CCSS requiere reforma para depender menos de cuotas obrero-patronales, afirma Macaya

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) requiere de una reforma estructural que le permita financiarse cada vez menos a partir de cuotas obrero patronales, afirmó el jerarca de la institución, Román Macaya, este miércoles durante la habitual conferencia de prensa de actualización sobre la situación de emergencia que vive el país por la pandemia del SARS-CoV-2.

“Costa Rica requiere, y la Caja en específico, una reforma que le garantice ingresos frescos que no dependan tanto de cuotas obrero-patronales, esto por las tendencias demográficas que nos genera el envejecimiento de la población”.

“Cada vez va a haber menos personas en la población económicamente activa para darle sostenibilidad a la institución”, afirmó.

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Macaya ni siquiera hizo referencia al impacto que tendrá sobre la institución la pandemia, que no solo ha representado una mayor presión en sus gastos sino un menor ingreso de recursos, ante el aumento en las cifras de desempleo. Solo advirtió que solo las condiciones demográficas nacionales ya implican un riesgo.

En medio de la pandemia, el riesgo se agudizó; con un desempleo que alcanzó el 24% de la población para el segundo trimestre del 2020. Así lo determinó la última Encuesta Continua de Empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), la cual contabilizó a unas 551 mil personas que buscan y no encuentran trabajo, por lo que tampoco realizan aportes laborales a la Caja.

La cifra se duplicó en la comparación interanual.

Macaya afirmó que, entre tanto, la institución ha logrado acuerdos con el Gobierno para financiar parte de la deuda histórica del Estado con la institución, de modo que se puedan sostener sus finanzas y evitar una debacle en su paquete de inversiones.

La CCSS negoció con el Gobierno la cesión de un crédito completo, por $500 millones (¢300.000 millones), con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar obras de infraestructura; así como un 10% de todos los demás créditos que a los que acceda el país para atender otros gastos (hasta unos ¢130.000 millones posibles por el momento).

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La entidad estima que el Estado ha acumulado una deuda de más de ¢1,9 billones, solo en materia de seguros de enfermedad y maternidad, e invalidez, vejez y muerte.

Las inversiones

Macaya detalló que la institución que dirige actualmente acumula un paquete de inversiones de 225 proyectos por ¢1,95 billones: ¢1 billón en inversión y ¢950.000 millones en operación.

De ellos, 95 están en ejecución, 92 en etapa de licitación y 38 son administrados en fideicomiso.

Entre las obras en el portafolio, destacó que en ejecución están el proyecto Expediente Digital Único de Salud (EDUS), los hospitales de Puntarenas y de Turrialba, y las nuevas salas de operaciones, partos y ampliaciones de cuidados intensivos en el hospital México.

Indicó que también se trabaja en la nueva torre este del Hospital Calderón Guardia (ya recibida para la atención de pacientes de Covid-19) y en Áreas de Salud de gran tamaño como las de Santa Bárbara y San Isidro de Heredia, y Santa Cruz, de Guanacaste.

Por último, recordó que existen proyectos ambiciosos en etapa de contratación, incluidos proyectos de mejora en la eficiencia institucional y la calidad de los servicios.

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