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Los diputados rechazaron todas las 21 mociones.

Comisión legislativa rechazó 21 mociones para sacar a universidades de reforma a empleo público

​Diputados de diversas fracciones presentaron 21 mociones que pretendían excluir textualmente a las universidades públicas de la reforma al empleo estatal

27/02/21 | 08:55am

Los diputados de la Comisión de Asuntos de Gobierno y Administración rechazaron esta semana 21 mociones que pretendieron excluir, textualmente, a las universidades públicas de la reforma al empleo público, expediente 21.336.

Las 21 mociones representaron una quinta parte de las primeras 101 propuestas de modificación a propuestas de modificación que analizó el foro esta semana, y acapararon la mayor parte de los debates.

Los textos fueron presentados por los diputados Welmer Ramos, Paola Vega y Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN); José María Villalta, del Frente Amplio (FA); y el independiente Dragos Dolanescu.

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Las 21 mociones, firmadas todas por uno o varios de estos legisladores, fueron rechazadas por el foro legislativo de Gobierno; sin embargo, todavía no "mueren" definitivamente.

Como cualquier propuesta de este tipo, las 21 solicitudes de enmienda pueden ser revisadas en la misma comisión y, si no se revisan o si se revisan y se rechazan, también pueden reiterarse en el Plenario legislativo, una vez que el proyecto llegue a su discusión final en ese espacio.

La discusión de si sacar o no a las 'u' públicas del proyecto acaparó los focos de la discusión sobre la iniciativa de esta semana. Los diputados iniciaron con la tramitación final del texto en comisión y analizaron 101 propuestas de cambio, de las cuales una quinta parte fueron las referentes a las casas de enseñanza.

La próxima semana tramitarán las 373 restantes, así como las revisiones de aquellas propuestas ya rechazadas para las que se solicite repetir su votación.

Las universidades pidieron ser excluidas de la reforma al empleo público. Alegan que, de quedar sujetas a regulaciones generales en materia de remuneraciones o gestión de personal, se estaría violando su autonomía administrativa resguardada constitucionalmente.

No obstante, la tesis de la mayoría de diputados de la comisión es que se pueden aprobar mociones para resguardar la autonomía universitaria, a través de indicaciones especiales que delimiten la capacidad de los centros educativos de intervenir en sus propias gestiones, sin tener que ser excluidas de manera definitiva.

El bloque de la comisión de Gobierno que ha mantenido a las instituciones se compone por Víctor Morales, del PAC; Pablo Abarca, del PUSC; David Gourzong, Jorge Fonseca y Luis Fernando Chacón, del Partido Liberación Nacional (PLN); y los independientes Jonathan Prendas y Zoila Volio. En contra solo ha votado la socialcristiana Aracelly Salas.

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Discusión intensa

La inclusión de las universidades causó fuertes disputas entre los miembros de la comisión y los diputados que accedieron como no propietarios al debate.

Los más vehementes en sus intervenciones en contra de la medida fueron el frenteamplista José María Villalta y la oficialista Paola Vega; quienes subrayaron que —desde su punto de vista— incluir a estas entidades no solo sería violatorio de las normas constitucionales ya escritas, sino incluso del espíritu constituyente costarricense. También se manifestaron en contra otros legisladores como la socialcristiana Salas o el oficialista Welmer Ramos.

La discusión incluso suscitó un intercambio de palabras entre los diputados de gobierno Víctor Morales y Paola Vega, legisladora que en su momento subrayó la necesidad de llegar a puntos de consenso sobre el tema, porque el proyecto "requiere de 38 votos para su aprobación en el Plenario".

Morales, por su parte, había indicado ante reiteradas intervenciones de Vega, que la opinión mayoritaria de la bancada del PAC respalda la inclusión de las casas de enseñanza, opinión que también dijo comparte el presidente Carlos Alvarado.

Vega luego señaló que no era la única diputada oficialista con la tesis de que las universidades públicas deberían estar excluidas, y subrayó que "no tenía ningún problema" en diferir con el mandatario.

También se suscitaron encontronazos entre el frenteamplista Villalta y los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN); a quienes el frenteamplista acusó de atacar la autonomía universitaria por la que en el pasado abogó el partidario liberacionista y exrector de la Universidad de Costa Rica, Rodrigo Facio.

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Otras mociones

Ahora los diputados deberán tramitar las 373 propuestas de modificación que tienen pendientes para el proyecto de reforma al empleo público. Entre ellas existen alrededor de 20 relacionadas con universidades públicas, con el objetivo de incluir especificaciones que permitan mantener a estos centros dentro del ámbito de aplicación de la norma tomando en cuenta sus especificidades.

El oficialista Morales, presidente de la comisión, dijo que se han construido consensos para aprobar una buena parte de esas enmiendas. Por ejemplo, se pretende incluir a representación de las universidades discusiones para la elaboración de sus puestos salariales.

No obstante, las universidades sostienen su negativa a permanecer dentro del proyecto.

De ser aprobado así en primer debate, el texto pasaría a consulta de constitucionalidad.

Las universidades públicas sostienen su rechazo a la iniciativa de ley e incluso sus rectores se comprometieron en avanzar con una regulación salarial propia, que garantice la sostenibilidad de los centros educativos. No obstante, el compromiso hecho por las rectorías de las casas de enseñanza no terminó de convencer a los legisladores de excluirlas.

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