​"No hay conflicto de intereses": Chaves sobre vínculo de financista de campaña con Puerto Caldera

Es "falso" que haya un conflicto de intereses en la negociación que emprenderá el Gobierno para extender por cinco años el contrato con la concesionaria de Puerto Caldera, que es participada por una empresa vinculada a la familia de Calixto Chaves, consejero del presidente y financista y jefe de su campaña electoral. Así lo defendió Rodrigo Chaves este miércoles en conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno.

"No hay conflicto de intereses. El señor [Calixto Chaves] no es socio", afirmó el mandatario después de que se expusiera en los medios de comunicación el nexo entre el empresario y la concesión de Puerto Caldera. Los hijos y la esposa de Calixto Chaves son los accionistas de Logística de Granos S.A., que tiene un 19% de los títulos de la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC), la cual administra y opera el mencionado puerto del Pacífico.

Calixto Chaves y su hijo, José Pablo Chaves Zamora, compraron más de ₡280 millones en bonos de la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PSD), con el que Rodrigo Chaves aspiró y consiguió la presidencia. Calixto Chaves dijo, unas semanas antes de la segunda ronda electoral que le dio la victoria al candidato de la agrupación, que él era la "mano derecha" del ahora presidente y que era el "responsable de todo" lo relacionado a su campaña.

Asimismo, José Pablo Chaves Zamora es el secretario de la junta directiva de la SPC, el consorcio con el que el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) negociarán una ampliación de contrato para resolver la "crisis" ocasionada por la saturación del puerto. Así consta en el Registro Nacional y así lo confirmó José Pablo Chaves Zamora a este medio, aunque dijo que él no se sentaría a negociar personalmente.

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A raíz de las informaciones publicadas al respecto, el presidente Rodrigo Chaves cargó este miércoles contra algunos medios de comunicación que informaron que él "le quiere regalar" a Calixto Chaves y su familia una ampliación del contrato de Caldera. "Don Calixto Chaves no es socio de esa empresa", señaló, tal como había confirmado horas antes AmeliaRueda.com. "Y, aunque lo fuera, yo mantengo las cosas a suficiente distancia para que se mantengan asépticas", apostilló.

El mandatario no respondió la consulta de este medio sobre si sigue estudiando la posibilidad de incluir a Calixto Chaves en su Gobierno, tal como lo afirmó en una conferencia de prensa el pasado 1 de junio. En aquel entonces, Rodrigo Chaves manifestó que su consejero "no quiere un salario" proveniente de la administración del Estado, "entonces estamos discutiendo una posición ad honorem".

"Un evento de casualidad"

Calificando como "un evento de casualidad" que personas vinculadas a su campaña electoral sean parte interesada en la negociación de la extensión del contrato de Puerto Caldera, Rodrigo Chaves argumentó que giró la instrucción de renegociar la concesión porque "no voy a permitir que Costa Rica sufra más de lo que ya está sufriendo y que se malinforme al pueblo costarricense sobre la realidad de las cosas".

Fiel a su estilo confrontativo con la prensa, acusó a algunos medios de comunicación —esta vez sin dar nombres—, el presidente tildó de desinformación y tergiversación el enfoque noticioso de sus vínculos con la familia de Calixto Chaves. "Yo no quiero darle nada a nadie. A mí llegaron 10 cámaras de productores, de importadores, de graneleros, de comerciantes, de industriales diciendo 'presidente, el puerto está colapsado'", explicó.

Adicionalmente, el mandatario insistió en que tomó esta decisión por emplazamiento de los empresarios, no por agencia propia. Fue conversando con distintas cámaras empresariales que le recomendaron la medida que finalmente anunció: negociar una extensión por cinco años del contrato con la SPC, y paralelamente gestionar una nueva licitación para concesionar el puerto una vez que ese periodo haya terminado.

De la misma forma que lo dijo el pasado lunes, cuando hizo este anuncio, Rodrigo Chaves ve necesario que esa ampliación del contrato con la SPC tenga como condición la inversión en mejoras "paliativas" que ayuden a mitigar el colapso del puerto, que según las autoridades competentes está actualmente saturado en un 90%.

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El plan también contempla que, con este movimiento, se puede paralelamente ir trabajando en una nueva licitación para proyectar mejoras en el puerto a largo plazo. El objetivo, dijo el lunes el presidente, es no "heredarle" esta crisis al próximo Gobierno, como reprocha que se la hayan heredado al suyo.

Le apoyó en este sentido José Álvaro Jenkins, el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), quien estuvo presente en la conferencia de prensa junto a responsables del Gobierno. Jenkins afirmó que se le explicó al anterior Gobierno sobre esta situación y "nada pasó". También reveló que el país pierde $100 millones al año por los problemas que enfrenta la estructura portuaria.

Por su parte, el presidente Chaves adelantó que él no participará en las negociaciones con la SPC. "Invité a la contralora a que nos dé el consejo necesario, a pesar de que ella no debe ni puede coadministrar, para que la negociación no sea limpia, sea aséptica, y que ella vea el proceso para poder dar el refrendo porque yo no puedo firmar nada sin que la Contraloría esté de acuerdo. Es más, ni siquiera lo voy a firmar yo", dijo.

Por lo demás, el jefe del Ejecutivo rechazó cualquier "insinuación" de que "le estoy haciendo un favor a una persona que es un accionista minoritario de la empresa de la concesión". "Eso es mentira, porque hay una persona que sí, compró bonos [de la campaña del PSD] como inversión por un monto muy pequeño de dinero, y que sucede y ocurre que tiene una participación accionaria muy pequeña en esa empresa".