Los hechos denunciados por la entidad pueden castigarse con penas de hasta cuatro años de prisión
27/11/20 | 14:44pm
El caso denunciado en redes sociales sobre la existencia de un chat en la aplicación de mensajería Telegram en el que participaban más de 3.000 personas y se compartían contenidos audiovisuales íntimos de mujeres sin su consentimiento pasará a estudio del Organismo de Investigación Judicial y de la Fiscalía, por solicitud del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
Amanda Segura Salazar, abogada de la entidad estatal, confirmó la gestión.
"Informamos, como Inamu, que estamos preparando y que remitiremos en las próximas horas una incidencia al OIJ, a la Fiscalía y a la Agencia de Protección de Datos (Prodhab), en la que solicitaremos su intervención al respecto", señaló la funcionaria.
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Segura recordó que este tipo de prácticas son una forma de violencia sexual y que además están penadas legalmente, pese a que la actividad no se reconoce como un delito de manera directa. En cambio se aplican los artículos 196 y 196 Bis del Código Penal, sobre violación de correspondencia o comunicaciones, y violación de datos personales.
El primer delito se reprime con penas de uno a tres años de prisión, a quien "con peligro o daño para la intimidad o privacidad de otro, y sin su autorización, se apodere, acceda, modifique, altere, suprima, intervenga, intercepte, abra, entregue, venda, remita o desvíe de su destino documentación o comunicaciones dirigidas a otra persona".
Asimismo, establece penas de hasta cuatro años si el delito lo cometen personas encargadas de recolectar, entregar o salvaguardar la información; o de administrar sistemas en los que la información esté disponible.
El segundo delito impone entre uno y tres años de prisión para quien "se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte, retenga, venda, compre, desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados".
También agrega penas de hasta cuatro años para quien vulnere información de un menor de edad o de una persona con discapacidad, o cuando la violación incida en "la ideología, la religión, las creencias, la salud, el origen racial, la preferencia o la vida sexual de una persona".
El Inamu "repudió" los actos denunciados. La abogada Segura afirmó que se trata de actos que "violentan la dignidad de las mujeres y nos cosifican". También llamó a denunciar este tipo de conductas pues están penadas "sin importar la edad de la víctima".
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