Informe revela que se utilizaron los contratos de mantenimiento vial para intervenir caminos municipales y realizar labores irregulares en terrenos privados
19/02/20 | 10:52am
El Gerente de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Edgar Meléndez, realizó un informe donde denunció el uso de fondos públicos para la construcción de accesos privados en San Carlos, así como la intervención irregular en caminos municipales y desordenes en los programas de trabajo de la zona.
Así lo reveló en el informe técnico jurídico GCSV-01-2019-6433 donde, junto con su equipo de trabajo, evaluaron el desarrollo de los contratos de mantenimiento y conservación de vías en la ruta nacional No. 35 que se ubica entre Sifón y La Abundancia de San Carlos.
El oficio fue enviado al director ejecutivo del Conavi, Mario Rodríguez, donde se pide abrir un órgano investigador por las anomalías encontradas y se recomienda presentar una denuncia ante el Ministerio Público por diversos delitos de peculado.
“Se denotan una serie de supuestos yerros o irregularidades”, se indica en el documento entregado el pasado 5 de diciembre donde, además, se revelan contrataciones irregulares en la zona norte.
De acuerdo con el gerente de conservación, hay empresas trabajando en caminos de la zona norte sin estar autorizados para eso, y, además, se realizan obras no estipuladas en los planes de trabajo, o incluso, se realizan trabajos sin diseño ni aprobación.
Ante este escenario, la recomendación fue muy clara: se debe profundizar en el tema por medio de una investigación mayor, ya que se encuentran ante un supuesto delito de peculado, por el uso de fondos públicos de manera irregular.
En el informe se identifican a los posibles responsables de las irregularidades encontradas, ya que se tienen pruebas testimoniales que indican el nombre del ingeniero que ordenó estas obras.
Dentro de las irregularidades detectadas se menciona, por ejemplo, mejoramiento de caminos vecinales al sector de Buena Vista, “actividad que no estaba contemplada en el presupuesto preliminar y no se encuentra incluido dentro de la red vial nacional ni dentro de los caminos que acordó el Consejo de Administración de Conavi para pasar de rutas nacionales o de travesía”.
“Para la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, es completamente ilegal, la atención de caminos municipales con recursos del Consejo Nacional de Vialidad, lo cual, traería consecuencias de responsabilidad civil y administrativa disciplinaria, sobre los funcionarios involucrados en los supuestos hechos irregulares”, se indica en el informe.
Estos trabajos en diferentes caminos municipales quedaron evidenciados en un grupo de Whatsapp que utilizan los ingenieros de la zona, conversaciones que se adjuntaron al informe.
Otra de las denuncias revela la construcción de trabajos en terrenos privados e incluso, la construcción de ingresos o accesos a propiedades privadas.
“La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, sostiene que cualquier obra realizada en un predio privado por parte del Conavi para beneficio de un tercero es contraria a derecho, ya que sería utilización de recursos públicos indebidamente.
“De un análisis del caso en concreto, podríamos sostener que las acciones descritas en este apartado podrían ser tipificadas como un posible delito de peculado, tal como lo establece el artículo 361 del Código Penal.
“Ergo, estamos ante posibles acciones delictivas que comprometen la buena imagen de la institución, lo cual, debe ser tomado de manera prioritaria por parte del Consejo de Administración”, se manifiesta en el informe.
Se agrega en la explicación que no existía forma de realizar estos trabajos por medio de los contratos de conservación vial, ya que las licitaciones activas no contemplan ítem para el pago de entradas a fincas o casas.
“Por tanto, lo recomendable es interponer la respectiva denuncia ante el Ministerio Público, para que se investigue si las acciones realizadas por los funcionarios son acciones típicas, antijurídicas y culpables”, se indica en el informe.
Según el Código Penal, el delito de peculado es castigado con una pena de tres a 12 años de cárcel.
Además del uso indebido de los fondos públicos, el gerente de conservación del Conavi revela que existen irregularidades con respecto a las empresas que están trabajando en la zona de San Carlos, ya que algunas de ellas no están autorizadas para hacerlo.
Por este tipo de revelaciones, se pidió a las autoridades del Conavi detener los pagos a las empresas y, primero, hacer una verificación, de los contratos en desarrollo e incluso se pide declarar algunas de las obras como “contratación irregular”.
Según el director ejecutivo de dicha institución, Mario Rodríguez, al momento de recibir el informe se inició un proceso de investigación que se encuentra activo
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