Se trata de la ampliación de la radial de Lindora y la del viejo puente del "Saprissa"
09/07/21 | 16:15pm
El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) rechazó el jueves firmar dos contratos con las constructoras Meco y H. Solís, tras un mes de cuestionamientos contra las empresas por el caso policialmente conocido como "Cochinilla".
La decisión del Consejo de Administración de la institución fue anunciada la tarde de este viernes y consiste en no firmar los acuerdos para la ampliación de la radial de Lindora, en Santa Ana, ni para el reforzamiento del viejo puente del "Saprissa", como se le llama a la estructura colocada sobre el río Virilla en la ruta 32.
"Ante las dudas que han surgido alrededor de estos contratos y porque la ley lo permite, el Consejo de Administración decidió no firmar el contrato con la empresa a la que se le había encargado la labor de ampliar la radial Lindora, ni ejecutar la adenda para ampliación del puente viejo en la ruta nacional número 32", indicó en un comunicado el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.
La primera de las obras fue adjudicada a H. Solís por $13 millones, mientras que la segunda corresponde a una adenda de $21 millones a favor del consorcio Virilla Ruta 32 S.A. conformado por Meco así como Puentes y Calzadas.
El director ejecutivo interino del Consejo de Vialidad, Tomás Figueroa Malavassi, garantizó que esta decisión, al igual que la de no ampliar los contratos de conservación, se tomó después de un riguroso análisis legal que determinó que el Estado no incurrirá en mayores responsabilidades.
"Hemos procurado consultar a los mejores recursos legales al servicio de las instituciones y fuera de ellas, la legalidad de las decisiones que el Consejo de Administración está tomando en medio de esta crisis institucional, pues nuestra mayor preocupación es que se tomen decisiones legalmente correctas y que en el tiempo no redunden en reclamaciones a favor de las empresas, en cuyo caso, el costo de las mismas lo deba asumir el conjunto de la ciudadanía", explicó el funcionario en la nota de prensa.
Ese escenario resultaría "absolutamente indeseable", agregó Figueroa Malavassi.
La nota de prensa no aclaró qué sucederá ahora con las obras.
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La investigación en cuestión motivó una serie de allanamientos que arrancaron a las 7:00 a.m. del 14 de junio anterior en 57 puntos diferentes, con el objetivo de lograr la detención u obtención de pruebas de 32 personas, entre ellos 19 funcionarios públicos y 13 personeros de empresas.
Del total de diligencias, 14 se llevaron a cabo en instituciones públicas como por ejemplo la Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Asimismo, se realizaron diligencias en las empresas Meco, H. Solís, Cacisa, Constructora Herrera, Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), entre otras.
El director general del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, detalló que en este caso se persiguen los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, estafas y falsedad ideológica.
Por su lado, el Ministerio Público indicó en un comunicado que estos ilícitos fueron en apariencia cometidos en perjuicio del Estado por funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y Transportes así como de Hacienda, además de particulares de compañías privadas.
Según el jefe de la Policía Judicial, entre 2019 y 2020 estas personas en apariencia establecieron un esquema de pago de coimas. "Les permitía obtener dinero, vehículos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para que alguna empresa pudiera verse beneficiada. Es el enlace típico de corrupción que se ha visto en otros países en la que un grupo de empresarios, empresas muy fuertes y que además tienen posibilidades amplísimas de actuación, se acercan a funcionarios públicos, le ofrecen dádivas, regalías y afectan la integridad de personas", manifestó Espinoza Espinoza.
El director del Organismo puntualizó que este es uno de los operativos más importantes que han realizado en los últimos meses. Se estima que esta red de corrupción provocó un hueco financiero de ¢78.000 millones.
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