Celular, computadora y documentos del presidente Alvarado fueron secuestrados en allanamiento

El celular del presidente Carlos Alvarado, su computadora personal, así como documentos, fueron secuestrados por la Fiscalía General en el allanamiento realizado este viernes en Casa Presidencial.

La información la confirmó a AmeliaRueda.com el magistrado instructor del caso, Álvaro Burgos, quien estuvo presente en la diligencia judicial.

"Sí, al igual que con los demás, su celular, su computadora personal y algunos documentos", indicó el alto juez al ser consultado por este medio.

"Lo que se hace en el allanamiento es que los equipos se secuestran y se custodian y posteriormente el Ministerio Público tiene que solicitar una apertura de evidencia. En ese momento se valorará si es oportuno o no y se verá el contenido respectivo", explicó el magistrado de la Sala Tercera.

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Por tratarse de un caso que involucra a miembros de los Supremos Poderes, le corresponde a dicha sala avalar el allanamiento a solicitud de la Fiscalía General.

En la diligencia judicial se hicieron presentes cinco magistrados: Álvaro Burgos (instructor del caso), Sandra Zúñiga, Gerardo Alfaro y los suplentes María Elena Gómez y Rafael Segura. En el caso de los tres primeros, fueron nombrados recientemente por la Asamblea Legislativa.

"Para la ciudadania en general, yo creo que es una muestra importante del principio de independencia de poderes el hecho de que la Sala Tercera se haya hecho presente aquí con los cinco magistrados", agregó el alto juez.

Los investigados

Aparte del presidente Alvarado, se investiga al ministro de la Presidencia, Víctor Morales; el viceministro de Planificación, Daniel Soto; a los tres asesores de datos de Presidencia, Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Daniel Fernández; al asesor legal Luis Salazar y a otro funcionario de apellidos Salas Hernández.

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A ellos se les investiga por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato a raíz del decreto para crear la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Según detalló la Fiscalía, la investigación hace sospechar que "se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones", proceso del que "se cree que Alvarado tenía conocimiento".

"De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal, Rivas y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una Unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal".

"Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto".

"Al parecer, Alvarado, Morales y Soto emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringía la ley. No obstante, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogatoria este decreto", indicó el Ministerio Público, a través de su oficina de prensa.

Los delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato están penados en los artículos 196 bis, 331 y 350 del Código Penal.

El primero se castiga con entre uno y tres años de prisión (con agravantes que aumentan el plazo en un año); el segundo se reprime con penas de entre tres meses y dos años, y el tercero con castigos de entre dos y seis años.

La investigación judicial busca determinar si, efectivamente, el equipo asesor de la Presidencia tuvo acceso a "datos confidenciales", una facultad que se le intentó asignar a través de un fallido decreto que se publicó el lunes 17 de febrero y luego se derogó, cinco días después, ante las críticas de ciudadanos, políticos y medios de comunicación.

Presidencia ha alegado que el equipo asesor de datos funciona desde hace año y medio, y que nunca utilizó datos sensibles, a los que no tuviera acceso legalmente.