Un cementerio de fetos abortados y enterrados sin autorización despierta indignación en Italia

Pequeñas cruces de madera y metal, algunas pintadas de blanco, otras ya caídas, se alinean en el sector 108 del cementerio Flaminio de Roma. Todas llevan nombres de mujer pero ninguna de ellas está enterrada ahí, únicamente optaron por un aborto legal.

El descubrimiento de ese cementerio de fetos abortados y enterrados sin la autorización de la madre, cuyo nombre aparece en las tumbas, provocó una oleada de indignación y denuncias por parte de las asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres.

"Pensar que alguien se ha apropiado de su cuerpo, que ha celebrado un rito, que lo ha enterrado con una cruz que lleva mi nombre encima, fue abrir una herida", contó a la AFP Francesca, una de las madres afectadas.

"Me siento traicionada por las instituciones", lamenta.

En septiembre de 2019, Francesca, de 36 años, quien reside en Roma, decidió abortar porque el feto presentaba un grave defecto cardíaco.

Un año después, descubrió que el feto fue enterrado sin su consentimiento y con un símbolo religioso que no la representa.

Para Elisa Ercoli, presidenta de la asociación de defensa de la mujer "Differenza Donna" (Diferencia Mujer), se trata de "un acto horrible y autoritario", por lo que ha decidido pedir una investigación oficial.

En Italia, que legalizó en 1978 el aborto, se autoriza la interrupción del embarazo dentro de los tres meses posteriores a la concepción, pero también autoriza a los médicos invocar la objeción de conciencia, lo que dificulta abortar libremente.

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En un país sumamente católico, siete de cada diez ginecólogos se niegan a realizar abortos, por lo que en algunas regiones son pocos aquellos dispuestos a prestar ese servicio médico público.

La mayoría de las cruces en el cementerio romano son de mujeres que abortaron entre 2017 y 2020, pero se entierran fetos desde el año 2005 y no sólo en la capital.

Se han descubierto cementerios también en la ciudad de Brescia, en el norte del país. Una ley de 1990 estipuló que los fetos menores de veinte semanas deben ser tratados como desechos hospitalarios especiales e incinerados, pero en caso de un aborto después de la 20ª semana, los hospitales deben entregar los fetos a los servicios funerarios para su entierro, incluso sin el consentimiento de los familiares.

Las autorizaciones requeridas para el transporte y entierro del feto, emitidas por los hospitales, incluyen en general los datos personales de los padres, que deben mantenerse confidenciales.