Conciliación de Mélida Solís con el Estado para evitar juicio crea impunidad, señala Contraloría

La conciliación entre la empresaria dueña de H. Solís, Mélida Solís, y el Estado representado por la Procuraduría General de la República (PGR) para evitar ir a juicio crea impunidad, así lo señala con molestia la Contraloría General de la República (CGR) quien durante todo el proceso de audiencias preliminares se opuso a esta opción.

El Tribunal Penal de Hacienda dejó en firme el acuerdo de conciliación que permitirá que la empresaria pague ¢163 millones para evitar ir a juicio por la denuncia de aparente pago irregular, lo que provoca que el caso se archive, pero, además, hace que los funcionarios públicos involucrados se libren de ser juzgados por el supuesto delito pagos indebidos realizados por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en el 2011.

Ante la consulta de AmeliaRueda.com, la División Jurídica de la Contraloría indicó no compartía la resolución y manifestó que esto va en contra de todos los esfuerzos por atacar la corrupción en la función pública.

“Desde el inicio de este proceso, que ya ha consumido tantos años, la CGR se apersonó en defensa de los fondos del Estado y de la probidad en la función pública para lo cual hemos planteado múltiples gestiones procesales en procura de la lucha contra la impunidad en todos los ámbitos. No omitimos manifestar que la impunidad es un tema presente en nuestras preocupaciones en casos de esta naturaleza.

“El día de hoy 15 de octubre de 2021 a las 7:59 a.m., recibimos notificación del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, que adversa nuestro propósito, aceptando los planteamientos de la Procuraduría General de la República y los imputados”, indicaron.

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El caso se remonta a diciembre del 2011 cuando el Conavi pagó a H. Solís, de forma adelantada e irregular, facturas por ¢1.000 millones.

Tras recibir las denuncias el Ministerio Público abrió en el 2013 el expediente judicial 13-000045-0621-PE donde se investigaron los hechos y se presentó la acusación por el supuesto delito de pago irregular de contratos administrativos. Por el caso se acusó a la empresaria y a funcionarios y exfuncionarios del Conavi de apellidos:

• Campos Cerdas, analista presupuestaria del Conavi
• Rojas Jenkins, exgerente de conservación vial del Conavi
• Solís Murillo, exgerente financiero de Conavi
• Aiza Campos, ejecución presupuestaria del Conavi

Todos ellos están acusados en el expediente por, supuestamente, permitir un pago irregular, el cual se señala que se hizo “en tiempo récord” y en período de vacaciones de fin de año. Además, se señala que el pago tenía graves irregularidades de fondo, debido a que correspondía a la cancelación total de cinco mil toneladas de cemento que al final no se utilizaron por completo.

Ahora ellos (funcionarios y exfuncionarios involucrados) quedarán sin proceso judicial que califique su actuación, esto tras la conciliación acordada entre Solís y el Estado.

“La CGR ha ejercido todas las posibilidades procesales a su alcance en tutela de la Hacienda Pública ante su desprotección y no aceptamos una medida alterna que implique impunidad ante acciones delictivas tan graves y perjudiciales sobre la gestión de los fondos públicos, cuestionando las resoluciones en el momento procesal oportuno, sin tener un resultado favorable. Este tipo de situaciones vulnera la confianza y credibilidad en el Estado Democrático y Social de Derecho.

“Para la CGR se trata de un lamentable precedente que exige continuar fortaleciendo los mecanismos de combate a la corrupción en sede penal y que no se agota únicamente en el cobro de una determinada suma económica, sino en la efectiva realización de justicia en todos los ámbitos con la imposición de las condenas pertinentes acorde a la gravedad de las conductas delictivas y la idoneidad y deber de probidad al que se deben los funcionarios públicos”, agregó el criterio enviado a este medio por la División Jurídica de la Contraloría.

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La resolución del Tribunal Penal de Hacienda indica que se avala el acuerdo porque pese a la oposición de la CGR, la representación del Estado la tiene la PGR, quien avaló la conciliación.

Tras el fallo, ahora puede iniciar un período de aclaración y adición, que consiste en que alguna de las partes pida ampliar sobre alguno de los términos, sin embargo, esto no cambiará el fondo de los resuelto y la conciliación pronto quedará en firme, provocando la solicitud de sobreseimiento del expediente.

El acuerdo de conciliación indica que una vez que quede en firme la resolución, la empresaria tendrá 48 horas para ejecutar el pago de los ¢163 millones, que corresponden a ¢88 millones del costo de oportunidad calculado por haber recibido el dinero “un poco” antes y ¢75 millones que corresponden al cálculo del daño social.

De acuerdo con la defensa de Mélida Solís, la conciliación era la mejor alternativa al proceso, ya que los ¢1.000 millones que supuestamente se pagaron de más, “tarde o temprano” iban a ser cancelados a la empresa.

La empresaria se encuentra actualmente en celdas descontando la medida de cuatro meses de prisión preventiva por el caso Cochinilla, esta medida vence a finales de este mes y por esa razón la próxima semana inicia una audiencia en la que la Fiscalía pedirá ampliar el plazo de todas las medidas cautelares establecidas para los involucrados.

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Procuraduría

El acuerdo de conciliación que permite a Mélida Solís ir a juicio tuvo el respaldo de la Procuraduría General de la República en su posición de abogado del Estado.

Esta entidad defiende su posición al indicar que era la medida "más favorable".

"Para el año 2017, la empresa y sus representantes indican que quieren acogerse a una medida alterna, de las que faculta el Código Procesal Penal, indicando que pagarían la totalidad del daño que indica la Contraloría, que se produjo y además, pagarían 75.000.000.00, de daño social, que se reclama en la acción civil resarcitoria que interpuso la PGR. Es importante aclarar que tanto los 88 millones, como los 75 de daño social se están cobrando en la acción civil.

"Llegada la propuesta y tomando en consideración que se está cancelando la totalidad del daño, además de valorar las situaciones propias de la causa, se llega a la consideración de que la propuesta es lo más favorable para el Estado y se decide aceptarla", indicaron en la PGR.

En el comunicado enviado por la Procuraduría se agrega que "sobre las consideraciones de la Contraloría, lo que se puede indicar es que lo que está solicitando, no atiende a una medida alterna, donde se busca la solución del conflicto, si no que la Contraloría busca prácticamente que se impongan sanciones, que no van acorde con la salida al proceso que se está conociendo. Buscar sanciones a través de medidas alternas causa un desequilibrio en la causa, imponiendo responsabilidad en una etapa donde no se ha juzgado por parte de un Tribunal".