Congreso aprueba traslado de ¢75.000 millones del INS para subsidios por Covid-19

El Instituto Nacional de Seguros (INS) recibió esta tarde la primera de dos aprobaciones que necesita por parte del Congreso para redirigir ¢75.000 millones de su patrimonio a la atención de la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19, “exclusivamente" en materia de subsidios para las personas que se han visto afectadas económicamente por la emergencia.

51 legisladores votaron favorablemente el expediente 21.908, impulsado por el Ejecutivo para que el INS pueda realizar el desembolso, el cual se tendría que hacer efectivo en plazo máximo de un mes, contado a partir de la entrada en vigencia del proyecto de ley.

El Gobierno asegura que la operación no pone en peligro la estabilidad del Instituto. Por el contrario, sostiene que “la reducción no presenta técnicamente una afectación a las condiciones regulatorias necesarias para su operación”.

La iniciativa es parte de un paquete de proyectos que impulsa el Poder Ejecutivo desde finales de marzo, con el objetivo de acumular recursos para financiar la atención de la emergencia por el Covid-19.

Especialmente, se busca dar recursos para el pago de los bonos 'Proteger', el mecanismo de subsidios ideado para suplir al menos las necesidades alimentarias de las personas que han sufrido reducciones en sus ingresos producto de la crisis económica causada por la pandemia del Covid-19.

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Junto con el proyecto del INS, ya se había aprobado definitivamente una ley para fijar los precios de las gasolina súper y regular, y aprovechar la caída en el precio internacional del petróleo; el cual permitiría acceder a ¢28.000 millones. Además, se impulsa el texto —todavía sin aprobar— para redirirgir ¢139.000 millones en superávits estatales hacia el pago de otras necesidades ocasionadas por la situación de emergencia.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, explicó, a inicios de abril, que todos estos proyectos son necesarios para evitar un mayor déficit del Estado, que podría ascender al 10% del PIB si no se buscan nuevos ingresos y si no se aprueba un paquete de financiamiento internacional.

Según declaró, un mayor endeudamiento interno y una caída de ¢975.000 millones en los ingresos estatales por la crisis hacen "imprescindible" la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos.

‘Caja chica’

La aprobación del proyecto para acceder a los ¢75.000 millones del INS ocurrió después de que se votó una moción de texto sustitutivo, impulsada por la diputada del PLN, Silvia Hernández. Dicha moción estableció dos medidas excepcionales, don el objetivo de que el INS pueda recuperar el dinero que dará al Gobierno en los próximos años.

Para ello, se facultó al INS para que capitalice los excedentes por el el Régimen de Riesgos del Trabajo; así como para que omita la contribución del 10% de sus utilidades que realiza al Estado, por indicación del artículo 80 de la Ley de Protección al Trabajador.

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Según la diputada Hernández, esta medida era necesaria para evitar que el Instituto se convierta en una “caja chica” del Estado, que termine empleándose para financiar “objetivos que no son propios de la razón de ser de esa entidad”.

Hernández señaló que la entidad debe tener acceso a su patrimonio para enfrentar retos futuro, pero que el Gobierno también impulsa iniciativas (los expedientes 21.671 y 21.771) para girar parte de su patrimonio a instituciones como el Consejo Nacional de la Producción (CNP) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).