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Marchamo

Condonarán 985 mil marchamos atrasados tras aprobación de proyecto en segundo debate

​Dueños de automotores podrán ponerse al día con solo pagar el derecho de circulación del 2022

18/01/22 | 11:22am

Los diputados acordaron este martes dar el aval final a la condonación de 985 mil marchamos atrasados, tras aprobar en segundo debate el expediente 22.687 con el voto unánime de 42 legisladores presentes.

Este proyecto establece un transitorio de tres meses para que aquellos propietarios de vehículos que por alguna razón mantengan marchamos atrasados puedan ponerse al día con solo pagar el derecho de circulación del 2022.

La condonación será total del principal, ajustes, intereses, multas y sanciones.

Es decir, no importa la cantidad de marchamos que la persona deba, si en el lapso de los tres meses siguientes se cancela el marchamo de este año, pondrá al día el automotor con este requisito para poder circular

El expediente fue presentando por el diputado oficialista Luis Ramón Carranza y contó con el respaldo unánime del resto de las fracciones.

En diciembre anterior, el Congreso incluyó en el proyecto de rebaja al marchamo del 2022, este mismo transitorio, tras propuesta del socialcristiano Erwen Masís, pero con el veto del presidente Alvarado la reforma no se pudo aplicar.

“Después de varias semanas de esfuerzo y negociaciones, logramos aprobar esta iniciativa que condona a los costarricenses las deudas por marchamos atrasados y que además, permitirá al Estado recibir recursos frescos y mejorar su recaudación. Es una gran noticia para casi un millón de propietarios, que por una u otra razón no han podido hacerles frente a sus obligaciones, señaló Masís.

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El diputado del PAC, Luis Ramón Carranza impulsó el transitorio. (Foto: Asamblea Legislativa)

Impacto en finanzas públicas

Según estimaciones del Instituto Nacional de Seguros (INS) dadas a conocer por el diputado Carranza, se estima que el monto adeudado por concepto del pago del marchamo es de 570 mil millones de colones, esto representa 1,61% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Este es un proyecto que impacta a las personas más necesitadas. Ese dueño de una mota que la tenía guardada porque no podía pagar ya ahora podrá usarla para trabajar, ese agricultor que no podía usar su vehículo para ir a la feria porque debía varios marchamos”, indicó Carranza.

“Pero además, tiene un componente que permitirá recibir recursos frescos al Estado, con las deudas pendientes y sé que muchas van a pagar”, agregó el legislador.

La iniciativa abre un espacio para que las personas, organizaciones e instituciones públicas, puedan des-inscribir los vehículos que se encuentran en desuso.

Actualmente existen 14.973 autobuses que tienen marchamos atrasados, 110.000 vehículos de carga liviana, 27.000 de carga pesada, 22.570 de equipo especial, 441.000 motos y bici motos, 367.000 carros particulares y 3.446 taxis.

Hacer RTV

Cabe señalar que los dueños de estos automotores también deberán ir a la Revisión Técnica Vehicular (RTV) como requisito para poder circular sin multas.

El subjefe de la Dirección de Seguros Obligatorios y Salud del INS, Sidney Viales, explicó que el sticker del marchamo y el documento se entregará a los propietarios una vez cumplan con la revisión técnica.

Es importante recordar que aunque usted se ponga al día con el marchamo, si no tiene RTV podría ser sancionado por la Policía de Tránsito, por lo que para llevar el vehículo a las estaciones de RTV, deberá hacerlo con grúa para evitar contratiempos.

Lo aprobado no aplicará para a ningún vehículo de cualquier tipo o motocicleta, propiedad personal o de sus cónyuges o convivientes, así como aquellos registrados a nombre de personas jurídicas en las que tengan participación los miembros de los Supremos Poderes, el presidente de la República, los vicepresidentes, los ministros y viceministros, los diputados, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y subcontralor de la República, el procurador y subprocurador General de la República, la defensora y defensora adjunta de los Habitantes, el superintendente General de Entidades Financieras (Sugef), el superintendente General de Valores (Sugeval), el superintendente General de Seguros (Sugese), el superintendente General de Pensiones (Supén), los jerarcas y miembros de las juntas directivas de los bancos del Estado y de las instituciones públicas, los alcaldes, vicealcaldes e intendentes.

Tampoco aplicará para naves o aeronaves.

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