Abogado constitucionalista: método del PAC para pagar estafa es “legal, pero no moral”

El abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle interpreta que el método que usa el Partido Acción Ciudadana (PAC) para pagar ¢200 millones a la Procuraduría General de la República (PGR) como parte de la condena de estafa que recibió en el 2016, es “legal, pero no moral”.

¿Qué está haciendo el PAC para pagar una primera parte de la estafa por daño social al Estado?

Según lo reconoció el propio partido político en un comunicado de prensa difundido este lunes, la agrupación recibe las donaciones privadas de personas físicas, con ello paga gastos como alquileres, servicios públicos y otros y luego busca que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le reembolse esos gastos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96 de la Constitución Política y gracias a ese reconocimiento han pagado los primeros ¢200 millones.

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“La aplicación de este principio (el artículo constitucional) da pie a que los partidos políticos conformen mediante donaciones y/o préstamos un fondo de trabajo con el cual pagar previamente todos sus gastos”, indicó el partido en el comunicado del PAC.

Según la agrupación, han logrado recaudar donaciones en efectivo por ¢950 millones desde el año 2006.

“Posteriormente, mediante el mecanismo de liquidaciones, los partidos solicitan ante el TSE el reembolso de esos gastos que fueron previamente pagados con aportes privados, recuperando de este modo la liquidez del fondo de trabajo”, explicó la agrupación.

“El pasado mes de julio, el partido recibió un reintegro parcial de gastos, con lo cual se completó la liquidez necesaria para hacer frente al pago a la Procuraduría. Subrayamos que ninguno de los gastos reintegrados por el TSE corresponde al pago de la sentencia, por lo que el partido ha cumplido su compromiso de que tal pago no se cargará a la contribución estatal”, interpretó el PAC sobre su actuar.

Este medio le consultó a Hernández, si el partido se vale de un portillo en la ley para pagar la estafa.

“En primer lugar, nunca se previó que un partido fuera a cometer una estafa”, afirmó el abogado constitucionalista. “Claro que es poco ético, pero está permitido, es decir, desde el punto de vista legal no hay objeción, pero sí el partido debería de mostrar quién hizo esas donaciones y los montos. Es legal, pero es antiético”, enfatizó.

Defienden actuar

¿Por qué el PAC no usa el dinero de las donaciones directamente para pagar la estafa?

Esa fue la consulta que se le envió al secretario general del PAC, Anthony Cascante. Preguntas que se enviaron por escrito, ya que la encargada de prensa del partido dijo a AmeliaRueda.com que Cascante no tenía tiempo para responder vía telefónica, ni tampoco de forma presencial.

“El financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica es un sistema mixto con aportes tanto del Estado como de particulares y opera mediante el mecanismo de reintegro de gastos. Esto implica que necesariamente los partidos deben usar las donaciones para financiar los gastos que la normativa electoral reconoce como válidos. Por eso, las donaciones recaudadas por el partido están invertidas en liquidaciones de gastos esperando su reintegro”, indicó el secretario general del PAC.

“Una vez reintegradas, el partido puede decidir si utiliza ese dinero para pagar nuevamente gastos redimibles o si lo utiliza para otros fines, como en este caso el pago a la Procuraduría, con lo cual el partido pierde ese patrimonio de manera definitiva, porque no se solicitará reintegrar ese desembolso mediante el mecanismo de deuda”, agregó.

Cabe señalar que el PAC no solicita que se le reintegre el pago por la estafa, porque ya el TSE ha dicho que eso no es un gasto redimible de deuda política, aunque en el 2017 la agrupación sí intentó pagar la deuda con deuda política, cuando pidió al Tribunal reservar ¢352 millones del rubro de capacitación y organización de la deuda política del 2014, petición que fue rechazada.

Este medio también preguntó a Cascante si no considera como una falta moral el método de pago que están aplicando para pagar la condena.

“No vemos ninguna falta ética o moral al pagar la sentencia con dineros provenientes de donaciones de particulares que se han recibido en forma pública y transparente”, respondió.

Recursos forman parte del patrimonio

¿Cómo interpreta el tema el TSE? Según comentó Ronald Chacón Badilla, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal, la ley es clara en que una vez la liquidación de gasto a los partidos es reconocida por el Tribunal, ese dinero forma parte del patrimonio de cada agrupación.

“Una vez que esos recursos pasan a formar parte del patrimonio de la agrupación, las decisiones que tome el partido político sobre el destino que le dé a esos recursos recaen únicamente en el partido político y el TSE no interviene, salvo en lo que tenga que ver con la fiscalización”, señaló.

Eso quiere decir que el PAC y cualquier otro partido político que liquide gastos de la reserva para gastos permanentes de organización y capacitación política, que se reconocen por ley, puede utilizar esos recursos para el pago de deudas, salarios, alquileres, en realidad en lo que sea.

“Es el ciclo natural en que están los partidos políticos procediendo con las liquidaciones de sus gastos, es un mecanismo legítimo”, agregó Chacón.

En el caso particular del partido oficialista, según datos del TSE, ha recibido liquidaciones trimestrales por la campaña municipal del 2020 por ¢576.423.854.

Chacón explicó que el pasado 16 de agosto el PAC reportó al Tribunal el pago que hizo a la Procuraduría por ¢200 millones, por lo que el 20 de agosto se le solicitó al partido el detalle de las fuentes de recursos que permitieron hacer ese pago.

La información financiera que deben presentar los partidos trimestralmente al TSE (en este momento corresponde al periodo julio-agosto-septiembre), según la ley, indica que se presente hasta el 1 noviembre, y como el pago se hizo en agosto, el TSE de forma proactiva está solicitando esa información al PAC de forma anticipada.

“Faltan mucho para esa fecha y por eso se estimó importante contar con los datos precisos de las fuentes de financiamiento de esos ¢200 millones, lo cual lo podríamos tener el 1 de noviembre, pero dada la relevancia del caso, es importante precisar la fuente desglosada de esos fondos”, comentó Chacón.

El TSE dio un plazo de 10 días al PAC para entregar esa información, que vence el próximo 3 de septiembre.

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