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Johnny Araya

CGR ordena suspender un mes sin goce de salario a Johnny Araya por pago irregular en 2018

​Se señala al alcalde de San José por avalar, sin estudios técnicos, el pago de una indemnización millonaria a empresa encargada de parquímetros

11/08/21 | 11:18am

La Contraloría General de la República (CGR) ordenó suspender un mes y sin goce de salario al alcalde de San José, Johnny Araya, esto debido a que el funcionario avaló un pago millonario irregular en el 2018.

La resolución del ente contralor se comunicó a las partes este martes 10 de agosto, se trata de un documento de 121 páginas, en manos de AmeliaRueda.com, donde se determina que Araya Monge tuvo responsabilidad directa al avalar una indemnización de ¢253 millones a la empresa Setex Aparki en el 2018, esto pese a que el pago no tenía respaldo técnico y el cálculo se hizo utilizando datos erróneos.

“Declarar al señor Johnny Francisco Araya Monge, responsable administrativamente en grado de culpa grave, razón por la cual se recomienda de forma vinculante sancionarlo con 30 días naturales de suspensión sin goce de salario, conforme lo establece el artículo el artículo 113 inciso c) de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos”, se indica en la resolución donde además se aplican sanciones similares para otros funcionarios.

La CGR también estableció la suspensión de 30 días sin goce de salarios a los funcionarios Osman Mariano Rodríguez Solís, Edgar Luis Sandoval Montero y Mario Enrique Vargas Serrano. Además, se de la suspensión por 25 días de Alexander Cerdas Rojas.

En la resolución también se sanciona a los integrantes del Concejo Municipal por 25 días y con suspensión de dieta, ellos son Jorge Luis Vargas Espinoza, Donald Alberto Leiva Hernández, Reina Isabel Acevedo Acevedo, Rolando, Luis de los Ángeles Murillo Cruz, Wilber del Carmen Hernández Mora, Fernando Jiménez Debernardi, Flor María Zamora Álvarez.

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Investigación

La denuncia por el caso del pago millonario e irregular a la empresa encargada de parquímetros fue presentada en 2019 por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta y el regidor municipal, Diego Miranda.

Ambos plantearon las irregularidades que se tuvieron en el proceso de pago de indemnización de la empresa que se encargó de colocar los parquímetros en la capital.

La queja de la empresa nació porque aseguraron que no se cumplía con la demanda del servicio establecida en el cartel de licitación y pese a la falta de sustento legal y técnico, el ayuntamiento tomó la decisión de acoger la queja e indemnizar a la compañía con ¢253 millones.

Además del pago de la indemnización, el alcalde autorizó, posteriormente, reajustar el contrato y el porcentaje de comisión que tendría la empresa sobre la recaudación de los parquímetros, decisión que tampoco tuvo sustento técnico. Esto logra confirmar que las acciones de Araya Monge se dieron incumpliendo diversas obligaciones legales lo que demuestra que “actuó de manera negligente e imprudente con afectación a la Hacienda Pública y por consiguiente no puede quedar impune”.

pago

“Yo lo veo muy positivo por el tiempo en el que se logra tener una resolución, lo cual también se dio por una constante presión a las autoridades de la Contraloría para que nos dieran respuesta de cómo iban las investigaciones, pero por dicha fue resuelto en un buen tiempo.

“Además es positivo porque nos da la razón sobre los señalamientos que veníamos haciendo con respecto a la corrupción en ese contrato, aunque tengo algunas dudas con la sanción que se establece porque a mi criterio se podía plantear el retiro de las credenciales a los funcionarios que son de elección popular o la destitución en el caso de otros funcionarios”, dijo a AmeliaRueda.com el regidor municipal que interpuso la denuncia, Diego Miranda, quien aseguró que seguirá atento a que la resolución de la Contraloría quede en firme, debido a que aún es posible apelarla.

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Apelará

El alcalde de San José, Johnny Araya, se pronunció sobre este tema por medio de un comunicado de prensa donde defendió sus acciones y dijo que este era un proceso que “apenas inicia”.

“No sólo cabe recurso de revocatoria con apelación por la vía estrictamente administrativa, sino que además en el marco del Estado de Derecho costarricense el caso, de ser necesario, sería elevado a las instancias judiciales, en un proceso ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo”, indicó Araya.

El gobernante local dijo que la decisión de indemnizar a la empresa se dio con el respaldo de estudios técnicos, jurídicos y financieros y, también, con la opinión favorable de la Auditoría Municipal.

Agregó que la indemnización permitió no romper con el contrato y evitar una demanda de “miles de millones” contra la Municipalidad.

“Resulta paradójico, por decir lo menos, que la CGR emita esta resolución cuando el gobierno local se reunió con esa institución para precisamente tener plena certeza de que la actuación del ayuntamiento estaba apegada a las mejores prácticas de la gestión pública.

“La resolución del ente contralor ni siquiera está en firme y por ende el alcalde Araya está convencido de que finalmente dicha institución terminará por respaldar las acciones realizadas por la Municipalidad de San José, ya que el funcionamiento del sistema de estacionómetros en la capital ha significado ingresos al erario del ayuntamiento por más de cinco mil millones de colones”, manifestó la cabeza del ayuntamiento.

Araya insistió en que agotará todas las vías que sean necesarias para demostrar que él y la municipalidad actuaron de manera correcta y con el fin de beneficiar a la hacienda pública.

“Tengo la plena certeza de que en la instancia que sea necesaria quedará plenamente demostrado que los funcionarios municipales, regidores y yo actuamos sin irregularidad alguna y correctamente con pleno apego a la Ley, lo que permitió evitar una millonaria demanda y ha hecho posible que el sistema de estacionómetros genere beneficios para las finanzas municipales”, dijo Araya.

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