Comisión sobre #PanamaPapers propone prohibir a altos cargos públicos utilizar paraísos fiscales

Con el objetivo de reducir los vacíos legales que permiten maniobras para eludir y evadir impuestos, la Comisión Especial Investigadora de los Papeles de Panamá en la Asamblea Legislativa propuso en su informe final una serie de iniciativas de ley y recomendaciones sobre proyectos que deben ser aprobados.

El planteamiento se hizo la tarde de este jueves, y en este destaca una plan para prohibir a altos cargos públicos a realizar actividades comerciales en paraísos fiscales, así como la creación de una cláusula antielusiva general, una reforma al tipo penal del delito de legitimación de capitales, y la regulación de las personas jurídicas no inscritas ante la Administración Tributaria.

La elusión de impuestos consiste en evitar el pago de impuestos utilizando estrategias permitidas por la misma ley o por los vacíos de esta. La evasión, en cambio, se refiere a las maniobras, que tienen el mismo fin, pero que son contrarias a la ley.

La comisión fue creada el 30 de mayo del 2016 y es presidida por la diputada oficialista Marcela Guerrero; el puesto de secretario lo desempeña el liberacionista Ronny Monge. Complementan el foro los también verdiblancos Juan Marín y Karla Prendas; así como Patricia Mora del Frente Amplio, Otto Guevara del Movimiento Libertario, Rafael Ortiz de Unidad Social Cristiana, Marco Redondo de Acción Ciudadana y la independiente Carmen Quesada.

El informe presentado este jueves se fundamenta en las conclusiones de Redondo, Guerrero, Mora y Quesada.

#PanamaPapers fue el nombre que se le dio a una de las investigaciones periodísticas más importantes en la historia que reveló una industria global de abogados y grandes bancos venden confidencialidades financieras a políticos, estafadores y narcotraficantes así como a multimillonarios, celebridades y estrellas del deporte. La operación se basó en empresas offshore en paraísos fiscales, las cuales se gestaron desde el buffete de abogados panameño Mossack Fonseca.

“Para ser más específicos, es un bufete que se dedica a vender como servicio el encubrimiento o camuflaje de las leyes para el enriquecimiento ilícito de sus clientes, que ya de por sí tienen mucho dinero. Estas maniobras vienen a representar una cortina de humo para la especulación financiera, la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado” detalló Marco Redondo.

La investigación se originó en una filtración de 11,5 millones de documentos que se compartieron al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), organismo que orquestó un proyecto internacional de colaboración con medios de comunicación en todo el mundo.

En Costa Rica solo participaron del proyecto DataBaseAR, la unidad de datos de AmeliaRueda.com, y el Semanario Universidad, quienes trabajaron de forma independiente.

Contra la impunidad

Además de las iniciativas de ley expuestas, los legisladores se comprometieron a presentar, en un plazo no mayor a dos meses, nuevos proyectos que complementarían la lucha contra la evasión, por ejemplo: la bancarización obligatoria de todas las transacciones de bienes inscritas ante Registro Público, una reforma al Código de Comercio para que se protocolicen aportes extraordinarios de capital y la retención de impuestos sobre remesas.

De forma paralela recomendaron la aprobación de proyecto del Impuesto sobre la Renta, el de Ley Especial de Extinción de Dominio, y el de la Ley de Regulación de Actividades Riesgosas, los cuales ya están en la corriente legislativa.

Los resultados expuestos por los legisladores se suman a los que encontró el Ministerio deHaciendaen una investigación independiente sobre los #PanamaPapers. Esa cartera denunció el 21 de marzo pasado la participación de al menos 49 contribuyentes costarricenses en la creación de empresas en el extranjero para evadir impuestos.

Hacienda confirmó que en total se crearon 410 sociedades offshore en Panamá vinculadas con Costa Rica.