Extienden por 5 meses más la prisión preventiva contra dueños de MECO y H. Solís

Los dueños de las empresas Meco y H. Solís, Carlos Cerdas y Mélida Solís, respectivamente, pasaran cinco meses más en prisión preventiva, así lo decidió el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José

La resolución llegó a todos los abogados la tarde de este martes y se informó una prórroga de cinco meses a todas las medidas cautelares interpuestas desde junio anterior, las cuales ahora estarán vigentes hasta el 26 de marzo del 2022.

Esto representa que Cerdas y Solís seguirán en prisión y que el resto de los involucrados seguirán con las demás medidas, como suspensión de los cargos, impedimento de salida, no comunicarse con testigos e imposibilidad de acercarse a sus sitios de trabajo. Además, en el caso del llamado "mensajero de MECO", Tobías Arce, mantendrá el monitoreo con tobillera electrónica.

"Una vez consolidada la proporcionalidad de las medidas cautelares, se considera necesaria la prórroga de las mismas, ya que la investigación no ha concluido y faltan diligencias de investigación fundamentales para resolver la situación jurídica de los imputados.

"El Ministerio Público indica que faltan diligencias puntuales, como la apertura de evidencia y ampliación de informes, por lo que se considera que un plazo de cinco meses más es más que razonable para que el ente fiscal concluya esta etapa", dice la resolución firmada por la jueza Juliana Jiménez Alpizar, quien pide al Ministerio Público agilizar las diligencias faltantes.

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El abogado de Mélida Solís, Erick Gatgens, dijo a AmeliaRueda.com que están en contra de la decisión y que van a presentar todos los recursos de apelación que sean necesarios.

"Es contradictorio, todos nuestros argumentos eran sólidos y no compartimos la decisión", dijo el defensor quien agregó que en el caso de la empresaria, dueña de H. Solís, se debía tomar en cuenta su situación crítica de salud, motivos que seguirán exponiendo ante las autoridades judiciales.

"Su permanencia en prisión sigue representando un altísimo riesgo para su salud y su vida, pues su salud se continua agravando por la falta de condiciones del centro penal para atender sus delicados padecimientos", agregó la defensa al lamentar la decisión y anunciar que seguirán solicitando un cambio en la medida cautelar para que se cumpla en su casa.

Por su parte, el defensor del dueño de Meco, Erick Ramos, también manifestó su molestia e insatisfacción con la resolución de la jueza, indicando que la presión mediática y la coyuntura electoral están "teniendo efecto" en el caso.

"Uno no se deja de sorprender de situaciones que uno considera contrarias al ordenamiento jurídico, con todo respeto lo digo, pero la señora jueza se aparta de todas las situaciones que se discutieron la semana anterior en la audiencia.

"Lamentablemente se está resolviendo con criterios que uno respeta pero que son un contraste con lo que establece la ley. La prisión preventiva debe ser excepcional y mi cliente conoce del caso desde el 2017 y no ha provocado ninguna afectación al proceso", dijo Ramos al mencionar que durante la audiencia de la semana anterior el mismo perito del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que el informe de la investigación es preliminar y que no se puede cuantificar el daño causado con exactitud.

Las medidas cautelares de los involucrados por el caso Cochinilla vencían este martes, sin embargo, ahora se extienden por cinco meses más, es decir, hasta el 26 de marzo del 2022. La Fiscalía pedía 8 meses más.

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Caso Cochinilla

El pasado 14 de junio el país amaneció con la información de que se llevaban a cabo 57 allanamientos y 30 detenciones debido a una red criminal creada entre empresarios y funcionarios públicos para obtener contratos de construcción de obra vial. También se revelaron sobre costos y mala calidad de las obras ejecutadas.

De acuerdo con la investigación judicial, los empresarios dieron todo tipo de dádivas a los funcionarios con el fin de obtener información y trato privilegiado en los procesos de licitación.

Dinero, viajes, alimentos, licor y hasta favores sexuales son parte de la lista de sobornos entregados, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Por el caso se allanaron a las empresas involucradas, (Meco, H. Solís, Cacisa, ITP y Constructora Herrera. También me allanó Casa Presidencial, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La audiencia para definir el futuro de los detenidos se extendió por casi dos semanas y fue el 26 de junio cuando se dictaron las medidas cautelares que, en primera instancia, tendrían vigencia de cuatro meses. En el caso de los dueños de las empresas MECO y H. Solís, inicialmente se avaló el pago de fianza; sin embargo, la posibilidad se anuló y desde el pasado 19 de julio se encuentran en prisión.

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Ambos han solicitado el cambio de medidas, posibilidad que ya se negó a Carlos Cerdas y que aún se analiza para Mélida Solís, cuya defensa ha argumentado problemas graves de salud.