
De haber cometido una falta, el médico se expone a una suspensión temporal del ejercicio de la profesión
10/12/18 | 07:14am
La Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos abrirá una investigación para determinar si los médicos que emitieron dictámenes clínicos a los educadores del Ministerio de Educación que salieron del país durante la huelga contra el plan fiscal transgredieron el Código de Ética.
El órgano está a la espera de que el Departamento Jurídico del MEP proporcione la información necesaria para realizar el análisis correspondiente.
"Dentro de la información a revisar serán las fechas de emisión de los dictámenes y si estas concuerdan con la salida de los educadores o por el contrario, se hicieron posteriormente. La revisión de cada caso es muy importante, ya que si fue utilizado de manera irregular como alegato, prestándose el médico para esto, significa una falta grave del agremiado de acuerdo con nuestro Código de Ética", explicó el doctor Mauricio Guardia Gutiérrez, Fiscal del Colegio, en un comunicado de prensa.
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De comprobarse que el médico incurrió en una falta, podría sancionársele con la suspensión temporal del ejercicio de la profesión.
El MEP tiene abiertos –desde el 9 de octubre– un total de 232 expedientes disciplinarios por supuestas salidas del país de funcionarios como resultado de un cruce de datos que hizo con información de ingresos y salidas de la Dirección de Migración y Extranjería (DGME).
Ya por estos motivos el MEP despidió sin responsabilidad patronal el 30 de noviembre a seis docentes interinas por haberse aprovechado de la huelga contra la reforma fiscal para salir del país.
El movimiento del sector educación llegó a su fin después de 89 días el pasado viernes cuando la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) terminó con las protestas. Días antes ya habían depuesto el movimiento el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) y la Asociación Nacional de Educadores (ANDE).
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El 28 de noviembre, por segunda ocasión, la huelga de los empleados del MEP contra la reforma fiscal fue calificada como ilegal por un juzgado de Trabajo. Esa resolución fue llevada al Tribunal de Apelación de Trabajo por parte de los sindicatos.
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