gobierno explica en dicho documento que toma esta decisión en aras de "racionalizar el uso de los recursos" y aplicar la regla fiscal de manera "estricta".

Para Esquivel, este nuevo decreto representa para la junta directiva "la posibilidad de encaminar nuevamente su política salarial hacia el sendero de responsabilidad fiscal y planificar la debida ejecución del aumento salarial para el año 2024, en los términos dados por el Gobierno Central sobre dicho direccionamiento salarial".

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