CCSS deberá elaborar en seis meses plan para solventar listas de espera, ordena Sala IV

La Sala Constitucional ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que en un plazo de seis meses elabore un plan para solventar las listas de espera que agobian a los asegurados.

Mediante su sentencia 201955605, el tribunal declaró con lugar un recurso que fue presentado el 13 de setiembre anterior por una mujer de 73 años, a quien el Hospital San Rafael de Alajuela le programó una cirugía sin fecha concreta.

"Estas actuaciones en la prestación del servicio público violentan el derecho a la salud de los administrados como un derecho fundamental autónomo e infringen los principios constitucionales del servicio público", señala la resolución.

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Es por ello que la Sala le exigió a la Caja un sistema de gestión integrado para disminuir las listas de espera. Asimismo, obliga a la institución a definir plazos de espera por patología, así como criterios objetivos para precisar la ubicación de un paciente en las listas de espera. También le ordena fijar un cronograma de acciones para cumplir con las metas.

En el plan, la entidad deberá proponer soluciones a las carencias y problemas de ausencia de infraestructura, falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y el ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos.

Para dar seguimiento al cumplimiento de esta sentencia se señala una audiencia pública y oral a las 9:00 a.m. el 14 de noviembre de 2019.

Medidas previas

Por ese caso -que se tramita en el expediente 18-14499-0007-CO- el tribunal convocó a una vista el 31 de enero, en la que escuchó los argumentos de la Caja, la parte recurrente, el Ministerio de Salud, la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) y el Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC).

En esa ocasión, el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, aseguró que el pasado 10 de enero la Junta Directiva acordó la implementación del Plan para la Atención Oportuna de Personas. Debido a ello es que este lunes el jerarca afirmó que la entidad no presentará un plan, sino "los buenos resultados de su ejecución".

Dicha estrategia incluye una cartera de inversión de ¢15 mil millones en infraestructura, equipamiento y gastos de jornadas de atención extraordinarias, es decir, posteriores a las 4:00 p.m. y fines de semana.

Esa cifra supera en ¢9 mil millones lo desembolsado en 2018, año en que los tiempos de espera pasaron de 198 días a 149 en algunos procedimientos diagnósticos, como los realizados en Radiología; y de 442 días a 378 en algunas cirugías electivas o programadas, según explicó a este medio el gerente médico de la Caja, Roberto Cervantes.

Con la inversión prevista y un énfasis en las intervenciones quirúrgicas, el funcionario dijo esperar que se reduzca a la mitad los tiempos de espera.

También se prevé el diseño y la puesta en marcha de un Centro de Distribución, la realización de giras y campañas para la prevención de enfermedades, la aplicación de la telemedicina y salud digital en consultas y capacitaciones, entre otros.

Ese último aspecto se refiere a la implementación plena del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), con el que ahora se puede coordinar el traslado de pacientes a centros médicos que sí tienen capacidad de atención. Dicho desplazamiento será cubierto por la propia institución.

El año pasado ingresaron a la Sala Constitucional 7.037 amparos relativos a listas de espera y medicamentos, de acuerdo con cifras del Poder Judicial. Los mismos representan el 34,5 por ciento del total de amparos. En 2017, la cantidad correspondió a 5.520 amparos por temas de salud.

Saludo a la bandera

El abogado de la parte recurrente, Leonardo Gómez, de la Fundación Derechos Sin Fronteras; criticó la decisión de los magistrados en el tanto que la considera insuficiente e ineficaz ya que no ahonda en lo que considera que son los causantes de las listas de espera.

"Para nosotros es exactamente el tipo de saludo a la bandera que pensamos que iba a suceder y que, lastimosamente para la población costarricense, es lo que ha sucedido porque no soluciona ni va a solucionar absolutamente nada", señaló.

"La Sala Constitucional tenía la posibilidad en las manos de haber atacado verdaderamente este problema y decidió no hacerlo, decidió hacer lo que era políticamente cómodo y aceptable", dijo el jurista ante la consulta de AmeliaRueda.com.

Gómez recalcó que el fallo establece las mismas medidas que por años ha girado el tribunal a la Caja Costarricense de Seguro Social.

Por lo anterior es que el defensor legal destacó los votos salvados de los altos jueces Luis Fernando Salazar, Nancy Hernández y Paul Rueda, en la sesión del 29 de marzo.

La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, en cambio calificó la resolución como "oportuna, necesaria y prioritaria". A ella, los magistrados la instaron a coadyuvar con el seguimiento de la ejecución de la sentencia.