Constructoras reclaman a Conavi indemnizaciones por $2,9 y $9 millones

Dos empresas constructoras -en arbitrajes independientes- buscan que el Estado costarricense las indemnice por $2,9 millones y $9 millones debido a lo que aducen son incumplimientos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), según confirmó AmeliaRueda.com

Mediante un proceso internacional, Constructora Pirenaica S.A. (Copisa) reclama el mayor monto por incumplimientos en el cronograma de trabajo y pagos pendientes de obras adicionales en la ampliación del tramo La Uruca-Jardínes del Recuerdo, en 2015.

Por su parte, Puentes y Calzadas recurrió a un arbitraje nacional para cobrar atrasos en los que incurrió el Conavi en la revisión de los diseños de los intercambios viales en la ruta Cañas-Liberia.

Ruta a Heredia

La ampliación del tramo de 1,7 kilómetros de la radial La Uruca – Jardines del Recuerdo tuvo un costo de $8 millones y estuvo a cargo de la empresa Constructora Pirenaica S.A. (Copisa) quien ahora inició un litigio en Chile en busca del pago adicional de $2,6 millones (¢1.653 millones).

Según el contratista, durante la ejecución del proyecto se realizaron obras que no se cancelaron y agregan, en el reclamo, que el Conavi provocó afectaciones económicas debido a incumplimientos en el cronograma de trabajo. Ellos iniciaron un proceso de arbitraje internacional.

“Hay algunas obras que se hicieron y no se pagaron, otras que se hicieron pero que alegan que el procedimiento no fue ordenado y eso los afectó. Dicen que los procedimientos no fueron ordenados correctamente y que, bajo la normativa del contrato, nosotros (Conavi) no cumplimos con ciertos plazos”, explicó el Director Ejecutivo de Conavi, Mario Rodríguez, ante la consulta de AmeliaRueda.com.

Rodríguez explicó que este reclamo económico se realizó primero en las instancias internas de la institución, pero se rechazó debido a que se hizo fuera del tiempo permitido, lo que provocó que prescribiera la posibilidad legal de hacerlo de esa manera. Por esa razón, explicó, la empresa decidió presentar el arbitraje internacional, posibilidad que estaba contemplada en el contrato.

“Este proceso está iniciando, de nuestra parte el primero paso es dar a conocer nuestra posición legal que indica que Chile no es una sede permitida en términos de referencia para nuestra jurisdicción. Entonces, el Conavi va a alegar que no es Chile la sede donde se puede arbitrar.

“Entonces, luego de que se aclare eso, vamos a indicar que el arbitraje es tardíamente planteado y que entonces para nosotros ya no procede y si perdemos eso, entonces si hay que ir y decir la razón por la que no se hicieron los pagos y el arbitro tendrá que decir si debemos pagar o no. Son tres etapas las que tenemos que cumplir, por el momento estamos empezando y en la etapa de decir que no vemos correcto que la sede del litigio sea Chile”, agregó el jerarca del Conavi.

Rodríguez reconoció que el Conavi debe mejorar la gestión que realiza de los contratos, ya que muchas veces piden suspensiones de obras sin indicar al contratista por cuánto tiempo serán y esto los deja en estado de indefensión que generan gastos innecesarios que provocan reclamos millonarios que luego deben asumirse.

“Este arbitraje es por obras adicionales que no se pagaron y además por demoras en la ejecución del contrato. Algunas veces, por alguna razón, hubo una suspensión, entonces se dan situaciones que son delicadas y evidentemente tienen una repercusión”, agregó

En AmeliaRueda.com consultamos desde el lunes 6 de enero a la empresa española Constructora Pirenaica S.A. (Copisa) sobre este proceso, sin embargo, aún no recibimos respuesta.

Puentes en Cañas-Liberia

La empresa Puentes y Calzadas se encargó de diseñar y construir los intercambios viales de Cañas, Bagaces y Liberia, como parte del proyecto de ampliación de la ruta Cañas – Liberia, los cuales tuvieron un costo superior a los $34 millones.

En la ejecución de estos trabajos el Conavi provocó el atraso de un año y ahora la empresa reclama $9 millones por la afectación causada. Este proceso de arbitraje nacional se lleva a cabo en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y es confidencial.

“Aquí el problema fue que, en cartel de licitación de esas obras, nosotros (Conavi) pusimos que íbamos a contratar a un experto para que nos diseñara y construyera esos intercambios y pusimos que nosotros íbamos a revisar esos diseños en cinco días, y duramos un año.

“¿Por qué duramos un año? Porque esos diseños los hizo un ingeniero especialista, que se supone que tiene altos niveles de conocimiento y entonces nosotros pusimos que los íbamos a revisar, pero, ¿con quien los vamos a revisar? Aquí tenemos profesionales, pero no necesariamente con la experiencia de aquel diseñador que se dedicó solo a eso”, explicó Rodríguez.

El jerarca explicó que, a la hora de revisar esos diseños, ellos realizaron un checklist, una verificación básica de los componentes de los diseños, sin embargo, en la Contraloría General de la República (CGR) les indicaron que, si el cartel decía “revisar diseños”, ellos debían hacerlo de manera estricta.

“Entonces pusieron en el cartel que íbamos a durar cinco días revisando y no nos llevamos cinco días, tuvimos que ir más lento, se tenían que ir a recoger códigos, buscar manuales, entre otras cosas; porque como dijimos que íbamos a revisar, la Contraloría nos dije revise.

“Este fue un problema conceptual del cartel donde la Contraloría nos dice que debemos cumplir lo que ponemos, nosotros no tenemos que poner que vamos a revisar el diseño, lo que tenemos que poner es que vamos a verificar las condiciones, es decir, hacer un checklist, eso sí lo puedo hacer en cinco días”, explicó Rodríguez.

El reclamo realizado por la empresa que estuvo esperando durante un año a que el Conavi terminara de revisar los diseños es por $9 millones y se basa en el costo que se generó durante ese tiempo al tener a todo el equipo a la espera del visto bueno para iniciar las obras.

En este caso, el Conavi, inicialmente reconoció que hubo un incumplimiento y se instauró a lo interno de la institución una Comisión de Resolución de Controversias que falló a favor de la empresa, sin embargo, en el Consejo de Administración del Conavi se rechazó el pago.

“Nombramos una comisión con tres miembros, uno nombrado por el Conavi, otro por el contratista y un tercero entre esos dos. Esta comisión determinó (dos a uno) que si hay que pagarle al contratista, entonces se logró reducir el monto de reclamo. El contratista inició con $9 millones, pero luego de la revisión y la negociación se logró que la cifra quedara en $3,5 millones.

“Cuando se le presenta al Consejo de Administración del Conavi el documento para que se apruebe el pago, el Consejo dice que no se debe pagar, porque inicialmente ese atraso no provocó una afectación en la fecha de entrega de la obra. Entonces se frenó el arreglo y la empresa tuvo que acudir a otra instancia, en este caso el arbitraje es ante el CFIA y el reclamo inicia, de nuevo, en $9 millones”, explicó.

En la empresa Puentes y Calzadas indicaron que no podían referirse al proceso debido a que se encuentra activo y que esperarán la resolución del caso.

“Efectivamente la empresa se encuentra inmersa en un proceso arbitral como consecuencia de discrepancias planteadas entre Puentes y Calzadas como Contratista y la Propiedad directora de las obras.

“La postura de la empresa en todo momento es de respeto a las competencias y decisiones del tribunal arbitral”, indicó el gerente de la empresa para Costa Rica, Rubén Pazos, vía correo electrónico.