Iniciativa obtuvo el apoyo de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y el oficialista Acción Ciudadana
Paulo Villalobos, Luis Ramírez Salazar y Alonso Mata
05/10/18 | 17:19pm
Con oposición de organizaciones sindicales en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa, el Congreso aprobó este viernes el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La iniciativa tuvo 35 votos a favor y 22 en contra; quienes lo apoyaron fueron las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), la iniciativa superó los 29 votos que requería para el primer debate, el paso más firme que ha logrado dar la reforma al sistema tributario.
En contra se manifestaron Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN), Frente Amplio (PFA); también votaron en contra la socialcristiana Shirley Díaz, las liberacionista Franggi Nicolás y Paola Valladares, y el republicano Dragos Dolanescu.
El visto bueno se dio pese a un informe del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos que señaló que el texto debía enviarse a consulta a una serie de instituciones, entre ellas el Poder Judicial, Aresep y Banco Central; y que varios legisladores, por ejemplo José María Villalta, alertaron que esto podría generar un vicio de nulidad. No obstante, la presidente del Congreso, Carolina Hidalgo, manifestó que las consultas se podían hacer luego del primer debate.
Antes de la votación, el plan fiscal debió superar un extenso camino que inició en el periodo constitucional anterior (2014-2018), cuando la conformación de ese entonces en el Parlamento dotó al expediente 20.580 de un procedimiento especial que abrevia los tiempos de discusión.
Ese trámite, contenido en el artículo 208 bis. del Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL), también constituía una comisión -que llevó el nombre del proyecto- en la cual se habilitaron los únicos dos espacios para la presentación de mociones para cambiar por el fondo la iniciativa.
Aquellas propuestas que fueron rechazadas en el foro se conocieron en 373 mociones de reiteración durante la última semana en el pleno de 57 diputados.
Con esos procesos finalizados, los congresistas entraron a discutir y finalmente votar el expediente.
La reforma fiscal ahora deberá ser enviada a consulta al Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el sistema bancario nacional, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), los gobiernos locales, las instituciones autónomas, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Corte Suprema de Justicia, según lo establecido por el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos en el informe AL-DEST- IJU -110 -2018.
Además, será revisado por los magistrados de la Sala Constitucional por hasta un mes.
Esas consultas suspenderán el trámite del plan en la corriente legislativa.
Una vez culminado ese periodo, se valorarán las recomendadas de las entidades citadas y se podrá agendar el segundo debate, que en caso de ser aprobado requerirá la firma del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, para convertirse en ley.
La decisión de los legisladores se dio en el vigésimo sexto día de la huelga convocada por los colectivos Patria Justa y Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco), el cual sacó a una parte del sector público a las calles como medida de presión contra la propuesta.
Dicho movimiento protesta ha ocasionado altercados en los que se pusieron en riesgo la seguridad del mandatario Carlos Alvarado Quesada, y la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo Herrera.
Las manifestaciones también estuvieron marcadas por concentraciones en Cuesta de Moras así como por bloqueos en carretera nacionales clave, como en las vías que conectan a la capital San José con las restantes provincias, los cuales han requerido reiteradas intervenciones policiales con presencia de antimotines y uso de gases lacrimógenos.
Sectores opuestos al texto aprobado este jueves señalan que este resulta perjudicial para las clases trabajadoras y condescendiente con los empresarios.
El proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es una iniciativa impulsada por el Gobierno de la República que plantea la ampliación de los contribuyentes con el objetivo de generar recursos frescos, acompañados por medidas para combatir la evasión y para contener el gasto, con el objetivo de palear un déficit que el Ministerio de Hacienda estimó para 2017 en un 6,2 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Dentro de los principales cambios, destaca que transforma el Impuesto General de Ventas al Impuesto al Valor Agregado con el fin de gravar el sector de los servicios (prácticamente exentos en la actualidad).También establece un tributo del 1% a la canasta básica.
La iniciativa adicionan una escala del 20% a las remuneraciones mayores de ¢2,1 millones y del 25% para los montos superiores a los ¢4,2 millones.
Otras de las modificaciones es que prohíbe la inclusión en declaraciones de renta de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en “paraísos fiscales”
Además establece la Regla fiscal y congela los salarios superiores a ¢4 millones y las dietas de las juntas directivas institucionales por dos años.
Crédito de fotografía: Minor Solís Calderón (Asamblea Legislativa).
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